Informe: Gobierno de Milei no apoya campaña para restaurar identidades dictatoriales

Grupos de derechos humanos han acusado al gobierno de Argentina de no apoyar los esfuerzos para identificar a personas que sospechan que pueden ser hijos de víctimas de la última dictadura militar del país. Según fuentes citadas en un informe de la agencia de noticias española EFE, la administración del presidente Javier Milei ha detenido efectivamente la distribución de kits de pruebas de ADN a sus consulados en el extranjero, una medida que podría obstaculizar cualquier intento de los ciudadanos extranjeros de descubrir su verdadera identidad. Los kits de ADN, utilizados para recolectar muestras de sangre para verificación de identidad, se habían enviado rutinariamente al extranjero durante casi dos décadas, lo que permitía a personas que no podían viajar a Buenos Aires acceder a las pruebas. Fueron devueltos a Argentina vía valija diplomática. Pero desde que Milei asumió el cargo en diciembre, los envíos han cesado en gran medida, dijeron a Efe fuentes, y las investigaciones de identidad se desarrollan ahora sólo a través de canales judiciales formales. Los funcionarios del gobierno no respondieron a las solicitudes de confirmación. El acontecimiento se produce en medio de una reestructuración más amplia del aparato de derechos humanos de Argentina, incluidos cambios en la Subsecretaría de Derechos Humanos y despidos que afectan a las agencias involucradas en las investigaciones. Organizaciones y activistas de derechos humanos expresaron esta semana su preocupación de que la suspensión perturbe una red internacional de larga data, apoyada por el Estado, dedicada a localizar a niños que fueron secuestrados por las fuerzas de seguridad durante la dictadura militar de 1976-1983 y entregados a otras familias. Se cree que alrededor de 400 bebés fueron apropiados durante ese período, y aproximadamente 300 personas podrían seguir viviendo con identidades falsas, según estimaciones de grupos de derechos humanos. En un comunicado, Abuelas de Plaza de Mayo expresó alarma y llamó a las autoridades a actuar. “Expresamos nuestra preocupación y solicitamos que las autoridades, en particular la Cancillería, tomen las medidas necesarias para resolver rápidamente este asunto”, dijo el grupo en un comunicado público. Agregó que espera que la designación de un nuevo subsecretario de derechos humanos ayude a “regularizar esta situación y muchas otras que obstaculizan la búsqueda y garantía del derecho a la identidad”. El grupo de derechos humanos destacó que “el delito de apropiación sólo termina cuando la víctima y su familia saben la verdad”, advirtiendo que los obstáculos a las pruebas de ADN corren el riesgo de prolongar décadas de búsqueda de familiares desaparecidos. –Noticias relacionadas con TIMES/PERFIL