Cómo es el proceso judicial federal que enfrenta a Maduro y Cilia Flores en Estados Unidos

El juicio de Nicolás Maduro Moros y el de su esposa, Cilia Flores, comenzará el próximo 17 de marzo de 2026, en el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York, en Estados Unidos. Ambos fueron presentados ante el juez Alvin K. Hellerstein este 5 de enero y se declararon: no culpables. Para comprender el funcionamiento del sistema judicial federal penal, Efecto Cocuyo elaboró ​​un artículo que explica el desarrollo del proceso penal en Estados Unidos, registrando que el sistema de justicia penal federal de EE.UU. UU. se basa en un proceso acusatorio o adversarial, donde la Fiscalía y la defensa se enfrentan en igualdad de condiciones ante un juez neutral. Es importante hacer notar que en EEUU, el sistema de justicia está federalizado, lo que implica que hay cortes de distinto nivel (estatal y federal). Así como diferentes circuitos judiciales. Los tribunales federales conocen de casos relacionados con leyes federales, bienes del gobierno de los Estados Unidos o delitos que cruzan fronteras estatales (como el narcotráfico, el fraude postal o el secuestro). Los tribunales estatales, por su parte, conocen de la gran mayoría de los delitos, como la agresión, el robo o el homicidio, que constituyen violaciones de las leyes estatales dentro de su territorio, es la jurisdicción determinada por el ente soberano (estatal o federal) que tiene competencia sobre el delito. Nicolás Maduro, en este caso, al estar presuntamente involucrado, según la justicia estadounidense, en violación de leyes federales relacionadas con tráfico de drogas, será juzgado por un Tribunal Federal, a sable, la Corte de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York. Este engranaje judicial no busca sólo determinar si un hecho ocurrió, sino si el Gobierno puede probarlo siguiendo estrictamente la Constitución y las Reglas Federales de Procedimiento Penal. En Estados Unidos, el estándar probatorio es que la Fiscalía debe probar más allá de toda duda razonable que el acusado cometió los delitos que le imputan, y previo a ello se le presume inocente en todo momento. Para un imputado de alto perfil, cada paso representa una barrera legal que el Estado debe superar antes de privarlo de su libertad de forma definitiva. Para realizar este paso a paso Efecto Cocuyo recibió asesoría del abogado Gabriel Ortíz, experto en litigio internacional especializado en derechos humanos y conocedor del funcionamiento interno de tribunales internacionales. 📍​El gran jurado y la emisión del indictment El proceso no inicia por voluntad directa de un fiscal, sino a través de un Gran Jurado, sin embargo, la Fiscalía sí impulsa el proceso, por cuanto decide qué caso presentar al jurados, bajo qué cargos o delitos, y qué pruebas serán sometidas al Jurado. El Jurado, por su parte, es un grupo compuesto por entre 16 y 23 ciudadanos comunes que se reúnen en secreto para escuchar las pruebas preliminares que presenta el Departamento de Justicia. Los documentos fiscales llaman a testigos y presentan sin que la defensa esté presente. El objetivo de este grupo es decidir si existe «causa probable» para creer que el acusado cometió los delitos imputados, lo que garantiza que el Gobierno no inicie juicios arbitrarios o sin base mínima. Cuando el Gran Jurado vota a favor de los cargos, emite formalmente el Acusación o Acta de Acusación. Este documento es la pieza fundamental del caso; detalla cada delito (llamados counts o cargos), las leyes federales violadas y los hechos específicos que sustentan la acusación. Cuando el Juez tiene posesión de la acusación, la recibe formalmente y la archiva, pudiendo emitir órdenes de arresto (orden de arresto). La acusación la suscribe la Fiscalía y un representante del Gran Jurado. La acusación sirve como base para las órdenes de captura o solicitud de extradición. En casos de narcoterrorismo, estas acusaciones suelen permanecer selladas (en secreto) hasta que el acusado está bajo custodia de las autoridades estadounidenses para evitar que destruya pruebas o escape. 