Perú suma más de 100 feminicidios en 2025 y especialistas advierten: “La inacción del Estado deja a las víctimas desprotegidas”

En lo que va del 2025, el Perú registra 114 feminicidios, según cifras del Centro Flora Tristán. A la par, cifras oficiales del Mimp registran 90 casos (70 en zonas urbanas y 20 en rurales), pero solo considerándose hasta julio de este año. No obstante, detrás de estos números persisten denuncias que no siempre logran activar una respuesta oportuna de las autoridades, lo que mantiene en alerta a organizaciones de mujeres y especialistas en género. El reciente feminicidio de una joven asesinada en el Callao por su expareja, un suboficial de la Marina, reabrió el debate sobre la efectividad del sistema de protección a las mujeres que denuncian agresiones y amenazas de muerte. Según indicó su madre para los medios, la afectada había alertado a la Policía sobre las amenazas de muerte que recibió, incluso con un arma de fuego. Sin embargo, la mujer advierte que no se activarán las medidas que podrán salvarle la vida a su hija. Expertas advierten para La República que casos como este reflejan vacíos en la aplicación de los protocolos que deben prevenir una violencia letal. TE RECOMENDAMOSTODO SOBRE EL PARO DE TRANSPORTISTAS Y MADRE DE FLIPOWN EN VIVO | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO Feminicidios anunciados: denuncias que no detenido la violencia Para Liz Meléndez, directora del Centro de la Mujer Flora Tristán, lo ocurrido en el Callao muestra una vez más los desafíos del Estado para garantizar la protección de las mujeres en situación de riesgo. “Este caso evidencia que no siempre se actúa con la debida diligencia. Cuando una mujer denuncia amenazas con un arma, el nivel de riesgo debería ser considerado severo y requerir una intervención inmediata”, señaló para este medio. El especialista explica que existen protocolos que orientan la actuación de las autoridades, pero su cumplimiento aún es desigual. “El problema no está en la falta de normas, sino en su implementación. Muchas veces las denuncias no se tratan con la urgencia que requieren y eso deja a las víctimas en mayor vulnerabilidad”, agregó. Meléndez también resalta la importancia de evaluar los casos con enfoque de género. “Las instituciones deben entender que detrás de cada denuncia hay una historia de violencia que se acumula. No se puede minimizar el peligro solo porque no hay lesiones visibles”, precisó. Feminicidio en el Callao y las fallas en la respuesta estatal De acuerdo con la abogada Clea Guerra, especialista en género y políticas públicas, la Ley 30364 establece que ante situaciones de amenaza con armas o antecedentes de violencia se debe aplicar una ficha de valoración de riesgo. Esta herramienta permite determinar la gravedad del caso y orientar las medidas de protección. “Cuando el agresor ya amenazó con un arma, el riesgo suele ser alto. Y si la persona tiene instrucción militar, también es un elemento. En esos casos, la respuesta debe ser rápida y coordinada”, explicó. Asimismo, sostiene que la aplicación de los protocolos enfrenta obstáculos operativos. “En teoría, las fichas de valoración deben garantizar una respuesta inmediata, pero en la práctica depende también de la capacitación del personal y de la disponibilidad de recursos”, agregó. Sin embargo, estos procedimientos no siempre se aplicarían de manera adecuada e, incluso, advierte que las instituciones encargadas no siempre cuentan con la capacidad logística de hacerlo. “En las comisarías, que son la entidad encargada de velar por el cumplimiento de las medidas de protección, generalmente hay solo una o dos personas a cargo de cientos de casos, por lo que es casi imposible hacer un seguimiento adecuado”, afirma el especialista. Meléndez coincide en que el problema también pasa por la falta de formación. “El personal policial necesita recibir capacitaciones constantes sobre violencia de género. Si no se comprende el ciclo de la violencia o las señales de riesgo, las denuncias se terminan tratando como simples conflictos de pareja”, expresó. Impunidad y mensajes de permisividad Ambos especialistas coinciden en que la impunidad es un factor que agrava el problema. “Cuando los agresores perciben que las denuncias no avanzan o que las sanciones son leves, se envía un mensaje de permisividad”, advierte Meléndez. Además, señala que los discursos que relativizan la violencia contra las mujeres también tienen impacto. “Cuando se cuestiona la credibilidad de las víctimas o se deslegitima la violencia de género desde espacios públicos, se debilita la confianza en el sistema de justicia”, sostiene. Para Guerra, el Estado debe reafirmar su compromiso institucional. “Se necesita una política pública sostenida, con recursos, evaluación constante y voluntad de coordinación entre la Policía, el Ministerio Público y el Poder Judicial”, subraya. Reformas urgentes para un sistema más efectivo Entre las medidas necesarias, los especialistas plantean que se debe garantizar la evaluación de los funcionarios que incumplen los protocolos. “No basta con tener leyes; se requiere personal suficiente, infraestructura adecuada y seguimiento a las medidas dictadas”, indica Guerra. Por su parte, Meléndez añade que es necesario mejorar los mecanismos de articulación. “El sistema debe funcionar como una red que actúe rápidamente ante señales de peligro. Eso implica también el compromiso de los gobiernos locales y regionales”, enfatiza. Los datos reflejan una situación que continúa siendo alarmante y que exige una respuesta más efectiva del Estado. Mientras no se garantice la protección oportuna y el cumplimiento de los protocolos, los especialistas advierten que la violencia contra las mujeres seguirá cobrando vidas. Los casos, más que cifras, continúan registrando la urgencia de actuar con diligencia antes de que sea demasiado tarde. Un problema del cual se había advertido En 2023, la Contraloría ya había alertado sobre esta problemática, en un informe que revelaba que los Centro de Emergencia Mujer no cumplían con sus labores de manera eficiente. Un caso emblemático fue el de MACC, asesinado por su conviviente apenas 24 días después de denunciar violencia física y psicológica, pese a que su situación había sido catalogada de riesgo severo. El personal del CEM no elaboró ​​planes de seguridad ni de atención, ni coordinó su ingreso a un refugio, y tampoco dio seguimiento, reflejando deficiencias que se repitieron en otros casos auditados ese año en Cajamarca, San Martín, Cusco, Lima y Callao, donde 14 de 28 mujeres denunciantes terminaron siendo asesinadas. Canal de ayuda Si eres o conoces a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, comunícate de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”. Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente. Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados). Recuerda que, ante una emergencia, los números de teléfono a los que te puedes comunicar son el 116, número de los bomberos, o al 105, número de la Central de Emergencia de la Policía Nacional del Perú. ¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes del Perú y el mundo en tiempo real.