#100DíasDeDelcyRodríguez en el poder: gestos de apertura sin reformas estructurales en derechos humanos

El 3 de enero de 2026 inició la gestión de Delcy Rodríguez como presidenta encargada de Venezuela. Sus primeros 100 días fueron evaluados por expertos y defensores de derechos humanos bajo una mezcla de expectativa e incertidumbre, el equilibrio refleja una dualidad entre medidas de distensión política y la permanencia de un aparato institucional diseñado para la restricción de libertades fundamentales. Las organizaciones de la sociedad civil advierten que, si bien la visibilidad de las prácticas represivas ha disminuido, los mecanismos de control social y judicial no han sido desmontados. los derechos humanos. Expertos coinciden en que la administración de Rodríguez ha priorizado la proyección de una imagen de normalización y reconciliación ante la comunidad internacional, especialmente para flexibilizar las relaciones con actores externos. No obstante, la ausencia de una arquitectura democrática definitiva y de una reforma judicial profunda mantiene en duda la sostenibilidad de los cambios anunciados desde el Ejecutivo. Beatriz Borges, abogada y coordinadora del Centro de Justicia y Paz (Cepaz), y Oscar Murillo, coordinador general de la ONG Provea, en una entrevista para Efecto Cocuyo, analizan el estado actual de las libertades ciudadanas, el sistema de justicia y la situación de los presos políticos. Ambos defensores enfatizan que la voluntad política de cambio debe medirse a través de la institucionalización de las garantías y no únicamente mediante gestos aislados que pueden revertirse. El andamiaje represivo La aprobación de la Ley de Amnistía y la liberación de algunos ciudadanos detenidos por motivos políticos representan los hitos más visibles de la gestión de Rodríguez. Sin embargo, los defensores de derechos humanos señalan que estas medidas son insuficientes mientras el sistema judicial continúa subordinado al poder ejecutivo. Oscar Murillo destaca que, pese a la importancia de estas libertades para las familias, el proceso ha sido parcial. «Cientos de personas continúan tras las rejas ya otras les ha sido negada la amnistía por parte de los tribunales encargados, ello prueba que la urgente tarea de desmantelar el andamiaje represivo y cesar la instrumentalización del sistema de justicia con multas políticas, aún no ha comenzado en Venezuela», aseguró. La persistencia de restricciones judiciales sobre los beneficiarios de estas medidas es otro punto de preocupación. Muchos de los ciudadanos que han salido de los centros de reclusión no gozan de una libertad plena, sino que enfrentan medidas cautelares que limitan su accionar público. Beatriz Borges explica que «muchos siguen con prohibición de salida del país, de declarar públicamente, de ejercer cargos», y añade que en las últimas semanas «el ritmo de excarcelación ha bajado significativamente». Para la coordinadora de Cepaz, los jueces y fiscales siguen actuando bajo directrices políticas, situación que evidencia que la estructura de persecución permanece intacta. La falta de transparencia en la aplicación de los beneficios procesales impide una evaluación clara del alcance de la amnistía. Murillo advierte que no existen mecanismos independientes para supervisar el cumplimiento de la ley, lo que permite que el sistema de justicia mantenga el control sobre los procesos viciados. La gestión interna, según los expertos, ha realizado anuncios de rectificación y diálogo, pero no ha derogado los instrumentos legales utilizados para la criminalización, como el Decreto de Estado de Conmoción Exterior o las leyes que cercan el espacio cívico. El escrutinio internacional y la instrumentalización de la justiciaPara los expertos la relación de la administración de Delcy Rodríguez con los organismos internacionales de protección de derechos humanos se mantiene bajo una lógica de conveniencia política. Aunque existe una apertura para el ingreso de misiones técnicas, ambos defensores de derechos fundamentales denuncian que se trata de un vínculo instrumental. Beatriz Borges afirma que «se permite presencia cuando conviene y se bloquea cuando estos organismos incomodan al poder». En este contexto, señala, la labor de la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU resulta crucial para documentar que los patrones de persecución no han desaparecido, aunque hayan bajado su perfil público para evitar represalias internacionales. Para Borges, el aumento en la cantidad de testimonios brindados por las víctimas ante organismos internacionales refleja una búsqueda de justicia que no encuentra respuesta en las instituciones del país. La abogada señala que «los organismos internacionales de justicia para las víctimas siguen cerrados y no hay investigaciones internas abiertas, no hay reconocimiento de esos crímenes y no hay mecanismos que ayuden a ese proceso de justicia, verdad y reparación». La experta sostiene que las medidas adoptadas por el gobierno interino buscan proyectar un éxito comunicacional sin abordar la impunidad estructural que protege a los responsables de graves violaciones. Por su parte, la expectativa por el establecimiento pleno de la oficina del Alto Comisionado de la ONU y la continuidad de las investigaciones de la Corte Penal Internacional (CPI) marcan la agenda de los próximos meses. La comunidad internacional, dice Borges, es instalada a no interpretar las excarcelaciones como una señal suficiente de apertura. La advertencia de los defensores es clara: “sin una reforma judicial verificable y la independencia de poderes, los avances registrados pueden ser meros maquillajes que preceden a una nueva contracción del espacio cívico”. La criminalización de la exigencia laboralMás allá de los derechos civiles y políticos, la gestión de Rodríguez enfrenta el reclamo por los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (Desca). La situación de los trabajadores y pensionados se mantiene en una precariedad que no ha sido resuelta con los anuncios económicos recientes. Oscar Murillo resalta que la voluntad del Estado es cuestionable tras la represión registrada en manifestaciones sindicales: «Tras el anuncio de aumento salarial hecho por Delcy Rodríguez el pasado miércoles y la represión registrada en la marcha de sindicatos este jueves, la duda sobre la voluntad del Estado para cumplir su deuda con los derechos sociales sigue creciendo», apuntó.La ausencia de una metodología clara para la fijación del salario mínimo, que debería de un diálogo social tripartito, profundiza la desconfianza en la gestión económica del interinato. Según el coordinador de Provea, no existe una intención manifiesta de recuperar la institucionalidad laboral, lo que implicaría derogar normativas restrictivas como el Instructivo de la Onapre y el Memorando 2792. «Debería ser una prioridad de la agenda oficial la urgente reconstrucción de la remuneración de los trabajadores y las pensiones de vejez y jubilación», sostiene Murillo, y enfatiza que el nuevo momento político debe traducirse en mejoras tangibles para la población.Finalmente, el riesgo de normalización de la crisis es una de las mayores preocupaciones para las organizaciones de derechos humanos. Los expertos advierten que el cambio de liderazgo en el Ejecutivo no garantiza por sí solo el respeto a las libertades si no se desmontan las leyes «antisociedad» que restringen el derecho a la asociación. La transición democrática, concluyen, requiere necesariamente de justicia transicional, rendición de cuentas y la convocatoria a elecciones con garantías verificables, elementos que hasta la fecha no forman parte de una reforma institucional sólida bajo la actual gestión.