Laboratorio de Paz: El 2 de julio vence plazo constitucional para la suplencia presidencial en Venezuela

El próximo 2 de julio de 2026 representa un límite institucional crítico para Venezuela. Así lo advirtió la organización no gubernamental Laboratorio de Paz, al señalar que en esa fecha vence el plazo máximo de 180 días previsto por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) para mantener una suplencia temporal de la Presidencia de la República. A través de un pronunciamiento público emitido este miércoles, la organización civil expresó su “profunda preocupación” ante el escenario y recordó que la normativa venezolana no contempla la prolongación indefinida de un interinato presidencial. El límite de los 180 días De acuerdo con el análisis del Laboratorio de Paz, el debate se fundamenta estrictamente en el artículo 234 de la CRBV. Dicho artículo establece que las faltas temporales del Presidente de la República deben ser suplidas por el Vicepresidente Ejecutivo hasta por 90 días, un período que la Asamblea Nacional (AN) puede prorrogar por 90 días adicionales. “Agotado este período extraordinario, corresponde a la Asamblea Nacional determinar si la ausencia debe considerarse una falta absoluta y activar los mecanismos constitucionales correspondientes”, detalla la organización. Para la ONG, este límite temporal es independiente de las diversas opiniones políticas sobre los acontecimientos que dieron origen a la suplencia el pasado 3 de enero de 2026. “En una democracia constitucional, incluso las situaciones extraordinarias están sometidas a límites, controles y plazos. La excepcionalidad solo puede justificarse mientras se mantenga dentro del marco establecido por la Constitución”, reza el documento. Alerta sobre “vacío normativo” y la gestión de Delcy Rodríguez Laboratorio de Paz fue enfática al señalar las consecuencias jurídicas y políticas que se desencadenarían a partir del 3 de julio si no se tomaran las medidas institucionales correspondientes: Sin fundamento legal: De no declararse la falta absoluta ni iniciarse un proceso electoral, la continuidad de Delcy Rodríguez al frente de la Presidencia de la República “carecerá de fundamento normativo expreso”. Autoridad sin mandato: La organización advierte que se constituiría el ejercicio de una autoridad presidencial sin mandato constitucional vigente, lo que califica como “un ejercicio arbitrario e irrefutablemente no democrático”. Nueva ruptura institucional: Esta situación profundizaría la crisis de legitimidad del país y consolidaría un esquema de poder basado en la “excepcionalidad permanente”. Asimismo, el pronunciamiento cuestiona directamente la gestión del Parlamento actual. Para la ONG, resulta “especialmente grave” que la Asamblea Nacional haya incumplido su deber constitucional de pronunciarse sobre la situación presidencial tras agotar los plazos. “La inacción del órgano legislativo no elimina las obligaciones establecidas por la Constitución”, recordaron. Llamado nacional e internacional por un calendario electoral La prolongación de este estado de excepcionalidad, advierte Laboratorio de Paz, trasciende el conflicto político e impacta directamente los derechos humanos de la población, vulnerando el derecho de los venezolanos a participar en los asuntos públicos ya elegir libremente a sus autoridades. Ante este panorama, la organización civil realizó dos exhortos urgentes: A la ciudadanía y sociedad civil: Instó a los ciudadanos, gremios, sindicatos, académicos y actores políticos a defender la vigencia de la Carta Magna ya exigir la publicación de un calendario electoral que permita restablecer el hilo constitucional en un plazo razonable. A la comunidad internacional: Pidió a los gobiernos democráticos, organismos multilaterales y mecanismos internacionales de protección de derechos humanos redoblar los esfuerzos para presionar por el respeto a la Constitución venezolana y la pronta realización de comicios. “El 2 de julio no vence únicamente un plazo constitucional. También vence la posibilidad de seguir justificando la excepcionalidad como una medida temporal”, concluye el comunicado, alertando que cualquier continuidad al margen de la ley a partir de esa fecha deberá interpretarse como un alejamiento consciente del orden democrático.