Aliado de Milei bajo presión por supuesto sobreprecio en plantas nucleares

Un asesor cercano al presidente Javier Milei está en el centro de una creciente disputa interna y judicial sobre supuestas irregularidades en el operador nuclear estatal de Argentina. Demian Reidel, presidente de Nucleoeléctrica Argentina SA, la empresa estatal que opera las centrales nucleares del país, enfrenta denuncias relacionadas con los procesos de adquisiciones de la firma y presuntos sobreprecios en contratos de servicios y software. Reidel, un economista y físico que anteriormente trabajó en el Banco Central durante el mandato de Federico Sturzenegger, se ha convertido en uno de los asesores económicos clave de Milei. Fue designado para dirigir Nucleoeléctrica, también conocida como NA-SA, en abril de 2025. Dentro de los círculos libertarios es visto como una figura técnicamente influyente con una fuerte impronta ideológica e influencia directa sobre áreas estratégicas del estado, incluidos los sectores energético y nuclear. La disputa más sonada se centra en una licitación de servicios de limpieza en áreas sensibles de las plantas Atucha I y II, contrato catalogado como crítico por tratarse de zonas de riesgo radiológico. Pero, según informó Perfil, el proceso de licitación estuvo marcado por cambios en los requisitos de admisibilidad, plazos más cortos y criterios técnicos que redujeron drásticamente la competencia. De nueve empresas que presentaron ofertas inicialmente, sólo dos –LX Argentina y La Mantovana Servicios Generales– pasaron la primera revisión técnica. Días después se incorporó en la fase financiera otra firma, Limpiolux, a pesar de no haber sido evaluada técnicamente por el departamento solicitante. Esa medida provocó fuertes objeciones internas, y los críticos advirtieron que socavaba la trazabilidad y violaba los procedimientos administrativos básicos. Las tres empresas presentaron ofertas muy por encima de los niveles de precios vigentes. La propuesta de LX Argentina fue la más baja entre ellas, lo que la posicionó como el probable ganador, pero aún así fue significativamente más alta que el contrato existente. Una queja interna afirma que su oferta excedió el costo del contrato existente en al menos un 140 por ciento, una diferencia que, según los demandantes, habría causado un daño financiero significativo a la empresa. Juan Pablo Nolasco Sáenz, gerente de planta de Atucha I y II, presentó un escrito ante el Comité de Integridad de la empresa advirtiendo sobre presiones internas, intentos de revisar informes técnicos ya aprobados y solicitudes de “justificación” económica de ofertas de mayor precio. El expediente también se refiere a intervenciones de departamentos sin responsabilidad técnica directa y a repetidas llamadas telefónicas urgentes relacionadas con el proceso. Luego de conocerse el contenido de la denuncia, el directorio de Nucleoeléctrica destituyó temporalmente de sus cargos al gerente general, Marcelo Famá, y al gerente de coordinación administrativa, Hernán Pantuso. Ambos habían sido nombrados por Reidel y eran considerados parte de su círculo íntimo, lo que exponía marcadas divisiones dentro de la dirección de la empresa. El caso Atucha no es un caso aislado. Antes de que esta disputa se hiciera pública, otra empresa, Distribón SRL, ya había llevado otra licitación de limpieza de Nucleoeléctrica a un tribunal federal, alegando manipulación de ofertas mediante requisitos y plazos arbitrarios que, según dijo, eran imposibles de cumplir para servicios de alta complejidad técnica. Las preocupaciones sobre las prácticas de adquisiciones también se han extendido más allá de los contratos de servicios. A principios de enero, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) presentó una queja formal contra la administración de Reidel por un contrato de tecnología vinculado a la migración del sistema SAP de la empresa a SAP S/4HANA. Según la presentación del sindicato, el costo del proyecto supuestamente aumentó de una estimación inicial de alrededor de 600.000 dólares estadounidenses a aproximadamente 7 millones de dólares estadounidenses, un aumento que, según el sindicato, carecía de documentación y supervisión suficientes. ATE dijo que la escalada carecía de justificación transparente, pistas de auditoría o controles internos adecuados y argumentó que, en conjunto con la licitación de limpieza de Atucha, apuntaba a un debilitamiento más amplio de los controles internos bajo la gestión de Reidel. Reidel no ha respondido públicamente a estas acusaciones, y Nucleoeléctrica no brindó una declaración pública sobre estos asuntos cuando algunos medios se acercaron a ella. El diario La Nación informó que la empresa declinó comentar sobre las denuncias de presuntos sobreprecios ni explicar los procesos bajo revisión, respuesta similar a la dada a Perfil. – TIMES/NA/PERFIL