Deuda flotante: tras superar la revisión del FMI, el Gobierno empezó a normalizar los pagos en abril

Pasado el momento de mayor tensión para el Gobierno, cuando tuvo que rendir cuentas ante el Fondo Monetario Internacional (FMI), los pagos a proveedores comenzaron a fluir nuevamente. En la previa, las facturas se fueron acumulando arriba de la mesa. Según datos de la Tesorería General de la Nación, la deuda exigible de la Administración Central (que incluye Presidencia, ministerios y el Poder Legislativo) se redujo de marzo a abril en $1,2 billones. En febrero había llegado a ubicarse en $1,9 billones, en marzo trepó a $4 billones y en abril bajó a casi $2,8 billones. Esos movimientos, en la previa de una revisión del FMI, son similares a otros momentos económicos en los que los gobiernos tenían dificultades para alcanzar la meta fiscal comprometida con el organismo y entonces recurrían al “truco” de atrasar pagos. Vale recordar que las metas del FMI se calculan en “base caja”, es decir, contabilizando el dinero que entra contra el que sale, independientemente del momento en que se contrajo el gasto, lo que técnicamente se denomina su devengamiento. Kristalina Georgieva fmi.jpg Kristalina Georgieva, titular del FMI. Cómo funciona el mecanismo de la deuda flotante El FMI les da a los gobiernos la posibilidad de recurrir a ese mecanismo, aunque con límites: la deuda flotante no puede superar el 10% del gasto corriente. Es decir, se trata de una forma de calcular el resultado fiscal que está contemplada dentro de las reglas del organismo. En general, cuando aparecen problemas para llegar a la meta, los gobiernos comienzan a frenar pagos hasta obtener el visto bueno del FMI y, una vez superada la revisión, vuelven a abrir la billetera. A pesar de que en abril Luis Caputo comenzó a cancelar las deudas de “caja chica”, si se compara con enero la deuda flotante de la Administración Central creció $1,2 billones hasta abril. Marzo fue un mes particularmente duro en materia de gasto. Hubo quejas de médicos del PAMI y de prestadores de la obra social de los jubilados por la falta de actualización de ingresos. Del mismo modo, el Gobierno estuvo restringiendo envíos a la ANSES, que ahora los está cancelando con bonos de deuda. Además, hubo restricciones en los servicios de colectivos por falta de pago de subsidios, según habían denunciado las empresas del sector.