El desastre es una herida que no cierra en La Guaira: Rogelio Altez

Leonardo Suárez (i), junto a su hermana, Paola Suárez sostienen imágenes de sus familiares fallecidos en los dos terremotos, durante una ceremonia fúnebre este viernes, en Catia La Mar (Venezuela). Leonardo Suárez, un venezolano que despidió a su madre, su esposa, sus dos hijas y un sobrino, así como a la abuela de su mujer, víctimas de los devastadores terremotos del pasado 24 de junio. Las ruinas de los terremotos del 24 de junio de 2026 cayeron sobre las que dejaron las vagadas de 2005 y 2010 e, incluso, sobre las dejadas por el deslave de 1999. 27 años después, muchos estaban a la vista de cualquiera en La Guaira, tanto de quienes se acostumbraron a esos baches en el paisaje del litoral porque lo habitan, como de iban quienes de paso, por ejemplo de paseo a la playa. Entre una tragedia y otra, sobre una acumulación de escombros, se han construido “nuevas normalidades”, para intentar esconder lo que está debajo de la coyuntura, lo estructural. Sin embargo, las fisuras son cada vez más visibles y se tornan cada vez más catastróficas. Mientras se asienta la polvareda que no deja ver con claridad lo ocurrido, la voz de Rogelio Altez emerge con la legitimidad de quien ha pasado décadas advirtiendo sobre el peligro en ciernes. Antropólogo y actualmente profesor del Departamento de Historia de América de la Universidad de Sevilla, España, Altez es autor de decenas de textos sobre riesgos, vulnerabilidad y catástrofes en Venezuela. Uno de esos documentos se titula “Historia sin memoria: la cotidiana recurrencia de eventos desastrosos en el estado Vargas-Venezuela”. La obra, publicada en 2005, da cuenta de una sostenida reflexión académica sobre la combinación de variables que configuran la tragedia en el litoral central: “ausencia de respuestas, inversiones perdidas, utilización a conveniencia de la tragedia, repetición de las graves consecuencias económicas y sociales, inmediata en las decisiones y la renovación del dolor común”. El trabajo académico de Altez demuestra la importancia de la construcción colectiva de memoria para entender la tragedia causada por los terremotos del 24 de junio de 2026. En sus palabras: “No hay explicación posible ni solución posible mirar hacia atrás y reexaminar las condiciones de la región. Con ello no me refiero únicamente a la cuestión geomorfológica y climática, sino también a las condiciones históricas y sociales que producen la vulnerabilidad”. -¿Qué es lo primero que hay que entender? -Que el clima, los sismos, los aludes y los deslizamientos van a seguir estando ahí aunque saques a la gente. El punto crítico es la forma equívoca —y surayo “equívoca” porque no es por ignorancia, sino por malas decisiones— en la que nuestra sociedad ha convivido con ese contexto ambiental. Tiempos de ingeniería forense El análisis de Altez privilegia la evolución del modelo de desarrollo que determina los modos de vida en La Guaira. Explica que el litoral central era una tierra de haciendas, pero a finales del siglo XIX se comenzó a convertir en el balneario de Caracas. Destaca que en la década de 1940 comenzó una masiva urbanización de la región, con prominentes clubes de playa, que implicó el asentamiento poblacional en suelos aluviales y cauces de los ríos que bajaban de El Ávila. Siguiendo al experto, lo que resulta inexplicable es la similitud de las afectaciones por el deslave de 1999 y por los terremotos de 2026. Como si no se hubiera hecho nada para evitar una próxima catástrofe. “Hoy, la ingeniería forense tiene el deber de interrogar a esos edificios para saber hasta qué punto estaban fuera de norma o si la norma misma era una simulación que no preveía esa enorme descarga de energía sísmica en esta región del Caribe. Esta ocupación histórica y desordenada del suelo aluvial -prosigue Altez- no sólo preparó el terreno para la tragedia física, sino que dejó pendiente una evaluación técnica profunda sobre la resistencia real de lo construido”. -¿Qué se entiende por ingeniería forense? -El término ingeniería forense ha sido utilizado por ingenieros como Carlos Genatios y José Grases, probablemente el mayor experto en sismicidad de nuestra región. Tras el desastre de Vargas en 1999, hubo un esfuerzo científico sin precedentes. Venezuela recibió ayuda extraordinariamente calificada de la Agencia Japonesa de Cooperación Internacional (JICA). Trabajamos decenas de investigadores para producir un informe transversal sobre prevención en el área metropolitana y el litoral central. Ese informe, entregado formalmente al Estado en 2005 —directamente en manos del presidente Hugo Chávez—, contenía todos los estimados de sismos, aceleraciones y condiciones de sitio. .