Ideología sobre técnica: los gobiernos de Milei prohibieron glosario

Por momentos parece una anécdota, una exageración de las redes sociales, un malentendido administrativo. Pero no: en la Argentina de Javier Milei hay palabras que ya no existen en el vocabulario estatal. No porque la ciencia los haya refutado, no porque hayan sido superados técnicamente, sino porque son molestos ideológicamente. Y cuando un gobierno empieza a discutir sobre palabras técnicas, el problema ya no es semántico: es político. Y es serio. El primer caso que hizo sonar la alarma proviene del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de Argentina. Trabajadores del organismo denunciaron en medios locales que les ordenaron evitar el uso de los términos “cambio climático” y “calentamiento global” en informes, comunicados de prensa y piezas de difusión institucional. No hubo ningún decreto publicado en el Diario Oficial, no hubo resolución firmada. Fue más eficiente que eso: una orden informal dictada. “No lo escribas así”; “Encontrar otro camino”; “Eso está descartado”. El resultado fue inmediato: los informes que históricamente hablaban de cambio climático comenzaron a referirse a “variabilidad climática”, “eventos extremos” u otras descripciones neutrales, sin ningún marco conceptual. El resultado es condenatorio: el organismo técnico encargado de estudiar el clima tuvo que desviarse de un concepto central que explica lo que está estudiando. No es una discusión científica, es una decisión ideológica. Funcionarios del gobierno, citados por La Nación, respondieron a las afirmaciones diciendo que “puede ser que hayan usado el término cambio climático en algunas publicaciones y les hemos pedido que cambien la palabra, pero nunca los hemos eliminado”. Pero el Servicio Meteorológico Nacional no es un hecho aislado. En otros organismos estatales también han comenzado a aparecer listas invisibles de palabras incómodas. En el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), trabajadores y sindicatos denunciaron la prohibición o desaliento de términos como: “agroecología”, “sustentabilidad”, “biodiversidad”, “huella de carbono”, “género”, Prohuerta y “cambio climático”. (“cambio climático”). Se han rechazado conceptos que no nacieron en una reunión de activistas, sino en artículos científicos, acuerdos internacionales y décadas de investigación aplicada. No hubo resoluciones escritas; hubo correcciones editoriales. Rechazo de publicaciones, silencios administrativos. La lógica era clara: si suena ambiental, social o multilateral, es sospechoso. Algunos casos han sido más explícitos. El gobierno de Milei prohibió formalmente el uso de lenguaje inclusivo en toda la administración pública. No hay lenguaje inclusivo de género en español. Nada de “todes”. No se utiliza “@” o “x”. El argumento oficial es que “el Estado debe utilizar el lenguaje conforme a las normas de la Real Academia Española”. El verdadero argumento es que el lenguaje inclusivo es ideología y la ideología debe ser erradicada. La paradoja es obvia: el mismo gobierno que dice combatir el adoctrinamiento impone su propia visión mientras detenta el poder. Si fueran hechos aislados se podrían atribuir al caos del ajuste, pero no lo son. Hay un patrón: se eliminan carteras vinculadas a género, diversidad o medio ambiente, se vacían cuerpos técnicos y se cierran programas con impacto territorial. Las palabras se borran, no porque cuesten dinero, sino porque representan una forma de ver el mundo que el gobierno considera errónea. Para el mileísmo, términos como cambio climático, sostenibilidad o agroecología no son conceptos técnicos: son marcadores ideológicos. El problema para ellos es que la realidad no cambia sólo porque se la llame de otra manera. La ciencia trabaja con consenso, evidencia y revisión permanente. La ideología adopta certezas previas. Cuando un meteorólogo no puede decir “cambio climático”, cuando un agrónomo no puede escribir “agroecología”, cuando un técnico tiene que reescribir su trabajo para que no sea políticamente incómodo, la técnica ya no es la que manda: la historia lo es. Para un Estado, eso tiene consecuencias: peores diagnósticos, políticas públicas mal diseñadas y decisiones basadas en dogmas, no en datos. Quizás no sea nada nuevo, pero siempre acaba mal. Hoy son palabras, mañana podrían ser números. Luego, conclusiones. La pregunta no es si el cambio climático existe o no. La pregunta es diferente: ¿Qué Estado puede funcionar correctamente si sus técnicos tienen que pensar primero en la ideología del gobierno y después en la verdad de sus conclusiones? Porque cuando el poder empieza a borrar las palabras, lo que intenta borrar, en realidad, es la realidad. Y la realidad, tarde o temprano, siempre vuelve a estar en primer plano. Con sequías, con inundaciones, con crisis. Y sin pedir permiso para ser nombrado.