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Fiscalía desconoce amnistía y continúa investigación contra activista de DDHH Martha Lía Grajales
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Fiscalía desconoce amnistía y continúa investigación contra activista de DDHH Martha Lía Grajales

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AME8657. CARACAS (VENEZUELA), 08/08/2025.- La activista Martha Grajales habla en una manifestación este viernes, en Caracas (Venezuela). ONG venezolanas denunciaron esta la detención de Grajales luego de participar en un “acto de desagravio” a las afueras de las oficinas en la ONU, en Caracas, en apoyo a los familiares de presos políticos que fueron agredidos el martes cuando hacían una vigilia ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para exigir la revisión de los casos de sus parientes. EFE/ MIGUEL GUTIÉRREZLa activista de derechos humanos Martha Lía Grajales, pese a haber sido amnistiada el 22 de febrero de 2026 por el Juzgado Primero de Control con competencia en delitos asociados al terrorismo, recibió notificación de que aún sigue bajo investigación por parte de la Fiscalía 52 Nacional, denunció el colectivo Surgentes, al cual pertenece.El pasado 10 de abril, la Fiscalía informó a Grajales, codirectora de Surgentes, que ni su teléfono celular ni su pasaporte le serán devueltos hasta que concluyan las experticias ordenadas. La secretaría del despacho indicó que se trata de una instrucción de “instancias superiores”. Grajales fue detenida el 8 de agosto de 2025 tras participar en un acto de solidaridad con el Comité de Madres en Defensa de la Verdad frente a la sede de Naciones Unidas. Tres días antes, el 5 de agosto, grupos parapoliciales la agredieron junto a otros activistas frente al Tribunal Supremo de Justicia, donde cumplían una vigilia pacífica por los presos políticos. En esa oportunidad le robaron su teléfono celular y su cédula de identidad. Ese mismo teléfono, obtenido de manera irregular, forma parte del expediente. Por órdenes del entonces fiscal general Tarek William Saab, el fiscal 52 la imputó por los delitos de conspiración con gobierno extranjero, asociación para delinquir e incitación al odio. La única prueba en la que se sustentó la imputación fue un ciberpatrullaje realizado al sitio web de Surgentes. Surgentes exigieron al fiscal general, Larry Devoe, que corrija de inmediato la medida del fiscal 52 y revise si esta práctica se repite en otros casos.

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