Vigilancia y persecución, realidad de la disidencia en Trujillo

Las plazas de la ciudad de Valera ya no son lugares de conversación, sino de vigilancia. Si antes de las elecciones del 28 de julio de 2024 la gente discutía libremente sobre cambios y política, ahora el ambiente opresivo impone el silencio con cámaras de vigilancia, que lejos de brindar seguridad, transforman estos sitios de esparcimiento en áreas de control. En el estado Trujillo, centro de una nueva ola de represión, las autoridades prohibieron la exhibición de cualquier pancarta o símbolo de apoyo a la líder opositora María Corina Machado, y las detenciones de activistas y dirigentes se dispararon. con las últimas cifras publicadas por la ONG Justicia Encuentro y Perdón, después del Distrito Capital y el estado Zulia, Trujillo figura como la tercera entidad con más detenciones en lo que va de 2025, con 21 arrestos registrados. El 12 de septiembre, el Tribunal Tercero de Control de esa entidad, emitió una orden de aprehensión por terrorismo e incitación al odio contra 18 trujillanos, medida que agudizó la persecución. Hasta el 13 de octubre, las autoridades detuvieron al menos a siete personas incluidas en esa lista, mientras otros activistas siguen desaparecidos o bajo hostigamiento constante. Para activistas y defensores de los derechos fundamentales, el estado andino es un reflejo del aumento de la represión política en Venezuela. La persecución, que apunta directamente a la disidencia política, infundió el miedo en la población que ahora manifiesta vivir en un clima opresivo, debido a las detenciones de figuras prominentes, sumadas a la vigilancia constante de espacios públicos en Valera, capital de la entidad. “Las detenciones de líderes reconocidos en el estado Trujillo constituyen la manifestación más grave de la represión”, señala un activista estudiantil entrevistado por Efecto Cocuyo, que por medidas de seguridad pidió omitir su nombre para la publicación. El estudiante advierte que las acciones del gobierno de Nicolás Maduro no solo intimidan a la población, también demuestra que incluso personas con trayectoria y reconocimiento son vulnerables ante ellos. El patrón de arrestos, documentado en Trujillo, se centra en la disidencia política: afecta a dirigentes, empresarios y activistas. «Trujillo es un reflejo de lo que se vive en el país», señaló el dirigente universitario, debido a la represión y la persecución en todo el territorio nacional después de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024. La ONG Justicia, Encuentro y Perdón documenta 250 detenciones arbitrarias en lo que va de 2025 en Venezuela. Los casos más conocidos de detenciones en esa región incluyen al economista Ricardo Berríos, expresidente de Fedecámaras Trujillo; al secretario general de Acción Democrática, Carlos Andrés González, y su esposa, Ana María Palomares. Además, de la detención del médico Juan Torres, con su esposa, y el exconcejal Jorvin García. Los arrestos ocurren incluso en fechas de gran significado para la comunidad, como lo fue la canonización de San José Gregorio Hernández, en su natal Isnotú, celebrada el 19 de octubre de este año. Ese día detuvieron a Jorvin García, de Un Nuevo Tiempo, y a Araceli Balsa, de Vente Venezuela, ambos dirigentes en el municipio Rafael Rangel. Se pudo conocer que García está encarcelado en Yare II, en el estado Miranda, y Araceli Balsa en un centro de detención en Caracas, a más de 500 kilómetros de la ciudad de residencia. De manera extraoficial, una fuente vinculada a la política estatal, cuya identidad se reserva, agregó que conocieron la detención de Deyvis Marín, un joven que realizaba grabaciones audiovisuales en las celebraciones religiosas. “El mes que debía ser de alegría y devoción se transformó en semanas de miedo, persecución y angustia”, dijo el dirigente político. sensación de vivir en una «cárcel», como descrito un periodista de la entidad entrevistado mediante la plataforma de mensajería instantánea WhatsApp. El reportero, que también prefiere declarar bajo anonimato por temor a represalias, señala que la vigilancia se ejerce a través de un despliegue de tecnología y efectivos de seguridad en puntos estratégicos de la capital trujillana. “La ciudad es objeto de una vigilancia permanente, donde sus ciudadanos tienen distintos temores, de ser oídos, escuchados», asegura. El periodista declaró que el estado de vigilancia opera bajo un disfraz y señaló que la instalación de cámaras con audio en Valera se presenta como