La Primera Sala Penal de Apelaciones Nacional inició este jueves 16 la revisión en segunda instancia de la sentencia de 20 años y seis meses de prisión que recibió el expresidente alejandro toledo por los delitos de colusión y lavado de activos, por el caso Interoceánica Sur.
La audiencia marca el inicio de la fase de apelación del proceso, en el que también fueron condenados en primera instancia los exfuncionarios de Proinversión. Alberto Pascó-Font Quevedo y Sergio Bravo Orellana.
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El caso está relacionado con la adjudicación irregular de los tramos 2 y 3 de la Carretera Interoceánica Sur, entre los años 2004 y 2005, a favor de la constructora brasileña. Odebrecht. Según el fallo del Segundo Juzgado Penal Colegiado Nacional, Toledo recibió una coima de más de 30 millones de dólares para facilitar la concesión de la obra.
Audiencia de apelaciónDurante la sesión de este jueves, el abogado Roberto Su, defensor legal del expresidente, presentó los alegatos iniciales en defensa de su patrocinado.
También se escucharon los alegatos de la defensa de Sergio Bravo Orellana, exmiembro del Comité de Proinversión, condenado a nueve años de prisión por el delito de colusión.
La próxima audiencia fue programada para el 24 de octubre, fecha en la que la sala escuchará los argumentos de la defensa de Pascó-Font, también exfuncionario de Proinversión y sentenciado a nueve años de cárcel.
Los argumentos de las defensas.El abogado Iván Meini, representante legal de Pascó-Font, adelantó que en esta nueva etapa insistirá en que su patrocinado no participó de ningún acto colusorio.
“El desempeño del señor Pascó-Font como miembro del Comité de ProInversión fue ajustado a derecho. En todo caso, los acuerdos ilícitos fueron realizados por Odebrecht, a través del señor Jorge Barata, con el expresidente Alejandro Toledo”, señaló Meini en Diálogo con El Comercio.
El abogado Francisco Ugaz Heudebert, también integrante del equipo de defensa de Pascó-Font, sostiene que no existe ningún elemento probatorio que acredite una concertación entre los miembros del Comité de ProInversión y el consorcio liderado por Odebrecht, que obtuvo la buena pro de la carretera.
“Los testimonios de los representantes del consorcio confirman que nunca tuvieron trato con él y que incluso lo consideraron un obstáculo para sus intereses”, afirmó, en declaraciones remitidas a El Comercio.
El testimonio de Barata Uno de los elementos clave en la estrategia de la defensa es el acuerdo de colaboración eficaz suscrito con Jorge Barata, exrepresentante de Odebrecht en el Perú. De acuerdo con la defensa de Pascó-Font, este documento ratifica que el Comité de Proinversión no tuvo participación en las negociaciones ilícitas con la constructora brasileña.
En el texto de colaboración, Barata señala que Toledo se había comprometido a alterar las cláusulas de la licitación para favorecer a Odebrecht y dificultar la participación de otras empresas. No obstante, no se realizaron las modificaciones.
Esas declaraciones, según las defensas, desvirtúan la tesis fiscal que vincula a los exfuncionarios de Proinversión con un presunto pacto colusorio.
El fallo en primera instanciaEn octubre de 2024, el Segundo Juzgado Penal Colegiado Nacional, presidido por la jueza Zaida Pérez, dictó la sentencia que ahora se revisa en apelación. El tribunal condenó a Toledo a 20 años y seis meses de prisión por colusión y lavado de activos, al considerar probado que se coludió con Odebrecht para otorgar la licitación de los tramos 2 y 3 de la Interoceánica a cambio de sobornos.
Según el fallo, el expresidente utilizó al empresario Josef Maiman como intermediario para recibir los pagos ilícitos mediante empresas offshore.
El tribunal también impuso nueve años de prisión a Sergio Bravo Orellana y Alberto Pascó-Font por colusión, y 14 años y seis meses al empresario José Fernando Castillo Dibós, encontrado culpable de colusión y lavado de activos.
En el caso de Bravo y Pascó-Font, la ejecución de la pena se suspendió hasta que la sentencia quede firme. Ambos permanecen en libertad, bajo reglas de conducta.
Toledo, en cambio, cumple actualmente prisión en el penal Barbadillo, en Ate.
La carretera Interocéanica, considerada uno de los proyectos emblemáticos de integración vial durante el gobierno de Toledo, fue cuestionada por sus sobrecostos y deficiencias técnicas. Su ejecución formó parte del esquema de corrupción que Odebrecht desplegó en varios países de América Latina.
