Por José Navarrete22 DE OCTUBRE DE 2025
Una serie de reproches a la laboral del Ministerio Público manifestaron las magistradas del 3° Tribunal Oral en lo Penal de Santiago, Claudia Andrea Santos Silva, Carolina Andrea Paredes Arizaga y María Teresa Barrientos Marabolí, en su veredicto tras el juicio por el caso SQM.
Al comunicar su decisión de absolver a los ocho acusados, la jueza que presidió la audiencia, María Teresa Barrientos, leyó la argumentación de lo acordado, haciendo hincapié en el cuestionamiento a la extensión de la investigación que se desarrolló desde 2015.
A multas de ese año la causa fue asumida por el entonces fiscal regional de Valparaíso, Pablo Gómez. Su sucesora, Claudia Perivancich, se hizo cargo al asumir una multa de 2018.
Se estimó ilícita prueba de correos electrónicos presentados y se advirtió por los términos en que se configuró la acusación.
“En los hechos número uno y dos atribuidos a Patricio Contesse, se enumeran personas que no figuran como acusados en el presente juicio, y respecto de los cuales no se ha dictado sentencia condenatoria por estos hechos”, planteó el tribunal.
En esa línea se apunta a que en el hecho número uno, se hace mención a asuntos respecto de los cuales “la persecución penal se agotó por haber rechazado la solicitud de desafuero por los Tribunales Superiores de Justicia, como resultó ser el caso de dos exsenadores, evidenciándose un claro riesgo generado por los términos en que se formuló la acusación de extenderse a puntos cuyo pronunciamiento está vedado” al tribunal.
Las juezas reflexionaron en su veredicto en la importancia del derecho a ser juzgado en un plazo razonable.
“Corresponde destacar que la mayoría de las razones principales de demora excesiva de este procedimiento no radicaron en una supuesta complejidad de la investigación y de las imputaciones formuladas respecto de cada acusado sino en la decisión adoptada por el Ministerio Público de agrupar distintas investigaciones poco antes del cierre de ellas”, advirtieron.
Las juezas también señalaron que la parte persecutora incurrió en una desnaturalización del sistema acusatorio “al evidenciarse de la prueba rendida que los acusadores recurrieron a pruebas de oídas de un testigo de oídas e inclusive a pruebas de leídas de otros testigos presenciales o de oídas”.
De esta forma, se planteó que si bien fue un hecho no controvertido la emisión de las boletas de honorarios y facturas invocadas en la acusación que fueron ingresadas en la contabilidad de SQM y pagadas en prácticamente la totalidad de los casos con carga al centro de costos del gerente general. Patricio Contesse“las probabilidades resultaron insuficientes para tener por establecido, más allá de toda duda razonable, que se trató de documentos ideológicamente falsos”.
