El Gobierno de Guyana ha cuestionado la precisión de la ubicación de Guyana en el Índice de Estado de Derecho 2025 del Proyecto de Justicia Mundial (WJP), argumentando que la clasificación se deriva de encuestas obsoletas y no representa el panorama actual de gobernanza y justicia de la nación.
En una declaración emitida el jueves por el Ministerio de Asuntos Parlamentarios y Gobernanza (MPAG), dijo que si bien valora los mecanismos internacionales que monitorean la gobernanza y los esfuerzos anticorrupción, los datos que sustentan el Índice WJP 2025 son “tan antiguos como hace siete años”. Guyana ocupó el puesto 80 en el informe de 2025, una ligera caída desde el puesto 78 en 2024.
Según el comunicado, “El informe de 2025, sin lugar a dudas, se basa en conjuntos de datos más antiguos, incluidos datos de encuestas de hogares que se originan en 2018 y 2022 por el Grupo StatMark. Es de destacar que ninguna de estas encuestas cara a cara se hizo pública en ese momento, ni el público conoce el Grupo StatMark”.
El Ministerio destacó que encuestas tan obsoletas no tienen en cuenta las importantes reformas institucionales y legislativas implementadas desde 2022.
Señaló que el gobierno ha emprendido mejoras significativas en los sectores de gobernanza y justicia, lo que hace que el Índice sea un reflejo poco confiable del progreso de Guyana.
“Por lo tanto, el informe no puede interpretarse como un reflejo real de las realidades de Guyana para 2025, particularmente dadas las reformas institucionales y legislativas en curso en los sectores de gobernanza y justicia después de 2022, y ciertamente desde 2018”, dice el comunicado.
El Ministerio también cuestionó la credibilidad de las opiniones de los expertos utilizadas para compilar el Índice, señalando que la mayoría de los contribuyentes permanecieron en el anonimato.
“No puede ser que las percepciones de unas pocas personas anónimas se consideren representativas de toda la población de aproximadamente 800.000 personas”, afirmó el Ministerio, y añadió que “sin parámetros de muestreo más rigurosos, es ciertamente difícil validar la solidez o representatividad de los hallazgos”.
Si bien reconoce que tales clasificaciones “pueden proporcionar fragmentos atractivos para algunos”, MPAG instó al público y a los medios a revisar los datos nacionales oficiales al interpretar publicaciones de terceros.
El Ministerio también reiteró la apertura de Guyana a la revisión y el escrutinio internacional, citando la reciente participación del país en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (CNUCC) y el Examen Periódico Universal (EPU).
Como tal, pidió transparencia en la metodología, recopilación oportuna de datos y divulgación clara de los procesos de muestreo, señalando que la dependencia de los datos de 2018 y 2022 “no debe malinterpretarse como una descripción del entorno de gobernanza de Guyana en 2025”.
