10 claves de la actualización del informe de la Misión de la ONU sobre Venezuela tras el 3 de enero

La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela presentó su informe oral de actualización ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra. En esta presentación, que abarca los eventos ocurridos entre septiembre de 2025 y marzo de 2026, la experta María Eloísa Quintero analizó el impacto de la captura de Nicolás Maduro y el inicio de la gestión de Delcy Rodríguez. Aunque se reconocen las excarcelaciones y la Ley de Amnistía, la Misión advierte que las estructuras de persecución institucional no han sido desmanteladas. A continuación, en Efecto Cocuyo realizamos 10 claves de la declaración de la Misión sobre la situación de los derechos humanos en el país, tras el “nuevo momento político” que se vive en Venezuela: ✔️​La maquinaria institucional permanece intacta A pesar del cambio en el Ejecutivo y la designación de Delcy Rodríguez como «presidenta encargada», la Misión subrayó que no existen indicadores de cambios o reformas estructurales en las instituciones del Estado. Los expertos recalcaron que el Poder Judicial, el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo, identificados previamente como piezas clave en la represión, no han sido revisadas. Según la experta Quintero, “la compleja maquinaria legal e institucional que instigó y facilitó la comisión de violaciones graves de derechos humanos y de crímenes internacionales (…) permanece intacta”. La Misión informó que varios funcionarios gubernamentales y militares de alto nivel, previamente designados por el organismo de la ONU, como responsables de crímenes de lesa humanidad, continúan ejerciendo altos cargos. ✔️​Detención de niños como mecanismo de presión Durante la primera fase del reporte, la Misión documentó un patrón donde las autoridades detuvieron a familiares de las personas que eran el objetivo principal de los operativos de captura. De las 135 detenciones arbitrarias registradas entre septiembre y diciembre de 2025, “un tercio de las personas detenidas eran familiares de los objetivos principales de los arrestos”. Entre estos casos, la Misión destacó la presencia de ocho niños, niñas y adolescentes, incluyendo infantes de apenas dos y cinco años de edad. ✔️​Muertes bajo custodia y falta de atención médica La Misión registró la muerte de al menos tres personas bajo la custodia del Estado durante los últimos meses de 2025. Las investigaciones iniciales de los expertos sugieren que estas muertes “podrían derivarse de condiciones de salud que no fueron oportunas y debidamente atendidas” por parte de las autoridades penitenciarias o de seguridad. ✔️​La ilegalidad de la operación militar del 3 de enero Al abordar el ataque militar de Estados Unidos en el que fueron capturados Nicolás Maduro y Cilia Flores, la Misión fijó su posición jurídica. Aunque el organismo reiteró que existen motivos razonables para creer que Maduro es responsable de crímenes de lesa humanidad, indicó que “la operación militar estadounidense del 3 de enero de 2026 violó el derecho internacional”. La experta Quintero insistió en que el hecho de que Maduro sea investigado por crímenes internacionales no justifica una intervención militar al margen de los tratados vigentes. La Misión señaló que todos los actores que participan en el sistema de represión deben rendir cuentas, pero siempre mediante un proceso judicial con las debidas garantías. ✔️​Incertidumbre y opacidad en las cifras de excarcelados Si bien la Misión registró como un «acto positivo» el proceso de excarcelación masiva tras la llegada de Delcy Rodríguez, advirtió sobre la imposibilidad de verificar los datos suministrados por el Ejecutivo. Mientras Rodríguez cifró los liberados en 626 para el 23 de enero, las organizaciones civiles manejan números significativamente menores. La Misión señaló que “las cifras oficiales sobre las personas encarceladas y excarceladas son problemáticas y no pueden ser corroboradas”. ✔️​Críticas a la celeridad y exclusión en la Ley de Amnistía Sobre la Ley de Amnistía sancionada el 20 de febrero, la Misión expresó reservas técnicas. El informe oral señala que la ley fue adoptada en un plazo acelerado que impidió una consulta transparente e inclusiva con las víctimas y las organizaciones de la sociedad civil. Además, cuestionaron que “la Ley no reconoce la responsabilidad del Estado por violaciones de derechos humanos” ni establece mecanismos de búsqueda de la verdad. Señalaron que la normativa sigue caracterizando a las víctimas de la represión como delincuentes, omitiendo su derecho a una reparación efectiva por los daños sufridos durante su detención. ✔️​El alcance restrictivo que excluye a militares y exiliados La Misión denunció que la Ley de Amnistía es «arbitrariamente restrictiva» y deja por fuera a un gran número de personas. Específicamente, el texto legal excluye a procesados ​​por presuntas “acciones armadas o de fuerza” contra la soberanía, una acusación recurrente contra militares. Quintero recordó que “no se requiere de esta ley para excarcelar a quien ha sido privado ilegítimamente de su libertad”, e instó a las autoridades judiciales a aplicar liberaciones incondicionales para todos los detenidos arbitrariamente. ✔️​Persecución por «celebrar» la captura de Maduro En la fase posterior al 3 de enero, la Misión registró al menos 87 nuevas detenciones que demuestran la continuidad de la represión y el control social. Entre estos casos, la Misión informó que “al menos 27 personas fueron arrestadas por presuntamente celebrar la detención de Nicolás Maduro, incluidos 15 niños”. ✔️​Represalias contra funcionarios del Cicpc Un elemento resaltante en el informe es la denuncia de detenciones dentro de los cuerpos de seguridad del Estado. La Misión recibió informes sobre el arresto de aproximadamente 30 funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) y sus familiares. Según la información recabada por los expertos, estas ocurrieron después de que los agentes “presuntamente se acciones negaron a falsear la evidencia relacionada con el ataque militar del 3 de enero”. El director de la policía científica, Douglas Rico, desestimó esta denuncia el pasado 24 de febrero y calificó como “fake news” la publicación de esta información en redes sociales y algunos medios de comunicación. ✔️​Permanencia de victimarios y leyes de persecución La Misión alertó que las estructuras y alianzas represivas solo están mutando para adaptarse a la nueva realidad. Instrumentos jurídicos como la Ley contra el Odio y la Ley de Fiscalización de las ONG se mantienen plenamente en vigor, sirviendo de base para la persecución política actual. Quintero denunció que los responsables de violaciones graves “continúan ejerciendo altos cargos en el ejecutivo y en las fuerzas de seguridad”. Mientras estas figuras no sean removidas y estas leyes no sean derogadas, la Misión sostiene que las perspectivas de garantías plenas para la democracia siguen siendo remotas.