Tecnología en el mar: drones y control aéreo para frenar la pesca ilegal

La pesca ilegal dejó de ser una amenaza invisible para convertirse en uno de los grandes desafíos del siglo XXI en los mares del mundo. En ese escenario, la tecnología empieza a jugar un rol decisivo. Japón anunció un nuevo programa de cooperación internacional destinado a fortalecer la vigilancia marítima en América del Sur, con el objetivo de mejorar la detección y el control de actividades pesqueras irregulares en zonas sensibles. La iniciativa contempla una inversión cercana a los 300 millones de yenes -unos U$S 1.900.000- y beneficiará a cuatro países clave de la región: Argentina, Uruguay, Perú y Ecuador. El foco estará puesto en reforzar las capacidades de monitoreo en las zonas económicas exclusivas (ZEE) y en los sectores limítrofes, donde la presencia de flotas extranjeras genera creciente preocupación. El programa, desarrollado junto a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y bajo lineamientos del Ministerio de Asuntos Exteriores japonés, prevé la incorporación de drones de vigilancia marítima, embarcaciones patrulleras inflables y sistemas avanzados de análisis de imágenes aéreas. Estas herramientas permitirán identificar buques, reconstruir trayectorias, estimar dotaciones y detectar maniobras evasivas, incluso cuando las embarcaciones apagan deliberadamente sus sistemas de posicionamiento. La cooperación llega en un momento clave. En el Atlántico Sur, la atención vuelve a centrarse en la denominada “milla 201”, una franja situada más allá del límite de la ZEE argentina donde no existe un marco regulatorio internacional específico. Allí, temporada tras temporada, se concentra una enorme cantidad de buques extranjeros -principalmente dedicados a la pesca del calamar- que operan al límite de la legalidad. De acuerdo con datos de la FAO, la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada puede representar hasta el 30% de las capturas globales en determinadas regiones, con impactos directos sobre los ecosistemas marinos, la sustentabilidad de las especies y las economías locales. A esto se suma la falta de información confiable sobre muchas de estas operaciones, lo que abre interrogantes que van más allá de la pesca, como el eventual relevamiento del lecho marino. En el caso argentino, el uso eficiente de esta tecnología plantea un debate central: quién debe concentrar las herramientas de control. Todo indica que la Prefectura Naval Argentina, en su rol de Autoridad Marítima y Policía Auxiliar Pesquera, aparece como el receptor natural de estos sistemas, dado su mandato legal y su despliegue operativo permanente en el mar. La Ley 24.922 respalda este enfoque al establecer la jurisdicción exclusiva del Estado sobre los recursos vivos en la ZEE y las sanciones ante infracciones. Mientras la Armada Nacional incorporó patrulleros oceánicos para el control marítimo, el desafío pasa ahora por equilibrar medios y funciones, evitando superposiciones y asegurando que la capa tecnológica -drones, sensores y análisis de datos- esté alineada con las tareas de fiscalización diaria. El aporte japonés apunta justamente a eso: mejorar la detección temprana, optimizar la respuesta ante incursiones irregulares y fortalecer la soberanía marítima de los países sudamericanos. En la Argentina, la iniciativa se complementa con los anuncios recientes de la Prefectura Naval sobre el refuerzo de los sistemas de monitoreo de cara a la próxima zafra de calamar 2026, una temporada que volverá a poner a prueba la capacidad de control en el límite del mar argentino. En tiempos donde la presión sobre los recursos naturales no deja de crecer, la vigilancia desde el aire y el uso inteligente de la tecnología se perfilan como aliados clave para defender el futuro de la pesca y del mar. ¿Te apasiona la vida al aire libre, la aventura y la naturaleza? Recibí las mejores notas de Weekend directamente en tu correo.  Suscribite gratis al newsletter  Galería de imágenes