Uno de cada nueve argentinos no tiene acceso a gas, agua potable ni alcantarillado

Según un nuevo estudio, el once por ciento de la población argentina vive en 6.467 barrios de bajos ingresos que carecen de acceso formal a servicios básicos y viviendas adecuadas. El informe, de las ONG Fundar y Techo, dice que las vulnerabilidades socioeconómicas existentes están reproduciendo la pobreza estructural, la exclusión urbana y la vulnerabilidad socioambiental, que van de la mano con el déficit de infraestructura, la precariedad de la propiedad y el abandono del Estado. El informe sostiene que desde 2024, las políticas de integración urbana que habían acompañado a gobiernos de diferentes tendencias desde principios del siglo XX han sido desarticuladas y desfinanciadas. Si bien es necesaria una inversión anual de 2.250 millones de dólares cada 12 años para cerrar la brecha de infraestructura, afirma el informe, hasta ahora en 2025 sólo se han invertido 4,2 millones de dólares en integración sociourbana, apenas el 0,2 por ciento de lo que creen que se necesita. Los datos del registro ReNaBap (Registro Nacional de Barrios Populares) confirman la magnitud del déficit de infraestructura, con falta de conexión formal a los servicios básicos. El noventa y dos por ciento de los barrios obreros no tienen acceso al agua, mientras que el 98 por ciento no tiene acceso a la red de gas natural. Esto obliga a las familias a depender de depósitos de gas o de fuentes tan riesgosas como la madera y el carbón, con costes que pueden ser hasta 2,5 veces superiores, señala el informe. Una mirada al saneamiento revela una importante brecha social y ambiental: el 97 por ciento de los barrios de clase trabajadora no tienen alcantarillado. En 4.263 barrios, la eliminación de efluentes se realiza mediante fosas sépticas o pozos, lo que compromete el suelo y las aguas subterráneas. En cuanto a la electricidad, el 66 por ciento de las viviendas utiliza conexiones eléctricas irregulares o informales. Además, el 70 por ciento de los vecindarios están expuestos a al menos un factor de riesgo ambiental, como vertederos al aire libre o inundaciones. El informe sostiene que las políticas de integración sociourbana de Argentina lograron una consolidación institucional entre 2016 y 2023, pero experimentaron un retroceso significativo a partir de entonces. Desde 2024, dichas políticas se han visto cada vez más desfinanciadas y desarticuladas. Los avances hacia la integración se ven comprometidos por el déficit de financiación estructural, advierten los autores del informe. La inversión estimada necesaria para resolver la brecha de infraestructura en los 6.467 barrios supera los 27.000 millones de dólares. Para completar la urbanización en 12 años, la inversión anual requerida es de 2.250 millones de dólares. Esta cifra contrasta marcadamente con la financiación reciente: en lo que va de 2025, el gasto en programas de integración sociourbana asciende a apenas 4,2 millones de dólares, lo que representa sólo el 0,2 por ciento de la inversión anual requerida. La seguridad de la propiedad es un desafío central para la integración social y urbana. Más del 99 por ciento de los barrios de clase trabajadora enfrentan inseguridad en términos de propiedad. Esta precariedad legal obstaculiza la inversión pública y privada en infraestructura y expone a los habitantes a riesgos de desalojo. Sin embargo, el proceso tradicional de regularización mediante la entrega de títulos de propiedad es insuficiente para garantizar la integración dada la magnitud del problema. El Certificado de Vivienda Familiar (CVF), creado en 2017, ofrece una herramienta alternativa. Acredita posesión y domicilio y tiene por objeto permitir una conexión formal con los servicios públicos. El CVF se considera un punto de partida para aumentar la seguridad de la propiedad. Desde su creación se han emitido más de 800.000 certificados, pero este instrumento también ha quedado paralizado. Los 6.467 barrios de clase trabajadora tienen una marcada heterogeneidad territorial. Aunque las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Misiones, Chaco y Ciudad de Buenos Aires contienen más del 70 por ciento de la población afectada, el 70 por ciento de las villas están habitadas por menos de 150 familias. Independientemente de la asistencia y ayuda estatal, la escala de la inversión requerida empuja a la exploración de estrategias de financiación sostenibles. El informe señala que una de las opciones que se barajan es la inversión en el mercado de capitales, mediante la emisión de Títulos de Deuda (VRD). Las metas de integración sociourbana, como la provisión de infraestructura básica y el impacto positivo en el acceso a agua potable y saneamiento, coinciden con las categorías a incluir como bonos sociales. – TIEMPOS/PERFIL