Más de 20.000 denuncias y solo 11 sentencias por extorsión: datos del INPE revelan el colapso del sistema penal

La inseguridad ciudadana atraviesa una de sus mayores crisis. Entre enero y julio de 2025, se registraron más de 20.000 denuncias por extorsión a nivel nacional, pero apenas 11 sentencias condenatorias, según datos del Instituto Nacional Penitenciario (INPE). Esto significa que menos del 0,05% de los casos denunciados llegaron a una resolución judicial firme, mientras que 284 personas permanecen en prisión preventiva por este delito, sin condena. Todo ello a pesar de que, de acuerdo con cifras del Sistema de Denuncias Policiales (Sidpol) de la Policía Nacional del Perú (PNP), de enero a octubre de este año, hubo 23.213 denuncias por extorsión. Además, los datos del INPE (difundidos mediante su portal estadístico) evidencian la magnitud del problema: solo 295 internos ingresaron por extorsión, de los cuales el 96% no tiene sentencia firme. En paralelo, las cifras del SINADEF muestran que, hasta el 4 de noviembre, se han contabilizado 1.895 homicidios en todo el país, 129 de ellos ocurridos durante el actual gobierno de José Jerí, con Lima (39) y Huaura (10) como las provincias más violentas. Ningún día ha registrado “cero homicidios”. El panorama, advierten especialistas y exautoridades del sector, confirma un colapso institucional que impacta en la seguridad ciudadana y en la capacidad del Estado para sancionar la criminalidad organizada. TE RECOMENDAMOSPAPÁ DE ‘TRVKO’ EN VIVO: MAGALLANES HABRÍA D1SP4R4D0 5 VECES | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO Las denuncias han crecido hasta alcanzar cifras récord. Respuesta ineficiente de las autoridades El exministro del Interior Wilfredo Pedraza considera que el país enfrenta un fenómeno de extorsión “que crece de manera sostenida” y frente al cual el sistema de justicia “responde de modo pasivo”. “Me parece que el sistema penal (fiscalía, poder judicial y policía) está reaccionando de modo ordinario a un fenómeno que debería tener respuestas mucho más eficaces”, advirtió. Según Pedraza, la falta de condenas no solo refleja la ineficiencia procesal, sino también el temor ciudadano a hablar con las autoridades. “Los casos de no denuncia de extorsión son estrictamente por miedo a represalias”, explicó. Pese a ello, el incremento de denuncias muestra que la amenaza es aún mayor de lo que reflejan las cifras oficiales. El exministro agregó que las medidas han sido de “carácter político”, lo cual no desaprueba, pero menciona que tampoco ha percibido eficaces para combatir el crimen. Además, señaló que la reciente creación de la Dirección contra las Extorsiones en la Policía Nacional es un avance, pero aún carece de recursos, personal y tecnología para operar de forma efectiva. “Si no se implementan mecanismos especiales en la fiscalía y el poder judicial, las tasas de condena seguirán siendo muy bajas”, sostuvo. Pedraza también cuestionó la falta de planificación estratégica del Estado: “No existe una política criminal de mediano plazo. Lo que tenemos son respuestas coyunturales: declaratorias de emergencia, aumentos de penas y reformas que nunca se implementan”. Las cifras demuestran que los reclusos por extorsión en 2025 solo son 213, y muchos de ellos son casos antiguos. Hacinamiento, leyes improvisadas y desinterés político Para el penalista Luis Lamas Puccio, las cifras del INPE son el reflejo de un sistema interdependiente que falla en todos sus niveles: policía, fiscalía, poder judicial y cárceles. “El INPE es la última rueda del coche. Lo que sucede allí es consecuencia de lo que pasa en el poder judicial, el Ministerio Público y la Policía Nacional”, explicó. Lamas Puccio advierte que las constantes reformas legislativas sin sustento técnico han generado un “desorden generalizado” que interfiere en la administración de justicia. “El Congreso modifica el Código Procesal Penal por motivos políticos más que operativos. Eso desestabiliza todo el sistema”, señaló. Además, el penalista alertó que los 69 penales del país están sobrepoblados (confirmado por informes del INPE), lo que anula cualquier posibilidad de rehabilitación o resocialización. “No hay sistema en esas condiciones que pueda tener una capacidad mínima para un programa de resocialización. La función del sistema penitenciario no es