AN pide retiro de nacionalidad a responsables por despacho de Citgo y carga contra CPI por cierre de oficina

La Asamblea Nacional (AN) dominada por el chavismo, sesionó para aprobar un acuerdo en rechazo al “despojo” de la estatal Citgo por parte de EEUU y la derogatoria de la Ley Aprobatoria del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI), tras el anuncio del cierre de la oficina de dicho organismo en Caracas. El acuerdo sobre Citgo – a una semana de que un juez federal de EEUU, autorizará la compra de la filial de Pdvsa en suelo norteamericano, por parte de la empresa Amber Energy Inc- presentada por el primer vicepresidente de la AN, Pedro Infante, incluyó «declarar nula e írrita cualquier decisión judicial o administrativa emanada de tribunales o entidades de EEUU que ordenen o faciliten la expoliación y enajenación forzosa de Citgo y, en consecuencia, no reconocer a otro propietario que no sea Venezuela». El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, remató con una propuesta contra quienes tildó de “ladrones” y responsables del despojo del activo más importante de Venezuela en el exterior: el retiro de nacionalidad al expresidente interino Juan Guaidó, Carlos Vecchio, la actual presidenta de la Comisión Delegada Legislativa de la AN de 2015, Dinorah Figuera, el presidente de Pdvsa Ad Hoc, Horacio Medina y el abogado y exprocurador especial del interinato, José Ignacio Hernández.“Que se constate el retiro de la nacional de los principales cabecillas del gigantesco robo de Citgo”, sentenció Rodríguez, quien ordenó enviar una carta al líder chavista, Nicolás Maduro, solicitando se cumpla la medida. Por el momento, la venta de Citgo necesita de la aprobación de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. El economista José Guerra ha afirmado que el presidente de EEUU, Donald Trump, puede tener la operación con una extensión de la protección sobre la estatal venezolana. “Precio de gallina flaca”“CItgo es el séptimo complejo refinador de EEUU y tiene un costo aproximado de 12.000 millones de dólares, que genera anualmente entre 4 y cinco mil millones de dólares anuales, pero se quiere vender un precio de gallina flaca, 5.900 millones de dólares, es una venta forzosa, EEUU no respeta el derecho a la propiedad”, fustigó Infante. El diputado también mencionó a la líder opositora María Corina Machado como responsable del “robo” de Citgo, junto al exdiplomático, Edmundo González Urrutia, el líder de Voluntad Popular, Leopoldo López y en general la AN de 2015, basado en un informe especial presentado por una comisión de la AN, en 2024. El parlamentario aseguró que hay un total de 351 personas presuntamente responsables que deben ser “castigados” con la aplicación de las leyes de Extinción de Dominio (confiscación de bienes) y Simón Bolívar con severas sanciones contra los considerados “traidores a la patria”. Infante aseguró que la administración de Maduro hará lo que esté en sus manos en el ámbito legal y diplomático para defender y preservar el activo venezolano en EEUU. “CPI incumplió convenios de cooperación” Como segundo punto en el orden del día de la sesión ordinaria de este martes 2 de diciembre, la AN aprobó un acuerdo en rechazo a las “expresiones de colonialismo jurídico contra Venezuela” por parte de la CPI. Además, dio luz verde en primera discusión a la derogatoria de la Ley Aprobatoria del Estatuto de Roma del CPI. De esta forma, el Parlamento, de mayoría chavista, responde al anuncio del Fiscal Adjunto del CPI, Mame Mandiaye Niang, este 1 de diciembre, sobre el cierre de su oficina en Caracas “ante la falta de avances concretos” en la cooperación por parte de la gestión de Maduro. Asimismo, reafirmó que la investigación sobre crímenes de lesa humanidad contra el Estado venezolano sigue activa. La presidenta de la Comisión de Política Exterior, María Gabriela Vega (Psuv), solicitó la urgencia reglamentaria para discutir dicha ley aprobatoria en “defensa de la soberanía nacional”. El presidente de la AN avaló la petición para “mostrar el profundo desprecio” contra quienes por inacción avalaron el genocidio en Gaza, en alusión a la CPI. En el acuerdo se denunció el “irresponsable incumplimiento de los compromisos de cooperación y complementariedad” por parte de la Fiscalía de la CPI, al «no designar personal para su oficina en Caracas ni formular aportes a las iniciativas para la justicia venezolana». La diputada Ilenia Medina, quien presentó el proyecto de acuerdo previo a la discusión de la ley, cuestionó que la Fiscalía de la CPI decidiera cerrar su oficina en la capital venezolana justo cuando la nación se se encuentra «acosada y amenazada por el poder imperial», en alusión al creciente despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe.«No quieren ser testigos de lo que pudiera ocurrir en Venezuela, si ocurre la agresión o se hace evidente la agresión Son tan cínicos que deciden cerrar la oficina», fustigó Medina.