Fiscales piden a la justicia embargar 140 propiedades de Fernández de Kirchner y Báez

Fiscales federales de Argentina han solicitado a un tribunal que ordene la incautación de más de 140 propiedades y otros activos pertenecientes a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y al empresario deshonrado Lázaro Báez por sus condenas por corrupción. Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola pidieron este jueves al Tribunal Oral Federal N°2 que autorice su pedido, que incluye un departamento en San Telmo, Buenos Aires, donde actualmente reside la expresidenta mientras cumple condena bajo arresto domiciliario. La solicitud fue confirmada a agencias de noticias locales por fuentes judiciales. “Solicitamos el embargo de 141 bienes, 13 de empresas de la familia Kirchner y 128 de empresas vinculadas a Lázaro Báez; 46 vehículos; 4.664.000 dólares de una caja de seguridad a nombre de Florencia Kirchner; 992.134 dólares de una cuenta de ahorros del Banco Galicia; y 53.280,24 pesos”, escribieron los fiscales en su solicitud. “Los condenados -condenados a depositar la suma de 684.990.350.139,86 pesos por colosal defraudación a la administración pública- no han depositado un solo peso, a pesar de que el plazo venció hace meses”, argumentan. Según el alegato de los fiscales, tanto Fernández de Kirchner como Báez “han estado retrasando la recuperación de bienes ordenada por sentencia judicial firme”. “La resistencia que están demostrando demuestra su total falta de remordimiento y constituye una afrenta a la sentencia final y al principio de igualdad ante la ley”, agregaron. Las condenas surgen del llamado caso de corrupción de obras públicas ‘Vialidad’, que examinó la adjudicación de contratos de construcción de carreteras en la provincia de Santa Cruz entre 2003 y 2015. Los fiscales alegaron que, durante su presidencia, Fernández de Kirchner y su administración dirigieron una abrumadora mayoría de los contratos de infraestructura financiados por el estado a empresas controladas por Báez, un empresario sin experiencia previa en construcción, a precios inflados y con importantes irregularidades en los procedimientos de licitación. Se decía que el plan había canalizado grandes sumas de fondos públicos a las empresas de Báez. Muchas de las obras no se completaron, lo que provocó pérdidas importantes para las arcas públicas. Luego de un largo juicio oral, el Tribunal Oral Federal N° 2 condenó tanto a Fernández de Kirchner como a Báez en diciembre de 2022 por administración fraudulenta de fondos públicos en relación con ese esquema. El fallo, confirmado por el Tribunal Federal de Casación en 2024, confirmó las penas de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos para Fernández de Kirchner y las penas correspondientes para Báez y varios coacusados. La Corte Suprema de Argentina confirmó las condenas en junio de 2025. Poco después comenzó a cumplir su condena bajo arresto domiciliario. A finales del año pasado se supo que la Corte Suprema de Argentina sería responsable de administrar y subastar los bienes incautados de la ex presidenta y sus coacusados. La decisión abarca 122 bienes identificados por el Ministerio Público como instrumentos o producto de los delitos de los imputados, o bienes adquiridos durante el período en que se desarrolló la trama fraudulenta, entre mayo de 2003 y diciembre de 2015. El monto original fijado para el decomiso era de 84.835 millones de pesos, pero fue actualizado a 684.990 millones de pesos por contadores de oficio, con base en criterios técnicos ratificados por la Corte Suprema. – Noticias relacionadas con TIMES/NA