El gobierno del presidente Javier Milei buscará capitalizar su victoria en las elecciones legislativas del fin de semana pasado impulsando planes para realizar cambios radicales en las leyes laborales de Argentina.
La administración Milei tiene la intención de impulsar grandes cambios para facilitar la contratación y el despido a los empleadores. Espera tentar a las empresas a formalizar hasta ocho millones de trabajadores que están empleados de forma informal en Argentina a través de las reformas.
Mili confirmó en una entrevista el lunes que buscaría una reforma laboral y dijo que su partido tendría que “sentarse con el nuevo Congreso para buscar acuerdos”.
El secretario de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Julio Cordero, dijo la semana pasada ante la Oficina de Presupuesto del Congreso que se presentaría un proyecto de ley para “asegurar que Argentina pueda producir y trabajar”.
La diputada nacional de La Libertad Avanza, Romina Diez, ha estado promoviendo un proyecto de ley con una serie de cambios clave, incluidas reglas que permitirían que la jornada laboral se extendiera a 12 horas. También se eliminaría el pago extra por horas extras, y los empleados acumularían sus horas extras en lugar de tiempo en el mismo mes.
Si bien la administración de Milei ha dicho que no seguirá adelante sin el apoyo de los gobernadores provinciales, los funcionarios han comenzado a revelar detalles del proyecto de reforma, que se basa en las propuestas de Diez.
Según un cronograma tentativo, el proyecto de ley se presentará a mediados de diciembre, después de que presten juramento los nuevos legisladores y senadores elegidos el fin de semana pasado.
Proyecto de ley
El borrador’Ley de Promoción de Inversiones y Empleo’ (Ley de Promoción de la Inversión y el Empleo) buscará el consenso entre sindicatos y empresarios, según fuentes gubernamentales. Milei dijo el lunes que la reforma “modernizará un marco contractual de más de 70 años y no diseñado para el mundo de hoy”.
Las propuestas incluyen una ampliación de la jornada laboral, permitiendo extensiones de hasta 12 horas diarias, que podrán acordarse mediante negociaciones colectivas y contratos sindicales.
También introduciría cambios en el derecho a vacaciones, que podrán disfrutarse en cualquier época del año y dividirse en períodos de no menos de una semana. Según el nuevo plan, a cada trabajador se le garantizarían al menos unas vacaciones de verano cada dos años, a menos que decida lo contrario. Las parejas que trabajen en la misma empresa conservarían el derecho a vacacionar juntas.
Las indemnizaciones por despido para las empresas podrán pagarse en hasta 12 cuotas mensuales, excepto para las grandes empresas, con límites proporcionales a las sentencias judiciales, mientras que los procedimientos para aprobar acuerdos se simplificarán para reducir los conflictos laborales.
Muchos de estos cambios han sido exigidos durante mucho tiempo por los empleadores del sector privado, que ven las reglas actuales como obstáculos al crecimiento.
No está claro si se incluirá la propuesta del gobierno de permitir salarios “dinámicos” y aumentos salariales relacionados con el desempeño.
Por otro lado, la reforma laboral promueve la digitalización de los procedimientos administrativos, otorgando validez legal a las nóminas y documentación electrónica, al tiempo que amplía los métodos de pago a transferencias bancarias, cheques o plataformas digitales autorizadas.
También promueve acuerdos de negociación colectiva más flexibles, dando prioridad a los acuerdos a nivel de empresa sobre los acuerdos a nivel de toda la industria que tienen en cuenta la productividad, el mérito y la sostenibilidad económica sobre los aumentos salariales automáticos vinculados a índices, según las fuentes.
Entre los incentivos fiscales, se creará un bono de crédito fiscal para los empleadores que generen nuevos empleos durante los primeros 18 meses de implementación de la reforma. El beneficio cubrirá el 100 por ciento de las contribuciones patronales para las microempresas (normalmente empresas con menos de 10 empleados), el 75 por ciento para las pequeñas empresas, el 50 por ciento para las medianas empresas y el 25 por ciento para las grandes corporaciones.