📍​La comparecencia inicial (Initial Appearance) Una vez que el acusado es llevado a la jurisdicción del tribunal federal competente, los oficiales lo presentan sin demora innecesaria ante un Juez Magistrado, generalmente dentro de las primeras 48 de la detención. En esta audiencia inicial, el juez garantiza el respeto de los derechos fundamentales del imputado: verifica su identidad, le proporciona copia de la acusación formal (ya sea una denuncia, un auto de acusación o una información), y le informa de su derecho constitucional a guardar silencio ya contar con asistencia legal. Si el acusado manifiesta no contar con recursos económicos suficientes, el tribunal le designa representación legal a través de la Oficina del Defensor Público Federal o de abogados del panel del Criminal Justice Act. Durante esta misma audiencia, el juez puede abordar cuestiones relacionadas con la representación legal definitiva y otorga un breve plazo para que los abogados privados comparezcan y acrediten su habilitación para litigar ante el tribunal federal correspondiente. Esta etapa tiene un carácter esencialmente administrativo y garantista, ya que el juez no evalúa la culpabilidad del acusado, sino que asegura que comprende su situación procesal y que el Estado respeta sus garantías desde el inicio del procedimiento. 📍​Lectura de cargos (Arraignment) El Arraignment es el acto formal donde el acusado responde oficialmente a las acusaciones del Gobierno. El Secretario de la Corte lee en voz alta cada uno de los cargos contenidos en el auto de acusación. En ocasiones, si el acusado o sus abogados así lo deciden, se puede renunciar al derecho a oír la acusación. Al finalizar la lectura, el Juez le pregunta directamente al acusado cómo se declara. En casos de alto impacto, la estrategia estándar es responder «no culpable» (Not Guilty). Esta respuesta no es una declaración de inocencia moral, sino una exigencia legal para que el Gobierno presente todas sus cartas y pruebe su caso en un juicio oral. Esta declaración de «No Culpable» pone en marcha el reloj procesal. A partir de este momento, el Juez de Distrito (quien llevará el caso hasta el final) asume el control y establece un calendario estricto de audiencias en función del derecho a un juicio rápido. El acusado debe estar básicamente presente en la sala y, aunque sus abogados lleven la voz cantante, el juez se dirige al imputado personalmente para confirmar que entiende las consecuencias de su declaración. Si el imputado se negara a hablar, el juez registra automáticamente una declaración de «no culpable» para proteger sus derechos. 📍​Audiencia de detención Tras la lectura de cargos, el tribunal decide si el acusado esperará el juicio en una celda o en libertad bajo fianza. La Fiscalía presenta una moción de detención argumentando que ninguna condición de liberación (como arresto domiciliario o monitoreo electrónico) puede garantizar que el sujeto no escapará. Los fiscales enfatizan el «Riesgo de Fuga» y señalan los recursos financieros, los contactos internacionales y la gravedad de las posibles penas de prisión perpetua que enfrenta el acusado. El Juez analiza también si el acusado representa un «Peligro para la Comunidad». En casos de narcotráfico, existe una presunción legal refutable de peligro. La defensa siempre puede rebatir esta presunción. La defensa puede ofrecer propiedades o sumas de dinero millonarias como garantía, pero en perfiles de alto poder político, los jueces federales con frecuencia ordenan la «Detención Preventiva». Esto significa que el imputado permanece en un centro de detención federal, bajo custodia del Servicio de Alguaciles (US Marshals), sin posibilidad de salir hasta que el veredicto final se dicte. 📍​Descubrimiento de pruebas (Discovery) La etapa de Discovery es la columna vertebral de la preparación del juicio y suele durar meses o años. Bajo la Regla 16 de las Reglas Federales de Procedimiento Penal, la Fiscalía está obligada a revelar a la defensa determinadas categorías de evidencia, incluyendo declaraciones del acusado, documentos y objetos materiales, informes periciales y pruebas que pretende utilizar en el juicio. De manera independiente, bajo la doctrina establecida en el caso Brady v. Maryland, el Gobierno debe divulgar toda evidencia exculpatoria o favorable al acusado, así como aquella que pueda afectar la credibilidad de los