JEP: La ley de amnistía no avanza y la liberación de presos políticos no puede esperar su aprobación

La Asamblea Nacional, controlada por el chavismo, inició el jueves 12 de febrero de 2026 el segundo debate sobre el proyecto de ley de amnistía para la convivencia democrática, impulsado por el Gobierno encargado. Esta norma busca conceder amnistía general a personas procesadas o condenadas por delitos políticos o conexos desde el 1 de enero de 1999 hasta el 30 de enero de 2026, en contextos específicos de violencia política, como el golpe de Estado de 2002, el paro petrolero y manifestaciones antigubernamentales en años como 2007, 2014, 2017, 2019 y 2024. Sin embargo, el debate no concluyó en esa sesión. Los legisladores aprobaron por unanimidad los primeros seis artículos, pero aplazaron la discusión del resto para la próxima semana debido a desacuerdos sobre el artículo 7, que exige a los procesados ​​o condenados presentarse ante la Justicia o ponerse a derecho para beneficiarse de la amnistía. Esta cláusula genera controversia, ya que distingue entre víctimas de persecución política y culpables perdonados, un matiz criticado por especialistas y sociedad civil. ONG y activistas denuncian exclusiones en el texto, un proceso acelerado y la ausencia de garantías plenas para todos los afectados. Por ejemplo, la organización Justicia, Encuentro y Perdón (JEP Venezuela), dedicada a defender derechos humanos mediante la documentación y denuncia de violaciones, expresó preocupación por la falta de avances sustanciales en el proyecto. Según un comunicado emitido por la JEP Venezuela en su cuenta de X este 12 de febrero de 2026, el texto no registró modificaciones relevantes más allá de incorporar principios constitucionales y obligatorios. La entidad exige que «la norma cumpla con los estándares internacionales, como la no exclusión de grupos vulnerables, la evitación de revictimización y el aseguramiento del reconocimiento del daño con reparación efectiva». Más allá del trámite legislativo, la JEP Venezuela identificó al menos 60 personas privadas de libertad por motivos políticos en condiciones graves de salud. A este grupo se suman un adolescente, tres personas dentro del espectro autista, 22 adultos mayores y al menos 122 mujeres. «Además, existen presos que cumplieron sus penas y cientos de detenidos políticos que podrían liberarse de inmediato mediante normas procesales vigentes», añade. La organización enfatiza que la excarcelación no debe condicionarse al avance de esta ley, sino que representa una obligación estatal independiente.