encarcelar, es rehabilitar”, enfatizó. El hacinamiento, sumado a la corrupción interna, facilita la operación delincuencial dentro de las mismas cárceles. “Cuando hay desorden, cualquiera hace lo que quiere. Para controlar las mafias primero hay que deshacinar. Mientras eso no ocurre, es muy difícil luchar contra el crimen desde dentro”, añadió. La sobrepoblación en los penales es otro obstáculo del sistema penitenciario. El penalista Mario Amoretti fue aún más tajante, e indicó que el Estado responde con “efectismo político” en lugar de atacar las causas estructurales del delito. “No necesitamos visitas efectivas a los penales ni más leyes. En el país somos campeones en dictar normas, pero no se aplican. Hay una inflación de leyes penales”, sostuvo. Amoretti recordó que existen normas sobre seguridad ciudadana que no se ejecutan adecuadamente. “El problema no es la falta de legislación, sino la falta de técnicos, policías especializadas y sanciones efectivas contra funcionarios que permiten el ingreso de celulares y chips a los penales”, advirtió. El jurista señaló que la mayoría de los 284 presos preventivos por extorsión están encarcelados sin condena firme por “la incapacidad de investigar y probar los delitos”. En su opinión, la prisión preventiva se ha convertido en una forma de castigo anticipado ante la falta de recursos y preparación fiscal. “Mientras no se depure a la policía, al Ministerio Público y al Poder Judicial de funcionarios corruptos, no habrá resultados. Seguimos castigando sin condenar”, sentenció. ¿Qué representa la publicación de datos del INPE? El analista de datos Juan Carbajal, quien revisó la base estadística del INPE, detalló que, si se considera el total histórico, 1.389 personas están recluidas por extorsión en todo el país, de las cuales 749 (54%) están procesadas y 640 (46%) sentenciadas. Además, un dato que le llamó la atención fue que la mayoría de ingresos a prisión no está relacionada con la inseguridad, sino con el incumplimiento de la obligación alimentaria, con 2.224 reclusos. “Esto demuestra que la justicia es más rápida para delitos menores que para los relacionados a la inseguridad. Hay un cuello de botella judicial que mantiene a millas de internos procesados ​​durante años. Eso agrava la sobrepoblación y muestra una falta de priorización del delito”, señaló. El analista también cuestionó la ausencia de análisis territorial e inteligencia que se ayude de esta clase de datos estadísticos. “El presidente ha mencionado el plan Bratton, que plantea el uso de mapas de calor y datos georreferenciados para focalizar la criminalidad. Si se implementa bien, sería un paso clave. Hoy, la Policía actúa sin un enfoque analítico: arresta por arrestar”, comentó. “Hay herramientas digitales que permitirían identificar en tiempo real los puntos críticos delictivos, pero no se están usando. Sin inteligencia basada en datos, la política de seguridad seguirá siendo reactiva y fragmentada”, advirtió. El analista de datos, Juan Carbajal, publicó los datos del INPE. Para Erick Iriarte, especialista en ciberseguridad, la publicación de los datos del INPE marca un precedente en la transparencia digital del Estado, pero advierte que debe mantenerse actualizado y verificable. “Mientras se tenga información más actualizada, podemos tomar mejores decisiones. Los datos deben ser verdaderos, limpios y disponibles en el tiempo”, explicó. El experto coincidió en que el análisis de datos permite diseñar políticas criminales basadas en evidencia, no en percepciones o coyunturas. “Si los números de extorsión suben, el Estado debe enfocar sus recursos ahí. Si bajan, debe evaluar si sus políticas están funcionando. Los datos sirven para medir el impacto real de las decisiones públicas”, agregó. Los especialistas coinciden en que el colapso del sistema penal no se resolverá con medidas aisladas ni con más leyes. Se requiere una reforma integral que fortalezca la investigación policial, mejore la coordinación entre instituciones y reduzca el hacinamiento carcelario. Mientras eso no ocurre, los números seguirán mostrando una tendencia preocupante. Ello se traduce en millas de denuncias sin condena, cárceles saturadas y un país donde el delito se multiplica más rápido que la justicia. ¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes del Perú y el mundo en tiempo real.