Cinco familias de activistas y opositores han sido blanco de detenciones en lo que va de 2025

Las detenciones contra disidentes en Venezuela se han intensificado desde las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024. Entre julio y agosto del año pasado al menos 2 mil personas fueron encerradas tras participar en protestas contra los resultados electorales. En 2025, la situación no cambió. Y a pesar de que el número de presos políticos se redujo –875 hasta el 27 de octubre, según los datos del Foro Penal-, las detenciones a disidentes siguen practicándose en todo el país. Un patrón de arrestos por motivos políticos, evidenciado con mayor frecuencia durante este 2025, son las detenciones de familiares de activistas disidentes al gobierno de Nicolás Maduro, práctica que preocupa a la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos Sobre Venezuela de la ONU, que en su último informe advierte que esta situación no es solo sistemática, sino que es sostenida con el propósito de ejercer el control mediante el miedo y la intimidación. Desde enero de 2025, las autoridades venezolanas intensificaron los arrestos contra familiares de personas perseguidas por motivos políticos. Organizaciones defensoras de derechos humanos, como Provea, alertaron sobre esta práctica represiva, que aunque ya se registró en 2024 —por ejemplo, con la detención de la activista Rocío San Miguel junto a dos de sus parientes—, se ha vuelto mucho más común.Otro caso emblemático es el del año del líder opositor Edmundo González Urrutia, Rafael Tudares, apresado el 7 de enero de 2025 mientras llevaba a sus hijas al colegio. En la aplicación del Sippenhaft, una práctica de castigo colectivo llevada a cabo en la Alemania Nazi, también está el caso de la familia del teniente en el exilio José Rodríguez Araña, quien hasta este 5 de noviembre tiene a nueve familiares arrestados. El funcionario castrense abiertamente opositor a Maduro, y quien huyó de Venezuela después de ser encarcelado, denunció la situación desde enero y señaló que sus seres queridos están bajo arresto tras no poder detenerlo a él. La familia Guillén, en el estado Carabobo, también fue víctima de este castigo colectivo, al ser arrestada, después de que las fuerzas de seguridad del Estado intentaran detener a un familiar que colaboraba con María Corina Machado, premio Nobel de la Paz. De igual forma también se documentaron estos castigos colectivos contra la familia del defensor de derechos humanos Pedro Andrade, en el estado Trujillo, y uno de los casos más graves fue el ocurrido contra la familia del comunicador Omario Castellanos, quienes fueron detenidos en el estado Lara y luego imputados con delitos asociados al terrorismo. Los nueve familiares de Rodríguez Araña Desde enero de 2025, la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) comenzó una serie de operativos que resultaron en la detención y desaparición forzada de al menos nueve familiares del primer teniente José Rodríguez Araña. La táctica empleada, que el teniente califica como Sippenhaft, busca doblegarlo a través del castigo y la presión sobre su círculo íntimo, el cual enfrenta acusación de terrorismo e instigación al odio. Las primeras detenciones ocurrieron el 24 de enero de 2025 en el estado Barinas, donde funcionarios de la Dgcim arrestaron a la hermana del oficial, Génesis Rodríguez Araña (33), ya sus primos Gilbert Araña (31) y Daniela Araña. (34). Meses después, en el marco de una nueva operación a partir de septiembre, los agentes detuvieron a la madre del teniente, Neida Araña Díaz (53), quien ya había sido detenida y liberada en abril. Además, arrestaron nuevamente al padre del militar, José Rodríguez, después de haberlo liberado en mayo. Durante los operativos de septiembre también capturaron al hermano Jhoany Rodríguez, a su cuñada Alejandra Vera, a la tía Haydee Jérez, y al primo Carlos Belandria Araña, con la intención de ejercer máxima presión sobre el teniente exiliado en Estados Unidos. El teniente Rodríguez Araña, desde su exilio, señaló a la Dgcim como la responsable directa del secuestro y desaparición forzada de sus seres queridos. La imputación contra los Castellanos La noche del 16 de octubre, funcionarios policiales irrumpieron sin orden judicial en la residencia de Omario Daniel Castellanos, estudiante