Destitución del juez Ulloa reabre debate sobre corrupción en el Poder Judicial

La destitución del ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Antonio Ulloa, marcó un nuevo capítulo en la crisis de confianza que atraviesa el Poder Judicial. Su salida, aprobada ampliamente en el Senado tras una acusación constitucional, se produjo luego de conocerse diálogos que sostuvo con el abogado e imputado en el caso Audios, Luis Hermosilla, lo que había motivado previamente la apertura de un cuaderno de remoción en su contra. decidido mantener a Ulloa en su cargo tras un empate en la votación de los 14 ministros presentes, decisión que generó críticas transversales. La respuesta política no tardó: los parlamentarios impulsaron una acusación constitucional que, esta vez, terminó por poner fin a su carrera judicial. Sin embargo, la discusión no se limita a un solo nombre. En menos de un año, tres ministros de tribunales superiores han sido removidos: Ángela Vivanco, Sergio Muñoz y ahora Antonio Ulloa. Para muchos, esto plantea la duda de si el Poder Judicial atraviesa una etapa de depuración o, por el contrario, de profundo debilitamiento institucional. Al respecto, la abogada María José Lira, magíster en Derecho Público, explica que solo la remoción de Vivanco fue impulsada por el propio Poder Judicial, mientras que las destituciones de Ulloa y Muñoz provinieron del Congreso. “Más que hablar de fortalecimiento, yo creo que el Poder Judicial está debilitado, porque no ha tomado las riendas frente a situaciones de corrupción que son públicas y que ocurren dentro de este poder del Estado”, señala. Para Lira, los casos recientes no solo afectan la imagen de la justicia, sino que también abren sospechas sobre la existencia de más magistrados involucrados en prácticas irregulares. “No es positivo que se destituyan jueces de tribunales superiores, menos aún por las razones que hoy se esgrimen. Eso no fortalece, sino que socava la confianza ciudadana”, enfatiza. La profesional recuerda que en años anteriores también hubo acusaciones constitucionales —como la dirigida contra una ministra de la Corte de Apelaciones de Valparaíso por otorgar libertad condicional a un condenado que luego asesinó a Ámbar Cornejo— que no prosperaron, pese a la controversia pública. “Ahí hablamos de diferencias de criterio judicial. Pero en los casos actuales, lo que se observa no es una diferencia de interpretación, sino faltas graves al deber, vínculos impropios con abogados o incluso filtraciones de fallos”, sostiene. En esa línea, Lira plantea que detrás de algunas destituciones recientes también puede haber motivaciones políticas, como ocurrió —a su juicio— con la salida de Sergio Muñoz, “más una reacción de frente equilibrio a la de Ángela Vivanco que una sanción fundada”. daño ya está hecho. Cada destitución, cada investigación interna, alimenta la percepción de que el sistema judicial atraviesa una crisis de ética y liderazgo.