Un año después del escándalo criptográfico de $LIBRA, los tribunales argentinos aún no han convocado a testigos ni sospechosos

El 14 de febrero de 2025, el presidente Javier Milei promocionó la criptomoneda ‘$LIBRA’ en su cuenta de la red social X. Horas más tarde, la memecoin colapsó, provocando pérdidas multimillonarias a más de 44.000 inversores en Argentina y el mundo. Un año después de aquella publicación en las redes sociales –que el Presidente luego dijo en una entrevista con el canal Todo Noticias (TN) que había compartido “como ciudadano”– los tribunales argentinos aún no han citado a testigos ni sospechosos en el caso iniciado por los inversionistas afectados. Hace varias semanas, la Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones porteña ordenó al juez Marcelo Martínez de Giorgi actualizar los montos sujetos a embargo dentro de los próximos 90 días. El fallo, firmado por los jueces de apelación Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, responde a un pedido de la acusación particular liderada por el abogado y diputado nacional Juan Grabois, quien argumentó que los congelamientos de activos impuestos a Hayden Davis, Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy fueron fijados en niveles demasiado bajos. Martínez de Giorgi, quien lleva el caso (que inicialmente fue investigado por la jueza María Servini), había fijado embargos en poco menos de 37 millones de pesos para Davis, Novelli y Terrones Godoy. En los días previos al lanzamiento de $Libra, Terrones Godoy abrió dos cajas de seguridad en la sucursal Martínez del Banco Galicia. El primer día hábil después del 14 de febrero, él, junto con su madre y su hermana, supuestamente sacaron una mochila y una bolsa llena de contenido, según Página/12, que dijo que había accedido a imágenes de cámaras de seguridad. Los jueces de apelación instruyeron a Martínez de Giorgi a “fijar una garantía financiera prudente y acorde a esa realidad”. “A tal efecto, en cada caso deberá evaluarse una suma que, de acuerdo con la magnitud e impacto de los hechos, el monto del daño y el grado de participación, resulte necesaria”, afirmaron los magistrados. Los abogados Nicolás Rechanik y Yamil Castro Bianchi, parte del equipo legal de Grabois y que representan a los inversionistas que compraron el token y perdieron activos, han advertido a los tribunales sobre movimientos de fondos digitales más allá del alcance de la investigación. El año pasado, días antes de que se impusiera el primer congelamiento de activos, las autoridades detectaron que Novelli y Terrones Godoy realizaban transferencias por hasta 500.000 dólares en criptomonedas. Los tribunales argentinos también deben decidir si aceptan a dos ciudadanos bielorrusos –Krasutskaya Sviatlana Vitalevna y Lapchenko Vladislav Andreevich– como demandantes. Afirman haber perdido alrededor de 2 millones de dólares en el comercio de $LIBRA. Un caso separado sobre el presunto fraude se está tramitando ante la jueza estadounidense Jennifer Rochon en el Distrito Sur de Nueva York. “La plausibilidad de la reclamación y el riesgo de demora invocado, si no se llevan a cabo simultáneamente con la investigación, en última instancia socavarán la naturaleza de las medidas cautelares ordenadas en esta etapa preliminar”, escribieron Bruglia y Bertuzzi. Tras el tweet del 14 de febrero de 2025 que promocionaba $LIBRA, el precio del token subió de 0,01 dólares estadounidenses a 5 dólares estadounidenses pocas horas antes de colapsar, dejando a miles de inversores enfrentando pérdidas. Otros, sin embargo, obtuvieron ganancias multimillonarias. Los nombrados en la denuncia incluyen a Milei; su hermana y jefa de gabinete presidencial, Karina Milei; el empresario Julian Peh (nombre real Peh Chyi Haur); así como Davis, Terrones Godoy, Sergio Morales Morales –exfuncionario de la Comisión Nacional de Valores que fue destituido de su cargo tras el escándalo–, Novelli y miembros de su familia.