una medida para controlar los desechos sólidos, usándolo como «mampara» o pretexto.La delación, dice el reportero, está presente en el día a día. política regional, porque ya es objeto de una amenaza (…) hay situaciones donde ‘los censores’ llámese un mesonero, llámese alguna persona… escucha algo e inmediatamente reporta», agregó. Sobre la alta presencia de seguridad estatal, un dirigente estudiantil relató la situación durante la canonización de San Gregorio Hernández en Isnotú: «Creo, no estoy seguro, que había alrededor de 3.000 efectivos». Agregó que este gran despliegue policial y militar (alcabalas) en puntos estratégicos impactó fuertemente en el espacio público y eliminó las protestas por la crisis de servicios básicos, que siguen afectando a la población. Para el dirigente estudiantil, se creó un clima de temor que silencia tanto a la población en general como a los activistas y periodistas. «Hoy la gente se alarma si escucha a alguien hablando de política y voltean la mirada», relata el universitario. Asegura que estos temores contrastan con el período preelectoral, cuando se escuchaba a la gente «hablando sobre la necesidad de un cambio» en el mercado, en los centros comerciales o en el transporte público. Para los defensores de los derechos humanos, la situación es doblemente compleja. Un defensor comentó que al haber vivido la criminalización de la protesta, ahora se enfrenta a la criminalización en la defensa de los derechos humanos a través de las nuevas leyes contra las ONG promovidas por la Asamblea Nacional. El activista señaló que su preocupación radica en que, anteriormente, el gobierno reprimía las manifestaciones en la calle, pero ahora utiliza leyes para perseguir y limitar la laboral legal y de documentación de las organizaciones dedicadas a proteger los derechos humanos. Esta situación lo obliga a priorizar la integridad personal, lo que ha llevado incluso a que algunos activistas se alejan de su trabajo. «Me he tenido que dedicar a otra cosa y alejarme de ese activismo», puntualizó. El periodismo maniatado El ejercicio del periodismo en el estado Trujillo se encuentra «demasiado golpeado y restringido», según un periodista de la región que tuvo que salir del país por amenazas en su contra. Datos del Instituto Prensa y Sociedad (Ipys) publicados en su informe anual sobre libertad de prensa, llamado “La prensa cautiva: terror, silencio, prisión y exilio”, destacando a Trujillo, detrás del Área Metropolitana de Caracas y el estado Bolívar, como la tercera región donde se documentaron más casos de autocensura, durante 2024, con 16 incidencias documentadas. El comunicador explicó que la censura y la autocensura son la norma en ese estado, debido a que la difusión de información crítica o denuncias de la comunidad los pone en la mira de las autoridades. El acceso a fuentes de información sobre política, comunidades o denuncias es sumamente restringido porque los contenidos son vigilados de inmediato.Según el periodista, la vigilancia opera a través de «censores», quienes revisan las publicaciones en redes sociales y la información crítica. Si un periodista es detectado, lo identifican y reportan a las autoridades del gobierno estatal, representadas por el gobernador chavista, Gerardo Márquez o la directiva del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv). Esta situación de hostigamiento obliga a los profesionales a ejercer su trabajo con «mucho miedo, con mucho temor». “Estamos totalmente maniatados y con unas gríngolas en nuestra visión», añadió. En Trujillo, dijo, son varios los comunicadores sociales detenidos, y algunos optaron por salir del estado o del país. También fueron cerrados programas de opinión radial. Una fuente entrevistada por Efecto Cocuyo relató que las amenazas son «directas, así como también a través de intermediarios». Ellos les indican que se quedan “tranquilos”, para evitar que sean detenidos: “ si no te van a llevar porque estás en una lista». Esta táctica no solo se dirige al activista. “También juegan con tu familia», dijo. La fuente explicó que a través de intermediarios se les llega a decir indirectamente a los familiares que «supuestamente tu hijo o tu familiar está en una lista, que tenga precaución». Todo esto genera que el entorno decida mantener al activista «al margen» para proteger su integridad y la de su familia. Una decisión que también han tenido que tomar opositores y ciudadanos que ahora evitan hablar de temas políticos de forma cotidiana por temor a las represalias.