Amnistía selectiva sigue lógica de control político, advierten analistas

A unos presos políticos sí ya otros no. Así van aplicando la comisión especial designada por la Asamblea Nacional (AN) y los tribunales la amnistía, a partir de la ley sancionada el 19 de febrero. En libertad plena, tras una prisión injusta, están dirigentes como Juan Pablo Guanipa, de Primero Justicia, y Freddy Superlano, de Voluntad Popular, además de otros activistas como María Oropeza, de Vente Venezuela (VV), y defensores de derechos humanos. Pero a otros como el asesor legal de VV, Perkins Rocha, que cumple arresto domiciliario y la periodista Nakary Mena ya su medidas esposo Gianni González (excarcelados con cautelares) se les negó el “perdón”. El presidente de la AN, Jorge Rodríguez, lo justifica: el artículo 9 de la Ley de Amnistía es claro respecto de que quienes han invocado o apoyado agresiones externas contra el país quedan excluidos. Asimismo, hay hechos que no están contenidos en la ley, el artículo 8 contempla 13 eventos en los que el chavismo considera que se cometieron delitos. Rodríguez invitó a los afectados a apelar la decisión. ONG como Provea han señalado que las personas mencionadas y otros casos sí deben entrar en la aplicación de la ley porque cumplen con los parámetros y cuestionan que la amnistía sea “selectiva”. Para analistas políticos consultados por Efecto Cocuyo, esto va más allá: el chavismo se resiste a ceder el control en su totalidad, confiado en que, por ahora, Estados Unidos le da prioridad al tema petrolero y energético. Adaptar el sistema, no desmontarlo”La forma en que se está aplicando la amnistía, de forma selectiva, dosificada y con exclusiones, no responde a una lógica de justicia transicional, sino de control político. No es una amnistía para cerrar el conflicto, sino para administrarlo. El régimen interino, incluso bajo la actual presión y tutelaje de USA, está utilizando la amnistía como un instrumento de gobernabilidad interna con tres objetivos claros. El primero, regular la tensión política: libera lo suficiente para descomprimir, pero no la totalidad como para perder control”, sostiene el consultor político, Luis Toty Medina Gil. Para el CEO de la firma Poliestrategia, el gobierno encargado de Delcy Rodríguez busca con dicho proceder mantener capacidad de negociación, puesto que cada preso político, afirmó, sigue siendo una ficha intercambiable en el tablero. “En tercer lugar, busca una apertura desordenada: no se trata de desmontar el sistema, sino de adaptarlo En ese sentido, sí es plenamente compatible esa discrecionalidad desde el poder con el tutelaje. O sea, Washington presiona por gestos, pero el chavismo define el ritmo, el alcance y los límites en que hace las concesiones. En resumen, la amnistía hoy no es una señal de democratización, sino de sofisticación del control”, subrayó. Al coordinador nacional de VV, Henry Alviarez, igualmente se le negó la amnistía. La misma suerte corrieron los seis sindicalistas que estuvieron presos en la sede de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en La Yaguara, condenados a 16 años de prisión por conspiración y asociación para delinquir. Reynaldo Cortés, Alcides Bracho, Emilio Negrín, Gabriel Blanco, Alonso Meléndez y Néstor Astudillo fueron excarcelados en 2023. ¿Por qué EEUU lo tolera? A juicio del politólogo, Piero Trepiccione, pese a los defectos de la ley y del proceso de aplicación de la amnistía, es un avance porque ha permitido la salida de prisión de personas que no debían estar allí. Recordó que una amnistía aplicada adecuadamente sirve para reconstruir el ejercicio de la confianza entre actores políticos y sociales y la pluralidad en democracia. “Se sigue jugando a la realpolitik, al uso discrecional de los criterios. Se envían señales confusas, se retraen, retroceden, por lo que la velocidad de los pasos de la amnistía depende del cálculo político de quienes están Miraflores. De allí la importancia de que con trabajo organizativo, la sociedad civil y los partidos deben hacer más visible el tema para tratar de incidir, subir el costo político de esas acciones y que generen un mayor impacto en el territorio”, expresó. Este 17 de marzo, se denunció además que María