de Comunicación Social de la Universidad Yacambú y reportero del medio digital SoyLarense.com, ubicado al oeste de Barquisimeto, estado Lara. Durante el procedimiento, los agentes detuvieron a Castellanos, a su madre Blanca Guerrero y a su hermano José Castellanos. Posteriormente, las autoridades imputaron a los tres detenidos por el delito de terrorismo y fueron enviados a la cárcel de Yare, en un proceso judicial que fue calificación como un nuevo atropello contra la prensa por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (Sntp). El Sntp rechazó categóricamente la detención, la irrupción en la vivienda sin la debida orden y el posterior. traslado arbitrario. La organización exigió la liberación inmediata de Omario Daniel Castellanos, su madre y su hermano, y demandó el respeto a su integridad física, el debido proceso y el derecho al ejercicio del periodismo en Venezuela. Edmundo González. Los oficiales llegaron a la residencia de la familia, en la urbanización Paso Real, buscando al activista. Al no encontrarlo, los uniformados procedieron a detener a su madre, Miriam Fernández Ruiz (72 años), y a su hijo adolescente, Miguel Ángel Guillén (17 años). El Comité por la Libertad de los Presos Políticos de Venezuela (Clippve) explicó que, tras los primeros arrestos, los funcionarios forzaron a Miguel Ángel Guillén a llamar a su hermana, Chantal Guillén Ibarra (21 años). Le indicaron que acudiera a la sede de la PNB en La Esmeralda para entregar supuesta información. Cuando Chantal Guillén Ibarra llegó al lugar, los oficiales la detuvieron inmediatamente junto a su hija, la niña Nicole Palermo, de apenas dos años de edad, llevando el número total de personas detenidas a cuatro. Gracias a la presión de familiares y organizaciones defensoras de derechos humanos, la niña Nicole Palermo y el adolescente Miguel Ángel Guillén fueron liberados el 8 de septiembre. No obstante, Miriam Fernández Ruiz y Chantal Guillén Ibarra permanecen privadas de libertad de manera arbitraria. Familiares de Pedro Andrade En el estado Trujillo, el 11 de septiembre, detuvieron a tres familiares directores del dirigente de Vente Venezuela, Pedro Andrade Hernández. Más de 100 agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), la Policía de Trujillo y el Comando Nacional contra Extorsión y Secuestro (Conas) allanaron la vivienda de Andrade Hernández en Valera. Los funcionarios al no encontrar al político arrestaron a su madre, María Nolberta Hernández Ramírez (71 años), a su hermana Liseth Jackeline Andrade Hernández, ya un sobrino. La madre y la hermana permanecieron detenidas en la sede de la Policía de Trujillo. La búsqueda de Andrade continuó hasta su captura y el Comité de Derechos Humanos del partido de Machado informó que funcionarios detenidos al activista político junto al dirigente Hommel Torres el 21 de septiembre. La detención ocurrió en una alcabala ubicada en el estado Táchira. Andrade y Torres se dirigieron a Colombia desde Trujillo en el momento del arresto. La familia de un activista de DDHH también fue detenida El 16 de septiembre, funcionarios de la PNB detuvieron al activista por los derechos humanos Pedro Hernández en la localidad de Aroa, en el estado Yaracuy. Hernández, quien funge como director general de la ONG Campo, dedicada a la defensa de los derechos de los campesinos, fue abordado frente a su casa por funcionarios de seguridad del Estado. Desde el momento de su detención, las autoridades no confirmaron su arresto ni su traslado a un centro oficial. La persecución contra Andrade se intensificó el 17 de septiembre, cuando funcionarios de seguridad se llevaron a su esposa, Natalia Álvarez, y a su padre, Pedro Hernández Serrano. Además, familiares acudieron a la sede del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas) de San Felipe para solicitar información sobre Pedro Hernández, y los oficiales también detuvieron a su hermano, Daniel Enrique Hernández, ya un primo. Días después de las detenciones, el 22 de septiembre, liberaron a los allegados del activista: Natalia Álvarez, Pedro Hernández Serrano, el hermano Daniel Enrique Hernández, y el primo. Posteriormente, excarcelaron al activista el sábado 25 de octubre, después de pasar 39 días detenido. Las autoridades lo liberaron sin restricciones y en buen estado de salud.