En duda el juicio por la desaparición de un niño de cinco años

Han pasado veinte meses desde la desaparición de Préstamo Danilo Peña y nada se ha solucionado. No sólo nadie sabe qué pasó con él, sino que tampoco se ha especificado nada sobre el inicio del juicio contra los presuntos responsables. La fecha prevista para la audiencia preliminar -el 7 de octubre de 2026- ahora está en duda y el propio Tribunal Oral Federal de Corrientes debe decidir cuándo comienza uno de los juicios más sensibles de los últimos años. Esta semana se llevó a cabo una audiencia en el auditorio de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Nordeste. Allí, los jueces Fermín Amado Ceroleni, Simón Pedro Bracco, Eduardo Ariel Belforte y el magistrado suplente Enrique Bosch encabezaron una audiencia clave, destinada a ordenar las pruebas y fijar las reglas del futuro debate. El objetivo formal era técnico: limpiar el expediente, limitar la prueba a lo relevante y evitar que el juicio se prolongara innecesariamente. Por esa razón, el tribunal otorgó una prórroga de 15 días a las partes para que revisen sus ofertas y ajusten sus estrategias. Confirmó además que el proceso sería presencial y se espera que dure varios meses. Sin embargo, el punto principal de la audiencia cambió cuando el fiscal general Carlos Adolfo Schaefer tomó la palabra y pidió revisar el cronograma. El funcionario judicial advirtió que el caso exige una respuesta urgente por parte del tribunal y recordó que el niño continúa desaparecido. Su petición no sólo fue secundada por los denunciantes sino también por algunos abogados defensores. La moción obligó al tribunal a retractarse de su propia decisión. Luego de un receso, los jueces anunciaron que reconsiderarán la fecha inicial e informarán el nuevo cronograma cuando se admitan las pruebas. Esto dejó el juicio sin inicio confirmado y abrió la posibilidad de una fecha anterior. La audiencia también dejó expuesta otra disputa menos visible, pero igualmente relevante. Schaefer cuestionó las limitaciones al trabajo conjunto de fiscales y funcionarios judiciales, al afirmar que el trabajo en equipo no sólo está permitido por la ley sino que también fortalece la investigación y garantiza su eficacia. Incluso dijo que, de mantenerse esa restricción, recurrirá ante el Tribunal de Casación. En paralelo, la fiscal general adjunta Tamara Ahimará Pourcel esbozó la estrategia probatoria. Señaló que la Fiscalía del Estado tiene previsto citar a declarar a más de 100 testigos y que, dependiendo de la postura de las defensas, ese número podría aumentar. Los demandantes, a su vez, pidieron nuevas medidas, entre ellas una reconstrucción de los hechos y un análisis de las comunicaciones entre los imputados, lo que sugiere un debate centrado no sólo en lo sucedido sino también en el comportamiento posterior.