testigos. Los fiscales deben entregar gigabytes de información: interceptaciones telefónicas, registros de movimientos bancarios, fotos satelitales y testimonios escritos de testigos cooperantes que han decidido hablar a cambio de beneficios. En casos que involucran a líderes extranjeros, esta fase se complica por la Ley de Procedimientos de Información Clasificada (CIPA). Esta ley permite que la Fiscalía proteja secretos de seguridad nacional o identidades de agentes encubiertos que aún estén en el campo. El Juez actúa como un árbitro secreto: revisa la evidencia en una oficina privada y decide qué partes son esenciales para la defensa y cuáles deben ser editadas o resumidas para proteger los intereses de los Estados Unidos. La defensa recibe estas pruebas bajo estrictas órdenes de protección que prohíben filtrarlas a la prensa. 📍​Fase de mociones previas (Pre-trial Motions) Mientras revisan las pruebas, los abogados defensores inician una ofensiva legal mediante mociones. Estas son peticiones escritas donde piden al Juez que tome decisiones que debiliten el caso del Gobierno. Por ejemplo, pueden presentar una «Moción de Supresión» y alegar que la Fiscalía obtuvo ciertos registros sin la orden judicial adecuada o violando tratados internacionales. Si el Juez acepta esta moción, la prueba queda «muerta» y no puede ser mostrada al jurado durante el juicio. Otra moción común en casos de líderes internacionales es la de «Falta de Jurisdicción» o «Inmunidad Soberana». La defensa argumenta que los tribunales estadounidenses no tienen autoridad para juzgar a un mandatario extranjero por actos realizados en su país. El Juez debe emitir órdenes escritas resolviendo cada uno de estos puntos. Estas audiencias son altamente técnicas y el imputado asiste para observar cómo sus abogados debaten con los fiscales sobre la legalidad de los métodos de investigación utilizados por agencias como la DEA o el FBI. En particular, los Jefes de Estado que son juzgados en EEUU, los tratados internacionales reconocen privilegios de inmunidad jurisdiccional. Sin embargo, dichos privilegios están solicitados al reconocimiento como Jefe de Estado de otro país por parte de EEUU. En otras palabras, solo gozarán del privilegio de inmunidad aquellos Jefes de Estado que sean considerados como cuentos por el Departamento de Estado de EEUU. 📍​Protocolo de comunicación y orden de silencio (Gag Order) Dada la naturaleza mediática de estos casos, el Juez suele imponer una Gag Order u Orden de Silencio. Esta regla prohíbe terminantemente al acusado, a sus familiares y a los equipos legales dar declaraciones públicas sobre el fondo del caso o atacar la credibilidad de los testigos en los medios. El sistema busca que los ciudadanos que formarán el jurado no lleguen a la corte con una opinión preformada por lo que leyeron en las noticias o escucharon en redes sociales. El imputado tiene severamente restringida su capacidad de hablar. Dentro de la prisión federal, sus llamadas y visitas son monitoreadas. Si el acusado utiliza a sus abogados o aliados externos para enviar mensajes políticos o desafiar la autoridad de la corte, el Juez puede sancionarlo. Estas sanciones van desde multas económicas hasta la restricción total de visitas. En la sala de audiencias, el imputado debe mantener una conducta decorosa; no puede gritar, interrumpir ni dirigirse a los periodistas presentes, bajo riesgo de ser expulsado y seguir su propio juicio a través de un monitor desde una celda contigua. 📍​Selección del jurado (Voir Dire) El juicio comienza con el proceso de Voir Dire, donde se selecciona a los 12 miembros del jurado y varios suplentes. Cientos de ciudadanos son llamados a la corte y deben responder cuestionarios extensos. Los abogados de ambas partes buscan detectar cualquier sesgo político, ideológico o personal que pueda impedir que el jurado sea imparcial. En el caso de un líder político extranjero, el proceso es minucioso para descartar a personas que tengan opiniones extremas sobre su figura. Cada parte tiene un número limitado de «recusaciones perentorias», que les permiten expulsar a un posible jurado sin dar una razón específica, y recusaciones «por causa», donde deben demostrar que la persona no puede ser objetiva. Una vez que se eligen los 12 jurados finales, estos prestan juramento. A partir de ese momento, los jurados quedan sujetos a estrictas instrucciones judiciales que les prohíben consumir información externa sobre el caso o discutirlo con terceros durante el desarrollo del juicio, con el fin de preservar su imparcialidad hasta la emisión del veredicto. 