¿Qué uso se le dio a ese estudio auspiciado por el gobierno de Japón? -No se hizo nada. Ese informe fue a dar a un cajón y nada más. Así pues, las autoridades ignoraron dos hallazgos esenciales: la inconveniencia de erigir construcciones en los cauces de los ríos y la necesidad de adoptar rigurosas normas de diseño sismo-resistente en atención a la condición aluvial de los suelos de la franja costera, amplificadora de las ondas sísmicas. Desplazamiento forzado y retorno forzoso Altez considera que el desplazamiento de personas tras un desastre suele obedecer a un decreto gubernamental y, en ese sentido, genera un desplazamiento forzado. Sin embargo, la experiencia indica que este tipo de medidas tienden a revertirse forzosamente, pues el problema no se resuelve con la asignación de una vivienda. Estos procesos de movilidad humana, explica el académico, deben atender los criterios establecidos por instancias internacionales, como Naciones Unidas, para resguardar los derechos humanos de manera integral, incluyendo las relaciones intersubjetivas vinculadas con el arraigo. -¿Cómo reubicar a la gente en zonas seguras? -Cuando reubicas a damnificados, por ejemplo, tienes que dotarlos de fuentes de trabajo que les aseguren la supervivencia en ese otro lugar. Ese fue uno de los errores cometidos luego de la tragedia de 1999, pues, a lo sumo, a los damnificados le fueron asignadas viviendas. Más temprano que tarde, sobrevino el retorno, tan masivamente como el desalojo. El problema planteado en 1999, que volvió a surgir por las vagadas de 2005 y 2010, y que ahora se replantea con los terremotos del 24 de junio de 2026, es cómo hacer para no reproducir las condiciones de vulnerabilidad. En la rehabilitación del litoral han sido determinantes las decisiones políticas, los intereses del gobierno basados ​​en negocios con ciertos capitales. lamentablemente, esos intereses se colocan por encima de la reproducción y, en algunos casos, del incremento de los riesgos para la población. Laberinto institucional Rogelio Altez nació en Uruguay, pero a los 16 años se mudó a Venezuela y vivió muchos años en La Guaira. Quizás por ello, sus investigaciones tienen el tono de un doliente. Sobre todo, porque en su condición de experto ha podido documentar indolencia oficial. En su opinión, la gestión de riesgos en el litoral central venezolano es un laberinto de competencias superpuestas, donde el poder se diluye y la eficacia se ha evaporado en medio de un uso poco transparente de recursos presupuestarios. -¿Algún ejemplo de esa ineficiencia institucional? -Recuerdo un hecho que ilustra perfectamente el desprecio institucional por el conocimiento: participamos en un estudio profundo para Corpovargas -Corporación para la Recuperación y Desarrollo del Estado Vargas- sobre desplazados, reubicados y retornados. Fue un trabajo de campo realizado con las comunidades. El día que fuimos a entregar el informe final en las oficinas de Corpovargas, cerca del aeropuerto, no había ningún directivo esperándonos. Tuvieron que traer al personal de limpieza para que se sentara en el auditorio y así simular que había una audiencia para la entrega del documento. Ello revelaba el nivel del interés de una institución especialmente creada para atender la situación de Vargas después del deslave de 1999. -¿Qué ha ocurrido con las instituciones académicas que pueden arrojar luces en materia de gestión de riesgos? -Pensemos en Funvisis -la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas-, que tuvo una época dorada en los años 90, en el marco del Decenio Internacional para la Reducción de Desastres de la ONU. Había un know-how acumulado que nos poníamos a la vanguardia regional. Pero la deriva política se convirtió en Funvisis en un chiringuito al servicio del gobierno. Tras la buena gestión de Nuris Orihuela en la presidencia de Funvisis, el desmantelamiento técnico del organismo fue sistemático. Se perdió la masa crítica de investigadores y el conocimiento dejó de ser la base de las decisiones para ser reemplazada por la propaganda política. Hoy, esa pérdida de talento es una de las causas estructurales de la mortalidad en el desastre de 2026. El desastre en la Misión Vivienda Varios de los edificios construidos en Caraballeda para alojar a los damnificados de la vagada de 2010 colapsaron con los terremotos del 24 de junio de 2026. En 2019, cuando se conmemoraban veinte años del deslave en Vargas, Altez advirtió: “el gobierno ha multiplicado las condiciones materiales y simbólicas del riesgo, a través de prácticas clientelares como el repoblamiento del litoral central con urbanismos construidos por la Misión Vivienda Venezuela sobre los cauces de ríos y quebradas. Esto da cuenta de la pretensión oficial de olvido sobre un evento que, en términos históricos, se podría decir que apenas ocurrió ayer” -¿Era previsible el colapso de los edificios de la Misión Vivienda? –En el caso de la Misión Vivienda, los hechos confirman todas esas advertencias, pues ahora, en 2026, los edificios que no se cayeron quedaron habitables. Se levantaron moles de edificios en un estado que sufre