CGT impugna en los tribunales parte de la reforma laboral de Milei

La CGT, la principal federación sindical de Argentina, ha presentado un recurso ante los tribunales impugnando parte de la reforma laboral del presidente Javier Milei, que fue aprobada recientemente por el Congreso. La Confederación General del Trabajo (CGT) pide suspender la implementación de la reforma hasta que se reconsidere la jurisdicción encargada de atender los reclamos laborales. Los tribunales laborales nacionales de Argentina a menudo son criticados por sectores de la comunidad política y empresarial, que argumentan que son parciales y tienden a fallar mayoritariamente a favor de los sindicatos o de los trabajadores que entablan demandas. En su presentación, la CGT solicita que los casos permanezcan bajo la jurisdicción laboral nacional y no sean transferidos a los tribunales laborales de la Ciudad de Buenos Aires. La federación sostiene que la transferencia de autoridad tiene como objetivo el “aniquilamiento del Poder Judicial Nacional del Trabajo” en lo que califica como una acción “de represalia” contra jueces que han emitido sentencias que “desde ciertos puntos de vista no son conformes”. La reforma laboral, criticada por la oposición y los sindicatos, reduce las indemnizaciones a los trabajadores, permite pagos en especie (bienes o servicios), limita el derecho de huelga y permite jornadas laborales de hasta 12 horas sin pago de horas extras, entre otras medidas. Este es el primer recurso legal de la CGT contra la “Ley de Modernización Laboral” del presidente Milei. El caso fue radicado ante el Juzgado Federal en lo Contencioso Administrativo N° 7. Sus dirigentes ya habían advertido que seguirían una estrategia judicial para impugnar la reforma. Una segunda presentación “seguirá en otra acción judicial que aún está en preparación”, dijo a la AFP uno de los abogados que trabajó en el documento bajo condición de anonimato. La CGT se juega todo el capital político que tiene a frenar la ley en los tribunales. El Colegio de Abogados del Estado fue el primero en presentar el lunes una demanda colectiva contra la ley. La semana pasada, cientos de personas convocadas por la CGT marcharon por todo el país en rechazo a la reforma, y ​​la manifestación más grande tuvo lugar frente a un juzgado de Buenos Aires. Milei dijo que la ley busca crear “un ambiente que facilite la contratación, impulse la inversión y permita registrarse [or formal] el empleo vuelva a expandirse”. Según datos del gobierno, alrededor del 43 por ciento de la fuerza laboral trabaja en la economía informal. La ley se aprobó en medio de una desaceleración de la actividad industrial, con más de 21.000 empresas cerrando en los últimos dos años y alrededor de 300.000 puestos de trabajo perdidos, según fuentes sindicales. – Noticias relacionadas con TIMES/AFP/NA