Diego Spagnuolo, exjefe de ANDIS, será juzgado por corrupción

Diego Spagnuolo, exdirector de la agencia nacional de discapacidad ANDIS, será juzgado por cargos de corrupción, confirmó el lunes un juez federal. Spagnuolo, de 51 años, fue enviado a juicio por el juez federal Sebastián Casanello por los delitos de asociación ilícita, cobro de sobornos, defraudación al Estado y tratos incompatibles con el cargo de funcionario público entre 2023 y 2025. El exjefe de la Agencia Nacional de Discapacidad no es el único imputado en el caso. La decisión de Casanello se extiende también a Daniel Garbellini, ex segundo al mando de Spagnuolo en la ANDIS, así como a Miguel Ángel Calvete y Pablo Atchabahian, dos personas con estrechos vínculos con cadenas farmacéuticas. En total, 19 acusados ​​fueron enviados a juicio. El juez impuso distintos embargos sobre sus bienes, incluidos exfuncionarios y empleados de la ANDIS, así como empresarios privados, a casi todos los cuales se les acusa de haber desempeñado distintos roles en la supuesta asociación ilícita que infiltró la agencia. El gravamen más alto, de más de 202 millones de pesos, se le impuso a Spagnuolo. En su fallo, Casanello afirmó que en los primeros meses de la administración del presidente Javier Milei “se instaló un tejido de corrupción institucional, con su núcleo en el funcionamiento irregular de la Agencia Nacional de Discapacidad”. Para el juez, ese tejido estaba formado por “operadores externos y altas autoridades que actuaban de manera conjunta contra el interés general y a favor de negocios privados ilícitos”. Según la sentencia, ANDIS se convirtió en una “vía de enriquecimiento para los miembros de la organización, en claro detrimento del fin público que debería haber guiado su actuación: la protección y atención de las personas con discapacidad”. “Se ha acreditado la existencia de una organización criminal integrada por funcionarios públicos de la ANDIS y actores privados del sector salud”, escribió Casanello, y agregó que “dicha organización se dedicó a desviar fondos públicos vía compras dirigidas y sobreprecios”. El juez también dejó la puerta abierta a una investigación más amplia, señalando que “la trama criminal revelada parecería tener márgenes aún más difusos y no se limita a los hechos aquí probados”. “Dentro de la propia ANDIS, existen indicios de que el grupo extendió su lógica de intermediarios, privilegios y sobreprecios a otros lugares”, añadió. “La magnitud del negocio, la importancia de las sumas involucradas y una cierta indiferencia, por ejemplo ignorando las quejas de empresarios decepcionados o funcionarios insatisfechos, sugieren que no se trata de un fenómeno aislado”, concluye el fallo. Profundización de la investigación Casanello advirtió que es necesario profundizar la investigación delegada al fiscal Franco Picardi, afirmando en la decisión del lunes que la responsabilidad podría extenderse a “otros niveles de complicidad”. “La investigación no debe dejar de lado estos aspectos, sino aclararlos y profundizarlos”, escribió. En mensajes de voz que trascendieron en agosto pasado, Spagnuolo afirmó que un porcentaje de los sobornos obtenidos de las cadenas farmacéuticas, el tres por ciento, estaban destinados a la jefa del Gabinete Presidencial, Karina Milei. También dijo que había advertido al presidente Milei de lo que estaba sucediendo y culpó al asesor presidencial Eduardo ‘Lule’ Menem por el esquema. Sin embargo, las supuestas grabaciones no fueron utilizadas como prueba ni por Picardi ni por Casanello. Martín Magram, abogado defensor de Jonathan, Emmanuel y Eduardo Kovalivker de la cadena farmacéutica Suizo Argentina en el centro del presunto escándalo, argumentó que el origen de las grabaciones era ilegal y pidió que se declare nulo todo el caso. Otros abogados defensores se sumaron a ese pedido. El lunes, además de ordenar que los acusados ​​fueran juzgados, Casanello rechazó esas mociones. La ANDIS fue disuelta en diciembre pasado tras denuncias de corrupción que también implicaban a Karina Milei. Spagnuolo dimitió pocos días después de que salieran a la luz las acusaciones. El presidente Milei inicialmente dijo que el exjefe de la ANDIS -ex su abogado personal- había mentido en las grabaciones, aunque el sospechoso luego argumentó ante el tribunal que los audios habían sido manipulados. Sin embargo, la fiscalía sostuvo su caso basándose en otras pruebas. Las grabaciones no fueron tomadas como prueba ni por el fiscal ni por el juez y no se mencionan en el fallo del lunes, que se basó en documentación incautada en allanamientos y testimonios obtenidos durante los interrogatorios. Karina Milei no se encuentra entre los imputados. Sin embargo, el juez afirmó que la evidencia sugiere que los mecanismos de corrupción en la ANDIS “podrían involucrar otro nivel de complicidades” que deben ser investigadas. “El caso ANDIS confirma punto por punto lo que estábamos denunciando”, dijo a la AFP el abogado Gregorio Dalbón, quien presentó la primera denuncia penal en agosto pasado. – Noticias relacionadas con TIMES/NA/AFP