El gasto en educación en términos reales en Argentina cae al nivel más bajo desde 2006

Ajustado a la inflación, el presupuesto de la Secretaría de Educación de Argentina ha caído a su punto más bajo en casi 20 años, según un nuevo informe. Según cálculos de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), ajustado a precios de 2025, la Secretaría recibió 6,5 billones de pesos en 2006 y 5,3 billones en 2025, muy por debajo de los máximos de 2017 (10,7 billones de pesos) y 2023 (11,2 billones de pesos). Aunque el gobierno lanzó el Plan Nacional de Alfabetización en 2024 e insistió en que la educación sería una prioridad, el programa de formación docente de Argentina ahora tiene su presupuesto más pequeño desde 2008, el primer año en que ACIJ lo siguió. A precios de 2025, se ubicó en 46 mil 320 millones de pesos en 2008; este año es de 9 mil 770 millones de pesos. La Caja de Compensación Salarial Docente fue una de las áreas más afectadas. Creado en 2005 para ayudar a elevar el piso salarial en las provincias más pobres, ha caído de 1,47 billones de pesos hace una década a sólo mil millones de pesos en la actualidad y, como comprobó Perfil, nada de esa cantidad se ha gastado todavía. El financiamiento para la construcción de escuelas de enfermería también cayó drásticamente, de 42 mil millones de pesos en 2016 a 14 mil millones de pesos en noviembre de 2025. El artículo 9 de la Ley de Educación Nacional de Argentina establece que el Estado debe garantizar el financiamiento del sistema y que el presupuesto de educación no debe caer por debajo del seis por ciento del Producto Interno Bruto. Sin embargo, un informe de Argentinos por la Educación señala que esta meta se cumplió recién en 2015, y que el déficit entre 2006 y 2020 ascendió a alrededor del cinco por ciento del PIB. La organización agregó que el proyecto de Presupuesto 2026 elaborado por el Poder Ejecutivo -ahora pendiente de aprobación o rechazo en el Congreso- busca derogar el artículo 9, eliminando la obligación legal de destinar al menos seis por ciento del PBI a la educación. El mismo informe dice que la inversión en educación se recuperó gradualmente después de 2020, alcanzando el 1,41 por ciento en 2023, antes de caer nuevamente en 2024 al 0,86 por ciento. Las previsiones para finales de 2025 y las proyecciones para 2026 “anticipan que esta tendencia se profundizará”, dice el informe, “con una caída de la inversión en educación y cultura al 0,73 por ciento y al 0,75 por ciento del PIB, respectivamente”. El documento también revisa el Presupuesto 2026. Para el próximo año, la variación nominal del presupuesto de la Secretaría es de 17,9 por ciento. Dada la estimación de inflación utilizada en el proyecto de presupuesto, esto equivale a un crecimiento real del 3,6 por ciento –o 0,1 por ciento si se compara con la encuesta de expectativas de mercado REM del Banco Central, dejando “un margen muy estrecho para un aumento real”, afirma el informe. Los informes de prensa de esta semana sugirieron que el gobierno está trabajando en la derogación de la actual Ley de Educación. Las propuestas preliminares incluirían enseñanza remota, evaluaciones de docentes y permitir a las provincias introducir contenidos religiosos y confesionales en las escuelas públicas. Consultado, el Ministerio de Capital Humano dijo que, “al igual que con la reforma laboral, esto se está trabajando en el Consejo de Mayo con absoluta discreción”. El resto, dijeron, “son operaciones periodísticas”, y agregaron que la cartera no tenía más que comentar porque el proceso se desarrolla “en un ambiente cerrado y reservado”. El borrador original del paquete de megareformas ‘Ley de Bases’ presentado por el Poder Ejecutivo al Congreso en diciembre de 2023 incorporaba la enseñanza “híbrida y remota” como una “alternativa a la enseñanza presencial” a partir del segundo ciclo de la escuela primaria. También proponía evaluaciones periódicas a los docentes a través de exámenes que certificaran habilidades y conocimientos. Estas evaluaciones se convertirían en una condición y un incentivo para el empleo, con competencias que se revalidarían cada cinco años.