AN aprueba en primera discusión leyes estimular para alquileres y construcción de viviendas

UNA sesión en La Carlota porque los terremotos afectaron el Palacio Legislativo. Foto: AN La Asamblea Nacional (AN), con mayoría del chavismo, reanudó actividades para aprobar en primera discusión dos leyes propuestas por el Ejecutivo para atender la emergencia que generó el doblete sísmico del 24 de junio en el área de la vivienda. La plenaria dio el visto bueno a la reforma parcial de la Ley contra la Estafa Inmobiliaria ya una nueva Ley del Régimen Especial de Arrendamiento de Inmuebles Destinados a Vivienda, que buscan estimular el mercado en momentos en que, según cifras oficiales, 17.907 personas perdieron sus hogares, como consecuencia de los terremotos que devastaron zonas de La Guaira y causaron graves daños a edificaciones en Caracas y otros estados como Miranda y Aragua. El Parlamento presidido por Jorge Rodríguez sesionó en el Centro de Convenciones de La Carlota, debido a daños sufridos por el Palacio Federal Legislativo durante los sismos de 7,2 y 7,5 de magnitud. De acuerdo con el jefe de la AN, la sede del Poder Legislativo resultó afectada de manera importante en algunas áreas, sobre todo en la cúpula, por lo que se realizan trabajos de reparación. “Equilibrio jurídico” “La tarea principal es estimular el mercado de alquileres o de arrendamiento de viviendas, esa es la esencia (…) Nosotros debemos robustecer la seguridad jurídica para proteger simultáneamente el derecho de propiedad del arrendador, pero también proteger al arrendatario, seguridad y equilibrio jurídico, en función de que puedan desamarrar los nudos que tienen frenado el mercado de alquiler”, explicó el primer vicepresidente de la AN, Pedro Infante. Durante la presentación de la nueva legislación que regulará los alquileres, Infante habló de varios pilares fundamentales de la normativa. Uno, la mediación o arbitraje como una vía expedita para la resolución de controversias, incluyendo los tiempos de respuesta para aliviar la carga del sistema de justicia. Otro, la prohibición de alquilar inmuebles en zonas de alto riesgo o en construcciones precarias. Otro aspecto que destacó fue la distribución equitativa del peso financiero de las reparaciones mayores y menores bajo el umbral técnico de 30% del canon de arrendamiento. Asimismo, indicó, se equilibra la balanza de riesgos, permitiendo depósitos en garantía o pólizas de seguro de hasta tres meses, obligando el reintegro inmediato en un plazo de 15 días continuos, previa verificación del estado del inmueble. “El proyecto de Ley de Arrendamiento de Inmuebles Destinados a Vivienda protege al ciudadano ante un mercado formal y atractivo para la inversión al otorgar incentivos económicos indexados, garantías bancarias o de seguro y vías de resolución rápida. Este proyecto de ley consta de cuatro capítulos que se ajustan en un total de 27 artículos”, agregó Infante. En rueda de prensa, el sábado 11 de julio, Jorge Rodríguez reconoció que la Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda, sancionada en 2011, durante la última etapa del gobierno de Hugo Chávez, es “regresiva”, por lo que debía ser reformada para dinamizar el mercado inmobiliario y ofrecer mayores garantías jurídicas a los propietarios. La decisión final fue aprobar una nueva legislación. Rodríguez presentó estimaciones de 200.000 viviendas desocupadas en el país debido a que sus dueños prefieren resguardarlas por considerar que la legislación vigente los desfavorece. Los diputados de la Alianza Democrática y Grupo Libertad votaron a favor del proyecto de ley. Desde la Alianza se justificó la aprobación de la normativa porque “levantar nuevas viviendas toma meses ya veces años” y que ningún país tiene la capacidad de hacerlo en un corto plazo, por lo que urge estimular el mercado de alquileres. Rodríguez ordenó la formación de una comisión especial para abordar el informe para la segunda discusión de la nueva Ley de Arrendamiento, integrada por las comisiones de Administración y Servicios y Desarrollo Social. El grupo será presidido por la diputada América Pérez, acompañada de Pedro Carreño y Alejandra Rodríguez, del Grupo Libertad. Estimular construcción de viviendas Infante también presentó el proyecto de reforma parcial de la Ley contra la estafa inmobiliaria, dentro de las líneas del gobierno encargado de Delcy Rodríguez, para atender la emergencia ocasionada por los terremotos. Indicó que la normativa tiene como “objetivo principal promover la construcción de nuevas viviendas con un enfoque adaptado a los nuevos tiempos”. El diputado del Psuv sostuvo que los cambios a la legislación buscan garantizar mejores condiciones para la construcción de inmuebles con seguridad jurídica y capacidad de financiamiento para que el sector privado inicie un “proceso agresivo” de levantamiento de unidades habitacionales. En la rueda de prensa del sábado, Rodríguez estimó en 25.000 el número de viviendas que se necesitarán para las personas que perdieron sus casas por los terremotos del 24 de junio, calculadas en casi 18.000 damnificados. De acuerdo con Infante, la reforma parcial procura destrabar el esquema de precio rígido que impide absorber las variaciones de los costos de materiales e insumos durante el tiempo de ejecución de las obras. Aseguró que ello permitirá que las partes acuerden libremente mecanismos de estabilización del saldo deudor en función de las fluctuaciones reales del mercado. Otros aspectos importantes de la reforma, según Infante, son que se resolverá el tema del límite legal restrictivo que fijaba que en 24 meses las obras debían estar culminadas y la estimulación a la banca pública y privada para que otorgue créditos para el desarrollo de proyectos inmobiliarios, mediante la eliminación de riesgos regulatorios desproporcionados. “Sumar la capacidad privada al plan Venezuela Renace para garantizar el derecho a la vivienda lo más pronto posible, protegiendo a los compradores”, añadió. El Grupo Libertad, en voz de la diputada Alejandra Rodríguez, indicó que respaldan el proyecto de ley, pero instantáneamente a escuchar para el informe de la segunda discusión a los sectores involucrados, como cámaras inmobiliarias, de construcción, expertos, entre otros, en procura de un marco legal “justo y equilibrado que proteja a propietarios y arrendatarios” y brinde seguridad jurídica. Acuerdo por las víctimas La plenaria aprobó un acuerdo en solidaridad con las víctimas del doble terremoto que ascienden, según cifras oficiales, a 4.734 fallecidos y en respaldo a las acciones de atención de la emergencia humanitaria. Una de las fallecidas, informó Jorge Rodríguez, es la diputada por la Guayana Esequiba, Jessika Carolina de León Hevia, y su hija, quienes se encontraban en La Guaira. También mencionó que otros legisladores como María Gabriela Vega sufrieron pérdidas materiales. Durante la discusión del acuerdo, diputados del chavismo y de la Alianza Democrática defendieron las decisiones que hasta ahora el interinato ha tomado para atender la emergencia. Por el grupo Libertad, el legislador Tomás Guanipa (Unión y Cambio) llamó a la revisión de las instituciones por la “respuesta tardía” para socorrer víctimas bajo los escombros durante las primeras horas. “Debe haber una contraloría real de la ayuda humanitaria para que llegue a los más necesitados y no se pierda en el camino como ha ocurrido otras veces”, dijo Guanipa. Rodríguez respondió diciendo que no iban a “contar” cuántos edificios levantados por constructoras privadas se derrumbaron en comparación con la Misión Vivienda en La Guaira “porque duelen igual”. Se quejó de que “lo feo y lo malo” era atribuido a los urbanismos que se entregaron en su momento a quienes “no tenían nada”.