de los Ángeles Castillo, presa política de Lara, a quien se le había concedido libertad plena el 24 de febrero, fue detenida mientras circulaba por un puesto de control en el estado Táchira, desde donde saldría del país hacia Perú para reencontrarse con su familia. Castillo fue vinculado al activismo a favor de la líder política Maria Corina Machado.Tribunal negó amnistía a la periodista Nakary Mena ya su esposo, Gianni González¿Pero por qué EEUU, país que ejerce un tutelaje sobre el gobierno encargado de Venezuela desde el 3 de enero, tolera que sigan existiendo presos políticos, pese a ser las liberaciones una solicitud expresa del presidente Donald Trump? “Aquí está la clave geopolítica. Hoy, la prioridad de la Casa Blanca no es la democratización inmediata de Venezuela, sino estabilidad política, flujo energético (petróleo), control migratorio y evitar un colapso caótico. En ese marco, los DDHH pasan a un segundo plano táctico, no desaparecerán, pero se subordinan. Y en tanto el chavismo coopera en lo económico, mantiene estabilidad y avance mínimamente en gestos políticos; en esa misma medida tendrá margen para administrar la represión, no para eliminarla”, advierte Medina Gil.Trepiccione insiste en que desde la sociedad venezolana se debe abrir el compás para que el proceso que partió de la extracción de Nicolás Maduro y Cilia Flores, el 3 de enero, vaya más allá del tema económico porque EEUU no se va a involucrar más en el terreno. “EEUU privilegia el factor económico, lo que no significa que no tenga preocupación por lo político, pero este tema requiere más articulación con sectores partidistas, con la sociedad, de una mayor visibilización”, apuntó el politólogo. ¿Se puede retroceder más? En declaraciones desde el Palacio Legislativo, el jefe del Parlamento, Jorge Rodríguez, aseguró que, del total de casos evaluados por la comisión especial que hace seguimiento a la aplicación de la Ley de Amnistía, solo un 24% se le ha negado la medida y que, a la fecha, 7.580 personas han sido beneficiadas. Las cifras de liberados y excarcelados que manejan las ONG es mucho menor. Foro Penal ha podido verificar hasta el 13 de marzo, solo 690 presos políticos excarcelados. También ha denunciado que los tribunales desobedecen la ley aprobada por el Parlamento y niegan la amnistía de forma arbitraria. Las ONG también han alertado sobre graves condiciones de salud de varios presos políticos, por lo que se pide que se aceleren los procesos de liberación para que puedan atenderse adecuadamente. “Lo que estamos viendo es un modelo de apertura controlada reversible o adaptable, donde pueden coexistir liberaciones parciales junto con nuevas detenciones selectivas, dependiendo del momento político. Esto no es contradictorio, es funcional, la amnistía selectiva es un mecanismo de control, no de apertura real”, recalca Medina Gil. Desde su punto de vista, el “autoritarismo con concesiones” puede estabilizarse en el tiempo o incluso las señales de apertura pueden ser revertidas si cambian las circunstancias de presión externa de EEUU sobre el interinato. El riesgo existe, asegura. Trepiccione, si bien descarta que los ciudadanos vuelvan a sufrir oleadas de represión como las experimentadas luego de las elecciones presidenciales de 2024 y antes del 3 de enero de 2026, coinciden en que siempre habrá riesgos. Antes de la captura de Maduro, por ejemplo, era impensable que una marcha de trabajadores y sindicalistas rompiera una barrera policial para llegar a la AN y exigir mejores salarios, como la que ocurrió el 12 de marzo. Pero el deseo de cambio sigue vigente, por eso hay que repolitizar a la sociedad para acelerarlo porque desde el gobierno se trata de ralentizar, para que no sea tan rápido”, advirtió. Este 17 de marzo, el ministro del Interior y Justicia, Diosdado Cabello, ratificó la orden de que cada circuito comunal, calculada en más de 5.000 en todo el país, se convertirá en un cuadrante de paz, donde la llamada fusión cívico-policial-militar “garantice” la seguridad en las comunidades. Las dotas de patrullas y teléfonos para que las bases del chavismo reporten cualquier incidente. Aseguró que actualmente dichos cuadrantes tienen una cobertura del 70% en todo el país.