📍​El juicio oral (The Trial) El juicio es el escenario donde se presentan todas las pruebas. El Gobierno inicia con sus «argumentos de apertura», donde explica al jurado la historia de los delitos. Luego, los fiscales presentan a sus testigos, que en casos de narcoterrorismo suelen ser ex socios del acusado, militares desertores o agentes encubiertos. La defensa realiza el «contrainterrogatorio», intentando destruir la credibilidad de estos testigos al exponer sus mentiras pasadas o los beneficios que reciben del Gobierno a cambio de testificar. El imputado tiene el derecho fundamental a la Quinta Enmienda: no testificar. Si decide guardar silencio, su abogado se lo comunica al Juez y este ordena al jurado que no sacarán ninguna conclusión negativa de ello. Sin embargo, el acusado tiene la opción de subir al estrado y hablar en su propia defensa. Si lo hace, renuncia a su derecho al silencio y la Fiscalía puede interrogarlo de forma agresiva sobre cualquier tema. El juicio concluye con los «argumentos de clausura», donde cada parte intenta convencer al jurado de que la evidencia es suficiente o insuficiente para condenar. 📍​Deliberación, veredicto y sentencia Para que haya un veredicto, los 12 jurados deben alcanzar una decisión unánime: todos deben votar «Culpable» o todos deben votar «No Culpable». Si después de días de debate no logran ponerse de acuerdo, se declara un «jurado colgado» y el Juez debe anular el juicio, obligando al Gobierno a empezar de cero con un jurado nuevo. Si el jurado vota unánimemente por la culpabilidad, el acusado es formalmente «convicto» y regresa a prisión a esperar su sentencia. La sentencia no se dicta el mismo día del veredicto. Meses después, se celebra la Audiencia de Sentencia. El Juez de Distrito decide cuántos años de cárcel recibirá el condenado, utilizando como referencia las Guías de Sentencia Federales que consideran la magnitud del daño causado y el papel del acusado en la conspiración. Justo antes de que el Juez anuncie la pena, el acusado tiene el derecho de Allocution: un espacio donde puede hablar libremente ante el tribunal para pedir clemencia o dar su última declaración oficial antes de que se cierre el caso y comience su condena. En general, el sistema penal de EEUU da preferencia a normas domésticas más que internacionales. En casos anteriores donde se ha juzgado a narcotraficantes de otros países, la tendencia siempre indica decisiones que derivaron en sentencias inculpatorias. 📍Quién puede ingresar a la sala El acceso a una sala de juicio federal en casos de alto perfil está estrictamente regulado por el Servicio de Alguaciles de EE.UU. UU. (US Marshals) y el Juez de la causa. Debido a que el espacio físico en las cortes federales es limitado, el tribunal divide la sala en sectores específicos: asientos para la familia del acusado, asientos para las víctimas (si aplica), un área para la prensa acreditada y un espacio reducido para el público general. En casos de gran magnitud, el tribunal no permite la entrada por orden de llegada, sino que implementa un sistema de lotería o de pases numerados que los interesados ​​deben recoger en la entrada del edificio desde la madrugada. Los periodistas deben solicitar una acreditación especial ante la oficina de prensa de la Corte de Distrito con antelación. En el interior, el Juez prohíbe el uso de cámaras de video, cámaras fotográficas o dispositivos de grabación de audio, para cumplir con la Regla 53 de Procedimiento Penal Federal. La única representación visual permitida es la de los artistas de bocetos judiciales, quienes dibujaron a mano lo que ocurre. Los periodistas deben tomar notas en papel y lápiz, y en casos de extrema sensibilidad, el Juez puede habilitar una «sala de desbordamiento» donde la prensa y el público ven el juicio a través de un circuito cerrado de televisión, pero fuera del contacto físico con el acusado y los testigos.