Óscar Murillo: Un sector del gobierno ve las excarcelaciones como una muestra de debilidad

Señala la demora es una estrategia de control donde el detenido pierde su condición de ciudadano para convertirse en una ficha de negociación. El proceso de excarcelaciones en Venezuela atraviesa un retraso que mantiene en incertidumbre a cientos de familias que, desde el 8 de enero, cuando Jorge Rodríguez, presidente de la AN, anunció la medida, permanecen apostadas a los afueras de los centros de detención con la esperanza de ver salir a los presos políticos. Oscar Murillo, coordinador general de la organización Provea, señaló que sectores internos del gobierno obstaculizan estas medidas de excarcelaciones para evitar proyectar una imagen de debilidad ante sus adversarios políticos. El activista de derechos humanos también denunció que las excarcelaciones no ocurren bajo los términos anunciados previamente por las autoridades del Parlamento.«Hay un sector dentro del gobierno que ha visto las excarcelaciones o las liberaciones como una muestra de debilidad frente al adversario, que considera que el preso político es un rehén y es una manera de enviarle un mensaje a la sociedad: Mira lo que te puede pasar si no acatas al mensaje que se quiere imponer», dijo este 13 de enero, cuando participó en la concentración convocada en la Plaza El Rectorado de la Universidad Central de Venezuela, en Caracas.Opacidad institucional La falta de información oficial obliga a las organizaciones de derechos humanos a realizar un trabajo arduo de verificación de las excarcelaciones de presos políticos. Murillo explicó que la disparidad en las cifras de presos políticos entre distintas ONG no refleja una falta de coordinación, sino la prudencia ante la falta de listados públicos publicados por el Ministerio Penitenciario. Hasta este martes, Provea confirma 65 excarcelaciones, aunque advierten que la cifra podría ser mayor, especialmente en las regiones del interior del país donde el acceso a la información está todavía más restringido. Murillo destacó que el traslado de personas fuera de sus sitios de reclusión originales antes de soltarlas es una práctica común para diluir el impacto mediático de las liberaciones masivas. Señaló que esta táctica busca invisibilizar el costo humano de la detención y mantener el clima de terror que el gobierno impuso tras las etapas de mayor represión en el país. El activista subrayó que, mientras no exista un canal de comunicación fluido entre el Estado y los defensores de derechos humanos, la discrecionalidad seguirá marcando el destino de los detenidos.«Lo que debe haber ocurrido es que el Ministerio de Sistemas Penitenciarios debe emitir un listado, no solamente con los nombres, el lugar de reclusión, la condición en la que están saliendo estas personas. Estamos en un clima de absoluta opacidad y de absoluta discrecionalidad por parte de los poderes», dijo. La crisis humanitaria persiste La reciente reconfiguración de las relaciones entre Estados Unidos y el gobierno venezolano, desde los hechos del 3 de enero, centrada en temas energéticos, resulta insuficiente para resolver la crisis estructural de derechos humanos en el país, aseguró Murillo. Enfatizó que los acuerdos económicos no pueden sustituir la necesidad urgente de restituir los derechos civiles y políticos de la población y aseguró que, a pesar de los exhortos enviados a la alta jerarquía eclesiástica para priorizar a detenidos con enfermedades crónicas, las autoridades ignoraron estas peticiones humanitarias. Para Provea, la estabilidad política solo llegará cuando el Estado escuche la voz de los ciudadanos y cese el uso de la persecución como herramienta para llamar a la disidencia. La organización reafirmó su compromiso de seguir documentando cada caso e instar a la comunidad internacional a no desviar la mirada de la situación de salud y libertad de los 70 u 80 detenidos que requieren medidas humanitarias urgentes por condiciones preexistentes.«Lo energético, lo petrolero y quizás lo migratorio, que vaya a ponerse en adelante en los próximos días, no basta para atender la profunda crisis que atraviesa el país. Para atender la crisis venezolana hay que atender y escuchar a la voz del pueblo. El país necesita derechos civiles y políticos», aseguró.