Entre 2025 y lo que va de 2026, Espacio Público registra 329 violaciones a la libertad de expresión

El último informe de la ONG Espacio Público, presentado este 29 de abril, señala que durante el año 2025 se registraron en Venezuela 123 casos y 238 denuncias de violaciones a la libertad de expresión y que en lo que va de 2026 la ONG ha contabilizado 38 casos y 91 violaciones a este derecho. Estas cifras representan una disminución del 60 % en relación al total de casos y del 62 % respecto a las violaciones ocurridas en 2024. La variación de la cifra responde al alto número de casos registrados el año 2024 en el contexto de la elección presidencial del 28 de julio de 2024 y los niveles de represión generados en ese marco. El informe fue presentado por la socióloga Marysabel Rodríguez y el director de la ONG, Carlos Correa, la mañana de este miércoles. El documento compartido al gremio periodístico detalla que el periodo con mayor ocurrencia de casos fue enero, mes que acumuló el 33,33 % del total anual con 40 incidentes; un repunte que coincide con la toma de posesión presidencial y las movilizaciones convocadas en el marco de la crisis de legitimidad derivada del año 2024, tras los resultados electorales. Tras un descenso en el primer trimestre, Espacio Público observó un nuevo incremento de las violaciones a la libertad de expresión durante los meses de mayo (10,83 %) y julio (10,83 %).La intimidación se posicionó como el tipo de agresión más frecuente con 79 casos (33,19 %), seguida por la censura con 63 casos (26,47 %). Otras modalidades registradas fueron el hostigamiento judicial (14,71 %) y las restricciones administrativas (13,03 %). El Distrito Capital se mantiene como la entidad con mayor cantidad de incidentes, seguida por los estados Táchira, Bolívar, Lara y Vargas. Los casos vinculados al entorno digital representan el 53,66 % del total con 66 registros.Criminalización de la denuncia y detenciones. Las privaciones de libertad durante el año 2025 contabilizaron un total de 44 detenciones arbitrarias. La mayoría de estas medidas se aplican a personas particulares, quienes suman 24 registros (54,55 %). De ese total, 17 detenciones fueron por el uso de internet y redes sociales, evidenciándose en 14 casos el uso de delitos de instigación al odio. Las personas afectadas son principalmente trabajadores públicos, estudiantes y líderes comunitarios. “Las privaciones de libertad durante el año 2025 revelaron el uso de la detención como una herramienta de castigo directo contra el discurso crítico, contabilizando un total de 44 detenciones arbitrarias”, se lee en el informe. Un caso relevante es el del médico Alexis Zárraga, arrestado el 14 de febrero de 2025 por funcionarios del Sebin bajo acusación de instigación al odio tras publicar mensajes críticos en grupos de WhatsApp. Asimismo, el estudiante Juan Francisco Alvarado fue detenido el 20 de marzo por la Guardia Nacional Bolivariana, tras publicar denuncias en Facebook. Alvarado fue condenado a 15 años de prisión, aunque la sentencia fue anulada por la Corte de Apelaciones del estado Cojedes el 23 de enero de 2026. El 29 de agosto de 2025, la Policía Municipal de Caracas encarceló al líder comunitario Manuel Sánchez por denuncias en TikTok. En noviembre fue sentenciado a 10 años de prisión y en diciembre fue trasladado a la cárcel El Rodeo I. Espacio Público indica que existen casos que no llegan a ser denunciados formalmente por los familiares debido al temor a represalias adicionales o al empeoramiento de la situación jurídica de los detenidos. Conatel ejecutó estas medidas y confiscó equipos en estaciones como Victoria 100.9 FM y Stilos 93.1 FM en Portuguesa el 21 de febrero. El 26 de noviembre, se ordenó el cierre de La Radio 93.7 FM en el estado Vargas, alegando que la estación operaba de manera ilegal tras 12 años de trabajo. “Estas medidas, ejecutadas por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) bajo opacos argumentos administrativos, consolidan la política de asfixia a los medios locales y profundizan los desiertos informativos en el interior de Venezuela”. 44 registros (34,11 %). También se vieron afectados particulares (21,71 %), medios de comunicación (13,18 %) y ciudadanía en general (11,63 %). Del total de víctimas registradas, el 78% son hombres y el 22% son mujeres. Entre los incidentes destaca la detención del periodista Rory Branker, quien estuvo casi 7 meses en desaparición forzada hasta su excarcelación el 4 de febrero de 2026.“Esta diversificación de víctimas, que incluye también a trabajadores de páginas web, camarógrafos y miembros de ONG, da cuenta del entorno de restricción ampliado donde cualquier actor social que intente difundir información u opiniones de interés público queda expuesto a represalias”, dice el informe.El equipo de prensa del canal argentino C5N, integrado por Nicolás Monafó, Adrián Salonia y Sebastián Solís, fueron expulsados del país el 9 de diciembre. Tras aterrizar en Maiquetía, los funcionarios de migración les interrogaron y les impidieron el ingreso. Los periodistas fueron conducidos a un avión con destino a Bolivia sin recibir una explicación oficial sobre la negativa de acceso al territorio venezolano. Las operadoras privadas ocupan el tercer lugar con 26 registros (15,12 %), relacionados con bloqueos digitales. La estructura se completa con funcionarios (7,56 %) y grupos violentos (1,74 %).“Alrededor de 10 personas sin identificación hostigaron al dirigente sindical y coordinador de la Red Sindical Venezolana, Mauro Zambrano, ya la periodista María Graterol en el momento en que ambos grababan testimonios de pacientes y trabajadores del Hospital Magallanes de Catia”.El informe documenta que el 27 de julio de 2025, funcionarios del Plan República impidieron que periodistas cubrieron el sufragio de un candidato en Barquisimeto. Los efectivos permitieron solo el acceso momentáneo a reporteros gráficos y camarógrafos, impidiendo que el resto del equipo registrara declaraciones. Enero-abril 2026: nuevo momento político, mismos patronesEspacio Público documentó que entre enero y abril de 2026 se registraron al menos 38 casos y 91 denuncias de violaciones al derecho a la libertad de expresión, además de 29 detenciones arbitrarias.Según la organización, la reconfiguración del poder político tras los eventos de inicios de año no ha frenado el hostigamiento, manteniendo bajo asedio el flujo informativo mediante una arquitectura jurídica diseñada para la censura.El reporte Destaca que, aunque actualmente no hay periodistas en prisión, al menos 22 trabajadores de la prensa fueron detenidos arbitrariamente durante coberturas de calle en este primer cuatrimestre. En estos procedimientos se denunciaron agresiones físicas y el borrado de material periodístico por parte de cuerpos de seguridad. Asimismo, la ONG advierte sobre la vulnerabilidad de los infociudadanos; Destaca el caso de Yorman Acevedo (58), detenido en Yare III y acusado de instigación al odio tras realizar publicaciones críticas en TikTok y WhatsApp.Acciones inmediatas para restituir la libre expresiónFinalmente, el informe de la ONG enfatiza que la recuperación de la democracia requiere el restablecimiento de garantías mínimas para la prensa y la ciudadanía. Entre las acciones urgentes propuestas por Espacio Público se encuentran la liberación plena de todas las personas detenidas por ejercer su derecho a expresarse, la derogatoria inmediata de la «ley contra el odio» —utilizada para criminalizar el discurso crítico— y el cese de los bloqueos digitales arbitrarios impuestos por Conatel contra de comunicación y plataformas informativas. Haga clic aquí para leer el informe completo.