La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (Superservicios) informó que la empresa aire-e Logró comprar el 81 % de la energía que se solicitará en 2026, tras adelantar una convocatoria pública que superó las expectativas del mercado. Con este avance, se garantiza la continuidad del servicio eléctrico a más de 1,3 millones de usuarios en Atlántico, Magdalena y La Guajira.
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En el proceso se recibieron más de 14 ofertas de 11 agentes del mercado, entre generadores térmicos, hídricos, fuentes renovables y comercializadores con energía disponible. La meta de compra fue superada en un 20 %, lo que representa un logro clave en el objetivo de estabilizar el sistema energético del Caribe.
Finalizada esta etapa, se iniciará la fase de estructuración y análisis técnico de las propuestas, con el fin de adjudicar más de 4.500 Gigavatios/hora (GWh) bajo condiciones de precio justos y competitivos. Superservicios ha acompañado todo el proceso para brindar garantías a los participantes.
“El compromiso de la entidad es mantener reglas claras para el mercado y asegurar la participación activa y confiable de generadores y comercializadores, pensando no solo en el Caribe sino en el futuro energético de todo el país”, afirmó el superintendente Felipe Durán Carrón.
Sede de Air-e en Barranquilla. Foto:Redes sociales-Archivo EL TIEMPO
Uno de los efectos más destacados de esta estrategia es la disminución de la exposición de Air-e a la bolsa de energía, lo que contribuye a proteger a los usuarios frente a la volatilidad de precios y refuerza la estabilidad tarifaria en la región, en línea con el propósito del Gobierno del Cambio.
El resultado se logró gracias al trabajo articulado entre el Ministerio de Minas y Energía, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), Superservicios y otras entidades del sector. En particular, la Resolución CREG 101-082 de 2025, impulsada por el gobierno del presidente Gustavo Petro, permitió estructurar un proceso de contratación directa que eliminó intermediaciones y optimizó los costos de compra.
Gobierno estudia usar la ley de financiamiento para aliviar la crisis financiera de Air-eMientras avanza la compra de energía para 2026, el Gobierno Nacional evalúa mecanismos estructurales para enfrentar la difícil situación financiera que atraviesa Air-e, empresa intervenida por la Superservicios desde 2020.
El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, anunció que la próxima ley de financiamiento podría convertirse en una herramienta clave para aliviar las deudas acumuladas tras la intervención y garantizar la sostenibilidad del servicio en la Costa Caribe.
El ministro de Minas y Energía Edwin Palma Egea Foto:Minminas
“Podemos aprovechar ese marco legal para buscar recursos que ayuden a cubrir las deudas pendientes y, además, diseñar una solución estructural de mediano y largo plazo. No puede ser que el pueblo caribeño viva cada año con la incertidumbre de si va a tener energía”, manifestó el ministro durante la inauguración de una granja solar en Repelón (Atlántico)que beneficiará a 500 familias.
El anuncio se dio en medio de la creciente preocupación por el posible colapso financiero de la empresa, que, según alertó el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosapodría derivar en la suspensión del servicio si no se cubren los pagos atrasados a los generadores.
“Air-e está intervenida y, por tanto, es responsabilidad del Gobierno. Pero no ha pagado a los generadores. Si eso no se corrige, puede haber suspensión del servicio, y la empresa quedaría sin posibilidad de vender energía. Es una situación compleja, tanto desde el punto de vista financiera como institucional”, advirtió Verano.
De acuerdo con cifras de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg), las deudas de Air-e ascienden a más de 1,4 billones de pesos: cerca de 900.000 millones a plantas térmicas, 300.000 millones a hidroeléctricas y 200.000 millones a empresas de transmisión.
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Ante este panorama, los generadores del sistema han exigido garantías de pago y claridad en el plan financiero del Gobierno. Verano reiteró que la continuidad del servicio en los siete departamentos del Caribe depende de decisiones urgentes y coordinadas entre el Ministerio de Minas, Superservicios y el Ministerio de Hacienda.
