Entre las personas excarceladas este 25 de diciembre, al menos, destacan once mujeres, todas recluidas en centros penitenciarios femeninos de Táchira y Miranda. Fuentes de organizaciones de derechos humanos y reportes independientes confirmaron en primer lugar la liberación de Marggie Xiomara Orozco Tapias, médica de 65 años de edad y condenada a 30 años de prisión por criticar al Gobierno en un mensaje de voz de WhatsApp; quien estaba detenida en el Centro Penitenciario de Occidente de Santa Ana, estado Táchira, desde el pasado 5 de agosto.También recibieron la misma medida María Elena Becerra, Jenny Núñez, Alayne Rangel, las tres también reclusas en Santa Ana.Mientras que Carla Mileiby González Rodríguez, Rosmayer Yenimar Castillo Colmenares, Stefany Dayan Araujo Colmenares, Marielba Delgado de Rodríguez, Laura Virginia Márquez Osuna y Ornelia Auxiliadora Álvarez fueron excarceladas del Centro Penitenciario Femenino La Crisálida, en Miranda. Becerra Márquez, docente del Táchira y de 46 años de edad, fue detenida el lunes 12 de agosto de 2024. Mientras realizaba compras para sus hijos, fue interceptada por funcionarios de la División contra la Delincuencia Organizada (DCDO) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en Palmira, municipio Guásimos. Posteriormente, fue trasladada a la sede de la PNB en el sector de La Machirí, en el municipio San Cristóbal. Después de muchos diferimientos, el 13 de agosto, fue presentada ante el Tribunal Primero de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Táchira, donde fue acusada de traición a la patria, conspiración e incitación al odio, al basarse únicamente en una denuncia sin pruebas concretas sobre un supuesto video grabado por ella en TikTok. la falta de evidencias, el 28 de noviembre, el Ministerio Público solicitó su enjuiciamiento, y el 6 de diciembre Becerra fue trasladada al anexo femenino del Centro Penitenciario de Occidente, donde hasta este 25 de diciembre estuvo en aislamiento total y con graves signos de estrés postraumático, ansiedad y depresión. Por su parte, Jenny Elisabet Núñez Rivera, dirigente del sector transporte de Táchira, permanecía detenida por supuestamente difundir un audio que promovía un paro de transporte en el marco de las protestas postelectorales. Fue imputada por presuntamente incurrir en los delitos de instigación al odio, conspiración y traición a la patria. Mientras, la también tachirense Alayne Rangel Gómez, de 32 años de edad, había sido detenida en enero de 2025 por ser prima de la dirigente política Zuleika Meneses (Voluntad Popular). El arresto fue junto con una tía, liberada posteriormente, sin orden judicial y en represalia por la militancia de su familiar.Sobre Carla Mileiby González Rodríguez, Rosmayer Yenimar Castillo Colmenares, Stefany Dayan Araujo Colmenares, Marielba Delgado de Rodríguez, Laura Virginia Márquez Osuna y Ornelia Auxiliadora Álvarez no hay datos de sus causas; pero, según voceros de ONG, fueron detenidas en operativos masivos de los cuerpos de seguridad tras las protestas de 2024. Todas ellas tienen desde este 25 de diciembre medidas cautelares de presentación en tribunales cada 30 días. Aún faltaría por confirmar otros nombres, pues organizaciones de DDHH solo han podido dar datos de 45 de esas liberaciones parciales. Hasta mediados de diciembre de 2025, Foro Penal contabilizaba 902 presos políticos, la mayoría relacionados con aquellas manifestaciones. Familiares y ONG aplaudieron las excarcelaciones, pero reclamaron libertad plena para los detenidos restantes.




