Amnistía Internacional alerta que Ley de Amnistía en Venezuela favorece al Estado

La Ley de Amnistía aprobada en febrero por el Parlamento venezolano, de mayoría chavista, busca perdonar al «mismo Estado», dijo a EFE el director de Amnistía Internacional Venezuela, Marcos Gómez, quien expresó su preocupación por esta norma que, en teoría, abarca el período de 1999 a 2026, pero en la práctica solo incluye 13 hechos específicos. «Es algo súper importante y útil, pero su principal función es perdonarse el mismo Estado desde el olvido», sentenció el activista, de visita en Paraguay, quien advirtió que para la aplicación de esta ley no se ha construido «un proceso de establecimiento de verdad para que no vuelva a repetirse esto nunca». Con esta norma, opinó, «el Estado trata al máximo de resolver un peso muy grande que tiene y trata de simular una justicia, haciendo un poco caprichoso el proceso en que la gente puede obtener la libertad». de esas retenciones. En ese sentido, criticó que se haya «colocado a las familias a hacer peticiones, a rogar» sin que haya «ninguna garantía» de que eso «acabe con los patrones de violaciones de derechos humanos tan graves que ocurrieron en Venezuela». las manifestaciones ocurridas en 2004, en mayo de 2007, de julio a septiembre de 2009, en 2013, entre marzo y agosto de 2017 y en medio de las elecciones de 2024 y de 2025. También abarca los acontecimientos relacionados con las actuaciones del Parlamento entre 2016 y 2021 -dominado ese quinquenio por la oposición- y el desconocimiento en ese entonces de las instituciones y autoridades. públicas.InversionesGómez inscribió la amnistía en el contexto del «debido proceso» y la «seguridad jurídica que debería tener cualquier inversionista internacional que quiera ir a Venezuela», lo que es parte de las conversaciones entre el Gobierno de Donald Trump y la Administración encargada de Delcy Rodríguez tras la operación militar de enero, en la que fue capturado Nicolás Maduro.«Pero -advirtió- lo que no se está tomando en cuenta es que esto es una trampa si simplemente se construye alrededor de un autoritarismo judicial, una capacidad del Ejecutivo de involucrarse y decidir quién queda en libertad». En ese sentido, aseguró que están «muy preocupados de que solo 690 personas han sido deliberadas» y, criticó que «el resto de las cifras anunciadas se trata en realidad de propaganda alrededor de personas ya excarceladas a las que se mantenía bajo régimen de presentación». También pidió que se publique el listado general de detenidos. «El propio Estado no tiene una claridad del alcance de su represión. Ellos no tienen un listado central con el que permite a organismos, a la comunidad internacional, verificar que efectivamente la gente está liberada», denunció. De igual forma, advirtió que «la maquinaria de terror para reprimir, para encarcelar, fue realmente súper arbitraria» en Venezuela. la sociedad civil en el momento actual «es clave» para no reproducir patrones autoritarios. Para Gómez, el país vive el efecto de unos acuerdos de dos Gobiernos, en alusión al de EE.UU. y el de Venezuela, «enfocados, principalmente, en el plano de negocios y obviamente de minerales». separación de poderes, que es larga, pero seguridad jurídica a cada persona, a cada emprendedor, a cada persona que puede ayudar a mejorar la sociedad; “En esa medida vamos a tener definitivamente un país que puede ser tan grande como la riqueza que tiene su subsuelo”, concluyó.EFE