La propuesta también redefine los beneficios sociales, excluyendo del cálculo salarial elementos como comidas, útiles escolares, teléfonos móviles o reembolsos médicos, e introduce un sistema centralizado de verificación médica dentro de la Secretaría de Trabajo de Argentina para supervisar las bajas por enfermedad y las reclamaciones por accidentes laborales.
Además, actualiza las normas sobre responsabilidad solidaria en los casos de subcontratación y establece multas y sanciones de hasta el 100 por ciento del beneficio obtenido para quienes incumplan la normativa o cometan fraude en el acceso a incentivos fiscales.
Anticipándose a las críticas a las propuestas, fuentes de la Casa Rosada sostienen que la reforma “no va en contra de los derechos de nadie”, sino que busca “generar empleo formal, competitivo y adaptado a la nueva economía”.
“Mayor flexibilización”
El martes, el presidente de la Cámara Baja, Martín Menem, dijo que la reforma laboral está en la agenda del gobierno, aunque dijo que el texto de su proyecto de ley aún no estaba completo.
En conversación con Radio Mire, Menem dijo que las reformas de “segunda generación” estaban enfocadas a una “mayor flexibilización” para trabajadores y empleadores.
Dijo que el coste de los despidos y los paquetes de despidos eran la motivación central de los cambios. Argumentando que cuando se cierra la “puerta de salida” a los despidos, también se cierra la “puerta de entrada al empleo”, Menem dijo que los empleadores enfrentan una “carga laboral fenomenal”.
Hay “demasiado Estado” y “demasiado sindicalismo”, argumentó, destacando el estancamiento de la tasa de empleo en Argentina durante las últimas dos décadas.
Menem, propietario de una pequeña empresa que emplea a unas 70 personas, dijo que reducir los costos de las indemnizaciones aumentaría la agilidad de las empresas.
“Dos demandas laborales hoy pueden hacer caer a una empresa”, argumentó, afirmando que esto impide que las empresas se expandan.
Ya comenzaron las primeras críticas a las propuestas del gobierno de Milei. El abogado laboralista cordobés Jorge Sappia calificó de “absurda tontería” la propuesta de ampliar la jornada laboral de ocho a 12 horas.
“Eso es una completa tontería. Cuando escucho eso, me vuelvo loco”, dijo el abogado.
“En 1919, como resultado del armisticio que puso fin a la Primera Guerra Mundial, se creó la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Se reunió por primera vez y emitió el Convenio nº 1, que establece que la jornada laboral en todo el mundo debe ser de ocho horas diarias y 48 horas semanales”, recordó Sappia.
“¿A quién se le ocurre hablar de 12 horas? Algunas cosas simplemente no tienen sentido”, añadió en declaraciones a Radio Mitre Córdoba.
“La doctrina laboral alemana sostiene que es aconsejable reducir la jornada laboral de ocho horas porque está demostrado, especialmente en la industria, que un trabajador rinde excelentemente durante las primeras cinco o seis horas, y luego termina la jornada con menor rendimiento”, argumentó Sappia.
‘Reducir la informalidad’
El abogado destacó que está a favor de una reforma laboral, diciendo que es “necesario reducir la informalidad en las relaciones laborales. Es decir, los empleadores deben registrar a sus trabajadores para que tengan acceso a la seguridad social y a todos los beneficios que se derivan de la legislación laboral vigente”, dijo Sappia.
“El punto clave es que esto generaría ingresos para la seguridad social, lo que permitiría reducir las contribuciones patronales, que son el costo laboral más importante para las empresas”, explicó.
Sappia subrayó: “Lo que hay que reducir son las contribuciones patronales, que en realidad son impuestos laborales”.
“Si todos contribuyeran al mantenimiento de la seguridad social, las contribuciones de los empresarios podrían reducirse a la mitad, lo que reduciría significativamente los costes”, explicó.
Dijo que centrarse en la indemnización por despido era incorrecto y señaló que la mayoría de los empleadores llegan a acuerdos con los empleadores antes de recurrir a la letra de la ley.
– TIMES/NA/PERFIL
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