Venezuela: encrucijada geopolítica ¿Elecciones o macro ajustes económicos?

El 3 de enero pasado ocurrió un evento muy particular con respecto a Venezuela ya todo el hemisferio occidental. Luego de ese día, las consecuencias políticas y económicas que se han presentado van moldeando una realidad interna del país y un nuevo perfil exterior. Comenzamos por lo segundo. En el formato de tutelaje geopolítico que caracteriza al actual gobierno en Caracas, se han venido generando condiciones mucho más favorables en términos legales y de acoplamiento institucional y político para volver a ocupar un rol destacado como productor de petróleo global. Hoy las grandes corporaciones petroleras se están tratando de reconectar con Venezuela para aumentar progresivamente sus niveles de producción. Aunque existe aún mucha desconfianza por la viabilidad de los procesos a largo plazo y amplias dudas de algunas corporaciones en particular, que no ven la estabilidad y las condiciones necesarias totalmente consolidadas, hasta ahora, al menos con algunas de ellas como Chevron, Eni, Repsol, entre otras, se ha avanzado. En esta misma onda, Venezuela disminuyó diplomáticamente su narrativa internacional favorable a Rusia y China, amén de otros países como Irán y Turquía alineados en un contexto de reordenamiento geopolítico global. Vale decir entonces, que, apuntado hacia el exterior, el tutelaje ha modificado los parámetros manejados por Caracas desde principios del siglo XXI. Lo que puede adelantar las fases Pero, en lo interno específicamente, las cosas son diferentes. En el formato de tutelaje, Washington y Caracas hasta ahora han dado preeminencia a las modificaciones legales necesarias para apuntalar grandes cambios en la economía de Venezuela. El más emblemático está asociado a la modificación de la Ley de Hidrocarburos en una vía rápida que dejó atónitos a muchos, incluyendo a los sectores más ideologizados del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv). También la Ley de Minas se inscribe en esta misma dirección y todo parece indicar, que la Ley del trabajo está en la lista particular de modificaciones para ajustarla a la nueva realidad geopolítica del país. Hasta ahora, esa dinámica interna se ha llevado estrictamente entre conversaciones discretas y algunas no tanto, entre funcionarios de los Estados Unidos y de Venezuela. El énfasis ha sido principalmente la estabilización del país en el marco del Plan de tres fases propuesto inicialmente por el secretario de Estado norteamericano Marco Rubio. Sin embargo, ha surgido la presión social producto de las amplias demandas acumuladas de una sociedad afectada severamente por la crisis, más los anhelos de cambio legítimos que fueron restringidos a propósito de las elecciones presidenciales de 2024, cuyos resultados nunca fueron publicados de acuerdo a los parámetros de las leyes electorales vigentes, dando paso a una deriva autoritaria, con fuertes consecuencias para la convivencia pacífica y democrática de los venezolanos. Son estos, elementos que van en ebullición y probablemente incidan sobre los acuerdos que se han venido estableciendo hasta ahora. En ambos casos, la necesidad de superar los críticos indicadores sociales del país más la cristalización del deseo de cambio, son las fuerzas populares que, en articulación creciente, podrían adelantar las siguientes fases del plan original. En ello, la realización de elecciones presidenciales en un marco de mayor competitividad institucional es una demanda que irá creciendo con el paso de las semanas en paralelo a las demandas socioeconómicas de la población en general. En este eventual escenario tenemos que empezar a monitorear las narrativas del liderazgo político para orientar nuestro análisis. Reto electoral Delcy Rodríguez, a partir de su última intervención pública nacional ha apuntado su estrategia hacia dos aristas. La primera tiene que ver con el intento de consolidar la mayor cantidad posible de venezolanos alineados para pedir el cese definitivo de las sanciones, incorporando en esta oportunidad, la palabra “bloqueo”, tercerizando responsabilidades del deterioro económico del país en la última década. La segunda, introduciendo ante sus seguidores, la necesidad de modificar los parámetros de funcionamiento de la economía con la palabra “responsabilidad” en la ejecución de ajustes salariales y medidas de carácter laboral. Esto, clara dandos señales de que al no estar las finanzas públicas boyantes como para tomar medidas de carácter populista y con fuerte incidencia inflacionaria, se deben bajar expectativas y situación de explosiones sociales. Pero, a la par, fortaleciendo una narrativa que apuntale su nombre en un eventual reposicionamiento político de cara a unas elecciones en cualquiera de los escenarios hacia donde se oriente el formato de tutelaje geopolítico. La clave de esta narrativa es la “tercerización” de las responsabilidades soportadas bajo la premisa goebbeliana del “principio de la transposición” haciendo cargar sobre el adversario los propios errores o defectos. Hasta ahora, su incidencia ronda aproximadamente un tercio de la población electoral del país. Sin duda, insuficiente, para ganar una elección polarizada o poco fragmentada en Venezuela. María Corina Machado, en cambio, siendo la principal referente del liderazgo opositor y con una incidencia actual que supera los 25 puntos porcentuales frente a quien le secunda en el espectro de opinión pública nacional, ha orientado su narrativa hacia la necesidad de focalizar la realización de elecciones presidenciales para poder llevar a término los cambios que requiere el país, haciendo énfasis en la reinstitucionalización, una nueva visión ideológica para el manejo de la economía. y la concentración de las responsabilidades del deterioro económico y la migración a los factores de poder asociados al Psuv. No obstante, la viabilidad de la participación política de María Corina Machado pasa por el peso de la condicionalidad electoral asociada a las demandas de Washington en el formato de tutelaje geopolítico que se ejerce sobre Venezuela en las circunstancias actuales. Estados Unidos. Pero existe un factor clave en esta ecuación. La participación organizada del deseo de cambio nacional expresado en una reagrupación de fuerzas territoriales que, asociadas a las necesidades sociales insatisfechas y postergadas por años, puede devolver la capacidad de incidencia política a la población venezolana. El panorama, por tanto, luce complejo, pero entrelazándose variables que están enmarcadas en las tres fases del plan original. Lo cierto, es que sería muy difícil mantener la contradicción entre economía y elecciones, primero porque es una falacia, y segundo, porque se necesita reinstitucionalización y redemocratización para ofrecer estabilidad a largo plazo en un marco de respeto a la convivencia democrática y las normas en general. Si, por el contrario, se apunta a fortalecer una deriva autoritaria para enrumbar la economía sin apertura política y vuelta al pluralismo político, puede ocurrir que, las variables socioeconómicas del país junto al deseo de cambio, se conviertan en un elemento de inestabilidad mayor que representa un desafío de décadas sin respuestas eficaces al caso venezolano. Por eso, la apuesta por el formato tutelar está asociada a múltiples variables que no terminan de engranar en el corto plazo.***Las opiniones expresadas en esta sección son de entera responsabilidad de sus autores.Del mismo autor: La revancha de la democracia