Prohibido celebrar: el silencio obligado en las calles de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro

Tras la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores el 3 de enero de 2026 por fuerzas estadounidenses, Venezuela mostró una reacción dispar. Mientras el oficialismo movilizó a sus bases para exigir la liberación de quien considera un “presidente secuestrado”, en las calles del país no se registraron celebraciones por parte de sectores opositores, lo cual llamó la atención de observadores externos. Este silencio contrastó, además, con los festejos de la diáspora en diversas capitales del mundo. Pero dentro del país no hubo bocinas resonando ni grandes concentraciones en plazas públicas. Lejos de indicar apatía o indiferencia, esta ausencia de festejos no responde necesariamente a un sentimiento de rechazo por parte de la población a la captura de Maduro, sino a un entramado consolidado de represión, vigilancia y amenazas que ha alcanzado un punto álgido tras la implementación de un decreto de Estado de Conmoción Exterior posterior al 3 de enero de 2026. El Decreto de Conmoción Exterior y el silencio de la disidencia Bajo el Decreto N.° 5.200 de Estado de Conmoción Exterior, publicado en la Gaceta Oficial N.° 6.954, se legalizó la persecución de cualquier manifestación a favor de la operación estadounidense. La normativa avala la detención de personas por actos interpretados como “promoción o apoyo” a la captura de la pareja Maduro-Flores, penalizando incluso gestos simbólicos o expresiones mínimas. «Los órganos de policía nacionales, estadales y municipales deberán emprender de manera inmediata la búsqueda y captura en todo el territorio nacional de toda persona involucrada en la promoción o apoyo del ataque armado de Estados Unidos de América contra el territorio de la República, a los multas de su puesta a la orden del Ministerio Público y del sistema de justicia penal, con miras a su juzgamiento». Artículo 5 del Decreto de Conmoción Exterior En ese contexto, la formulación «promoción o apoyo» tiene un alcance lo suficientemente amplio como para permitir arrestos por expresiones mínimas de satisfacción ante la captura de Maduro, ya sea en redes sociales, chats privados o espacios públicos. Poco después de la aprobación del decreto, comenzó a materializarse los primeros casos. En el estado Mérida, dos hermanos agricultores de 64 y 65 años fueron detenidos en la localidad rural de Río Negro tras “celebrar” con disparos al aire. Según Gonzalo Himiob, vicepresidente de la ONG Foro Penal, los hombres fueron denunciados por vecinos militantes del oficialismo después de que, «en estado de ebriedad», efectuaron disparos con escopetas en la fachada de su propia vivienda e hicieron comentarios burlescos. De acuerdo con lo reportado por medios digitales, en la primera semana de implementación del Decreto N° 5.200 se efectuaron al menos 28 detenciones por “incitación al odio”. En Valencia, estado Carabobo, funcionarios del Centro de Coordinación Policial La Isabelica arrestaron a dos hombres que, según las autoridades, se desplazaban en motocicleta cuando fueron señalados por incitación al odio, traición a la patria, “además de promover y apoyar el ataque de Estados Unidos a la República Bolivariana de Venezuela”. La policía sustentó el procedimiento en el Decreto N.º 5.200. detención. No dice, por ejemplo, dónde fueron detenidos. Tampoco dice qué estaban haciendo”, dice una nota de prensa de El Carabobeño respecto al reporte policial. Familiares de los hombres detenidos en Carabobo desmintieron la versión publicada por las autoridades en redes sociales. Aparentemente, uno de ellos fue requisado y tras encontrar en su teléfono una conversación sobre la situación en el país, fue obligado a llevar a los funcionarios a la casa del otro joven, donde ambos fueron detenidos, según un artículo de El Pitazo. La expresión en redes sociales también produjo la detención de Carlos José Guzmán Armas, de 40 años, en Puerto La Cruz, estado Anzoátegui, por la difusión de un video en TikTok donde realizaba comentarios dirigidos al ministro