Inicia juicio en ARA San Juan para determinar responsabilidad penal

Las diligencias del juicio por el hundimiento del submarino ARA San Juan comenzaron este martes en Río Gallegos, provincia de Santa Cruz, sede del Tribunal Oral en lo Penal Federal que determinará las posibles responsabilidades penales por la tragedia de noviembre de 2017. Luis Tagliapietra, abogado que representa a los familiares de las víctimas que actúan como demandantes privados y padre de uno de los 44 tripulantes fallecidos, dijo que la sesión inaugural estuvo dedicada a la lectura formal de la acusación y cuestiones procesales. “La lectura se está realizando y los distintos partidos tomarán la palabra en caso de que alguno de ellos tenga cuestiones preliminares que plantear”, dijo a Noticias Argentinas. “El tribunal debe pronunciarse sobre esas cuestiones. Esto probablemente concluirá la audiencia de hoy. Mañana el juicio continuará con el testimonio de los testigos”. El caso buscará establecer responsabilidades por la muerte de los 44 tripulantes del submarino. Cuatro exjefes de la Armada Argentina se encuentran entre los acusados ​​de cargos que incluyen presunto incumplimiento de los deberes de un cargo público, negligencia profesional y destrucción negligente agravada con resultado de muerte. Tanto los fiscales como los demandantes privados argumentan que el barco sufrió un mantenimiento negligente, señalando fallas críticas y alegando que pudo no haber estado en condiciones óptimas en el momento de su último viaje. Se espera que testifiquen más de 100 testigos. Las pruebas también incluirán imágenes clasificadas del descubrimiento del submarino por parte de Ocean Infinity, que permanece bajo secreto militar, así como el testimonio de un experto vinculado a ThyssenKrupp, el grupo industrial y tecnológico alemán conocido por su ingeniería y producción de acero. Las audiencias se extenderán hasta el viernes 6 de marzo y se reanudarán dos semanas después. Se espera que las sesiones se celebren cada dos semanas y que se pueda emitir un veredicto en julio. Se han dejado de lado otros aspectos del caso más amplio, incluidas las acusaciones de espionaje ilegal contra familiares de las víctimas. Esas investigaciones fueron archivadas por el Tribunal Supremo y se desestimó el proceso contra los ex funcionarios implicados. – TIEMPOS/NA