sequía crónica, sin asegurar el acceso al agua potable y al saneamiento, como uno de los principales servicios públicos. Porque no sólo se trata de viviendas, sino de agua y electricidad. Y, hablando de agua, recordemos que en el litoral las lluvias constituyen una amenaza. Las obras de control hidráulico que se construyeron en las cuencas afectadas por la tragedia de 1999 fueron destruidas o quedaron inservibles durante las vaguadas de 2005 y 2010. Y así permanecen porque no han sido rehabilitadas. De todos los sistemas de control de cauces, solo funciona uno (el de columnas altas en Punta de Mulatos), y eso a duras penas. El resto fue tragado por la selva o el sedimento por falta de mantenimiento. Un ejemplo es la represa en La Llanada (Camuri Chico), construida por debajo de la cota de inundación del evento de 1999. Es decir, se construyó una presa ignorando el nivel que ya sabíamos que el agua podía alcanzar. -¿Hay alguna zona segura en La Guaira? -Para la rehabilitación de La Guaira, hay que atender los muy buenos estudios técnicos que se han hecho sobre el litoral. El hecho de que sea una zona sísmica y haya una amenaza recurrente de aludes no significa que ahí no se pueda vivir. Sobran las experiencias en el mundo de zonas con mayores amenazas que se mantienen en pie. En el reordenamiento del territorio están comprometidos todos los derechos humanos. Para la rehabilitación de La Guaira hay que pensar prioritariamente en la red hospitalaria, en universidades y en fuentes de trabajo. El litoral ha estado históricamente sujeto a dos principales fuentes de trabajo: el puerto y el aeropuerto. En condiciones políticas como las de Venezuela, ambas son fuentes de trabajo directamente determinadas por una relación clientelar. Hay una inmensa cantidad de gente en condiciones de pobreza, de marginalidad o de falta de oportunidades. Muchas personas se suman a la lógica económica del balneario y forman parte de la economía informal. Viven del chiringuito: de vender comida en la playa, de cuidar coches, de alquiler de toldos… ¿Cómo se mide una tragedia? En 2021, Altez sumó a sus más de 120 publicaciones académicas una referida a las personas fallecidas, desaparecidas y “bajo sospecha de vida” durante la tragedia de Vargas de 1999. ¿Por qué es importante saber con precisión el número de personas muertas? -Porque son personas, tienen dignidad y tienen dolientes. Para ser precisos se requiere capacidad institucional. Lo que hemos visto desde el mismo 24 de junio es una autoorganización desde ámbitos comunitarios, pero también técnicos y profesionales, para, por ejemplo, ir haciendo listas de heridos, listas de fallecidos, etc. La precisión de muertes durante la tragedia de 1999 en Vargas no fue asumida como una tarea gubernamental. En vez de ello, se mostró una capacidad. de confundir, diciendo una veces que los fallecidos habían sido 25.000 y otras veces que fueron 50.000. En lo inmediato, la precisión del número de víctimas es clave para la recuperación de los restos de las personas muertas, particularmente de las que quedaron atrapadas entre escombros. El Estado tiene la obligación de recuperar, identificar y entregar a sus familiares los cuerpos de los fallecidos. Todo ello supone una capacitación previa y, como no la hay, el desastre empeora, pues ni siquiera se puede garantizar la atención más elemental. El número de muertes no puede ser la escalada del desastre. Sin embargo, sí es importante para la construcción de memoria. En mi estudio sobre el número de muertos de Vargas, yo partí de tres preguntas elementales que se podrían formular a cualquier persona directamente afectada por la tragedia de 1999: ¿cómo están por tu casa? ¿Cómo están por tu calle? ¿Cuántas muertes cree que hubo? Era posible que las personas dijeran que todo estaba bien en su casa y en su calle, pero también lo era que repitieran lo que había dicho el gobierno sin rigor alguno: que hubo 50.000 muertos. Claramente, un desastre de 800 muertos no produce el mismo efecto a nivel internacional que uno de 50.000. Ese cálculo en millas fue el que trajo la ayuda, el que trajo los créditos, el que trajo la gran cantidad de dinero. Entonces esa memoria sobre Vargas está completamente distorsionada a partir de intereses que sembraron una idea confusa sobre la dimensión de la tragedia. -¿Está sugiriendo que el gobierno infló la cifra de muertos en 1999 para obtener más dinero de la cooperación internacional? -Esa es una buena interpretación. En todo caso, la rigurosidad en la cuantificación de víctimas va a disminuir la posibilidad de una construcción distorsionada de la memoria sobre las tragedias en Venezuela. -¿Tragedias en plural? -La sociedad venezolana tiene muchas heridas abiertas: los desmanes del gobierno, la persecución, la migración… Las muertes causadas por los terremotos del 24 de junio vienen a echar sal en esas heridas. Las tragedias y los lutos se van solapando.