Diosdado Cabello De acuerdo con lo publicado por medios locales tras la circulación del video, efectivos de seguridad lo localizaron y capturaron, quedando a disposición del Ministerio Público bajo cargos de incitación al odio y difusión de contenido desestabilizador El 5 de enero, quince adolescentes y 8 fueron detenidos en Barcelona, estado. Anzoátegui, mientras jugaban carnaval en el sector “La Burra”. Funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana y la Policía del Municipio Bolívar efectuaron el arresto tras atender una llamada anónima que denunciaba supuestos «actos terroristas» en la zona y fueron imputados por incitación al odio, traición a la patria y asociación para delinquir. Según el exfiscal Zair Mundaray, la Policía del Municipio Bolívar les atribuyó «estar celebrando» la detención de. Maduro. #Urgente #Puertagiratoria activada por el régimen en Barcelona Edo. Anzoátegui secuestran a 16 niños del Barrio El Espejo. El Lunes 5 pasado un grupo de niños, de los Barrios El Espejo y la Aduana, se encontraban jugando carnaval en el sector “La Burra” cuando fueron… pic.twitter.com/yGGzwv84fM— Zair Mundaray (@MundarayZair) January 12, 2026 De acuerdo con lo denunciado, a los jóvenes no se les permitió defensa privada y los funcionarios les habrían sembrado evidencias como «piedras y botellas que no tenían». Tras la presión pública que generó el caso, los adolescentes fueron excarcelados durante la madrugada del 13 de enero, aunque permanece la incertidumbre sobre si la libertad es plena o condicionada. Los ocho adultos detenidos en el mismo operativo continuaban privados de libertad al momento de las excarcelaciones. Alcabalas, revisiones y detenciones Después de la movilización naval estadounidense en el Caribe, ciudadanos han reportado la instalación de alcabalas irregulares en puntos estratégicos de varias ciudades del país, especialmente Caracas. Estas denuncias no solo exponen las prácticas de control e intimidación del gobierno, también sirven como alerta sobre la ubicación de las mismas para evitarlas. Luego del 3 de enero, usuarios en redes sociales denunciaron inspecciones arbitrarias en alcabalas improvisadas. En algunos casos aseguraron que las revisiones eran efectuadas por civiles armados conocidos como “colectivos”. Varios medios de comunicación y organizaciones no gubernamentales han revisado el despliegue de operativos de control en vías principales de varios centros poblados del país, en los que funcionarios militares, policiales e incluso integrantes de presuntos “colectivos” detenidos vehículos y revisan teléfonos móviles en busca de contenido sensible, o que pueda ser considerado incriminatorio. Bajo ese contexto, Caleidoscopio Humano verificó seis casos de retenciones arbitrarias sucedidas entre el 5 y 6 de enero en los estados Mérida, La Guaira, Miranda, Bolívar y Caracas. Las personas fueron liberadas algunas horas después y en solo dos de los procedimientos se identificó a la Policía Nacional Bolivariana como organismo accionante, mientras persisten las denuncias sobre presencia de civiles armados —llamados colectivos— en estas alcabalas improvisadas. “La reacción ha sido inmediata. Las personas han optado por salir sin su dispositivo móvil; prefieren dejarlo en casa. Otros han adoptado una rutina casi automática: borrar chats cada hora, eliminar fotos, limpiar historiales, desinstalar aplicaciones o evitar cualquier conversación que pueda interpretarse como delicada”. El Pitazo. Esta revisión forzada de teléfonos no se limita a civiles. El 5 de enero, al menos 14 periodistas fueron detenidos mientras cubrían la instalación de la Asamblea Nacional, acto donde Delcy Rodríguez fue juramentada como presidenta encargada. Aunque fueron liberados horas después, durante la detención fueron sometidos a interrogatorios, revisión completa de sus teléfonos móviles y eliminación del material recabado. Represión internacional La persecución por celebrar la captura de Maduro no se ha limitado al territorio venezolano. En Nicaragua, las autoridades detuvieron arbitrariamente a decenas de personas por expresar