La mina más grande de Panamá está inactiva y, con ella, un debate nacional sobre quién controla los recursos del país.
Después de que la Corte Suprema anulara el contrato de Cobre Panamá a fines de 2023 luego de enormes protestas callejeras, el gobierno ordenó un cierre ordenado y cambió el sitio a “cuidado y mantenimiento” para proteger el puerto, la planta de energía y los relaves.
Se permitió el envío del cobre almacenado para evitar riesgos ambientales y logísticos, pero las operaciones no se reanudaron. Ahora el gobierno del presidente José Raúl Mulino se prepara para conversar con el dueño, First Quantum Minerals.
La línea roja es clara: cualquier camino a seguir debe establecer, sin ambigüedades, que la tierra y los minerales pertenecen a la República de Panamá.
El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, ha combinado esa postura con barreras fiscales (objetivos de déficit del 4% este año y del 3,5% en 2026), lo que indica que cualquier acuerdo también debe funcionar para las finanzas públicas.
Las líneas rojas de Panamá para cualquier acuerdo de Cobre Panamá: el Estado es dueño de la tierra y los minerales. (Foto reproducción de Internet) El telón de fondo explica por qué esto es más que una disputa contractual. Antes del cierre, Cobre Panamá aportaba aproximadamente el 5% del PIB nacional, representaba alrededor de las tres cuartas partes de las exportaciones de bienes y suministraba entre el 1% y el 1,5% del cobre mundial, metal que alimenta las redes eléctricas, los vehículos eléctricos y la transición energética en general.
Los estudios vincularon entre 30.000 y 40.000 puestos de trabajo directos e indirectos a la mina. En 2023, la producción alcanzó alrededor de 331.000 toneladas antes de que el fallo del tribunal impusiera la reducción.
Mina de cobre de Panamá pone a prueba la gobernanza y la oferta global Esas cifras subrayan lo que está en juego para el crecimiento, el empleo y la moneda de confianza entre el gobierno y los ciudadanos. Los obstáculos legales y políticos han disminuido pero no han desaparecido.
First Quantum suspendió casos de arbitraje clave y Franco-Nevada detuvo su reclamo vinculado a un acuerdo de transmisión, eliminando de inmediato los obstáculos.
Sin embargo, Panamá todavía tiene una moratoria sobre nuevas concesiones mineras, y los funcionarios dicen que no están impulsando un nuevo “contrato minero” en la legislatura actual.
Eso obliga a los negociadores a buscar una estructura que respete la decisión del tribunal, mantenga la propiedad del Estado y pueda soportar el escrutinio.
La opinión pública se ha ablandado desde el pico de ira del año pasado (las encuestas sugieren que aproximadamente la mitad de los panameños todavía se oponen a la mina, en comparación con más del 80%) y un medio considerable podría respaldar la reapertura si los términos garantizan salvaguardias ambientales, supervisión creíble y beneficios locales tangibles.
Ésa es la historia detrás de la historia: una sociedad que exigió un reinicio ahora quiere pruebas de que las reglas, y no el apalancamiento privado, regirán las rocas más valiosas del país.
Para los lectores que están lejos de Panamá, esta es una prueba con efectos dominó globales. Si la mina se reinicia en términos de prioridad soberana, la oferta de cobre se afloja y un país pequeño muestra cómo alinear la riqueza natural con los límites constitucionales y el consentimiento de la comunidad.
Si no es así, el equilibrio mundial del cobre se estrecha, y Panamá escribe un manual diferente sobre cómo las democracias hacen cumplir las reglas cuando grandes proyectos pierden su licencia social.
