El Gobierno socializa proyecto de Ley de Inversiones en Cainco

VISITA. El ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, explicó en la Cainco que el proyecto de Ley de Inversiones contempla que toda nacionalización o expropiación deberá contar con autorización de la ALP. Además, se resguardará el patrimonio de los inversores. El ministro de Economía y Finanzas Públicas, José Gabriel Espinoza Yáñez, sostuvo una reunión de trabajo con representantes de la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco), en el marco del proceso de socialización del Proyecto de Ley de Inversiones, una iniciativa que busca consolidar un marco de mayor seguridad jurídica, fortalecer la confianza de los inversionistas y generar mejores condiciones para impulsar el crecimiento económico del país. Durante el encuentro, la autoridad presentó los principales alcances de la propuesta normativa. Entre ellos, destacó que todo proceso de expropiación o nacionalización deberá contar con autorización previa de la Asamblea Legislativa Plurinacional y el pago de la indemnización correspondiente, garantizando que estas medidas se desarrollarán bajo reglas claras, transparencia y pleno respeto al marco legal. Asimismo, el proyecto fortalece la protección integral de las inversiones al resguardar el patrimonio de los inversionistas, incluidos los activos tangibles e intangibles, las utilidades y los derechos adquiridos, además de establecer igualdad de condiciones tributarias y laborales para la inversión nacional y extranjera. La propuesta también incorpora la restitución de mecanismos de arbitraje internacional para controversias comerciales en sectores distintos al de hidrocarburos, reforzando la previsibilidad y la confianza necesaria para atraer nuevas inversiones. En un espacio de diálogo abierto, los representantes de Cainco realizaron consultas, observaciones y aportes sobre la iniciativa, los cuales serán considerados dentro del proceso de socialización del proyecto. Con esta agenda de trabajo, el Gobierno Nacional reafirma su compromiso de construir un marco normativo moderno, transparente y previsible que impulse la inversión, promueva la generación de empleo y sienta bases sólidas para el crecimiento sostenible de la economía boliviana.