apoyo en redes sociales a la captura de Nicolás Maduro, en una campaña represiva que ha incluido arrestos sin orden judicial por publicaciones, “me gusta” o comentarios celebrando el hecho. La organización nicaragüense de derechos humanos Monitoreo Azul y Blanco denunció que al menos 60 nicaragüenses fueron detenidos de forma arbitraria por la Policía Nacional tras celebrar o manifestar su apoyo en redes sociales a la captura de Maduro. “Esta nueva ola represiva se ejecuta sin orden judicial y se basa únicamente en expresiones de opinión: comentarios en redes, celebraciones privadas o no repetir la propaganda oficial. Esto constituye una grave violación a los derechos humanos”, sentencia la organización. 🚨 Alerta NicaraguaEl Monitoreo Azul y Blanco registró al menos 60 detenciones arbitrarias tras la captura de Nicolás Maduro. Al 9 de enero de 2026, las detenciones se extienden a al menos ocho departamentos del país. pic.twitter.com/7X8iaWBQhJ— Monitoreo Azul y Blanco (@AzulyMonitoreo) 9 de enero de 2026 El peso de la memoria colectiva El silencio en las calles venezolanas tras la captura de Maduro no puede ser explicado como una simple muestra de apatía, sino que más bien refleja el temor acumulado tras años de represión, vigilancia y sanciones contra la disidencia. Ese silencio se sostiene también en un sistema de control que combina tecnologías de vigilancia masiva, monitoreo de redes sociales, aplicaciones estatales para denuncias, revisión arbitrarias de dispositivos móviles y un marco legal que penaliza manifestaciones contrarias al discurso oficial. El recrudecimiento del sistema represivo se ha convertido al silencio en un mecanismo de supervivencia dentro del territorio nacional. Casos emblemáticos como el de Merlys Oropeza, una joven sentenciada a 10 años de prisión por escribir un mensaje crítico en un grupo de WhatsApp —excarcelada en agosto de 2025— grabaron en la memoria colectiva las consecuencias de cualquier expresión de disidencia, por mínima que sea. Al 5 de enero de 2026, dos días después de la captura de Maduro y Cilia Flores, la organización Foro Penal tenía registro de 806 presos políticos en Venezuela. Luego de la denominada “Operación Resolución Absoluta” y posteriores conversaciones con el gobierno de Estados Unidos, el 8 de enero el oficialismo anunció la excarcelación de un número “importante” de detenidos. Sin embargo, hasta el momento de publicación de este artículo, varias ONG solo han verificado la liberación de 84 personas, una cifra reducida en relación con el total de casos registrados que, además, difiere en gran medida con el número reportado por Delcy Rodríguez el pasado miércoles 14 de enero. 15ene, 15:00 horas (Venezuela). Desde el 8 de enero de 2026, van 84 excarcelaciones de presos políticos hasta ahora. 67 hombres y 17 mujeres. @ForoPenal— Alfredo Romero (@alfredoromero) 15 de enero de 2026 Este entorno de control se cimentó tras las elecciones de 2024, cuando la «Operación Tun Tun» evolucionó hacia una persecución digital sin precedentes. Mediante la coordinación entre vecinos militantes y fuerzas de seguridad, herramientas como la VenApp —originalmente diseñada para reportar fallas en servicios públicos— se transformaron en plataformas de delación. Este sistema institucionalizó la vigilancia social y una robusta infraestructura de monitoreo técnico, permitiendo que incluso opiniones en grupos privados de mensajería o estados de redes sociales derivaran en detenciones arbitrarias bajo cargos de «incitación al odio». Cuando los ciudadanos internalizan que cualquier expresión, incluso en la privacidad de sus hogares o sus dispositivos móviles, puede acarrear consecuencias graves —incluyendo detención arbitraria y, en algunos casos, tratos crueles documentados por organizaciones de derechos humanos—, el control social se vuelve automático. Este aprendizaje impuesto por años de represión ayuda a entender por qué, incluso en un momento histórico, las calles venezolanas permanecen en aparente calma, con un silencio que se explica mejor como una estrategia de supervivencia que como una prueba de apatía.