Amnistía denegada: ¿A quiénes se les ha rechazado el beneficio y qué sabemos de sus casos?

La Asamblea Nacional, de mayoría chavista, sancionó hace poco más de un mes la Ley de Amnistía, un apartado legal que las autoridades interinas presentan como un instrumento clave para la “paz social” y la “reconciliación nacional”. Aunque según cifras oficiales esta ley ha permitido la salida de la cárcel de más de 250 personas y el cierre de aproximadamente 7 mil casos judiciales, la negación del otorgamiento de amnistía a al menos 16 ciudadanos pone el foco en la selectalidad de la Ley. El artículo 9 de esta Ley es uno de los más controversiales, ya que niega el beneficio a quienes hayan participado en acciones armadas, rebeliones militares o conspiraciones que involucren el uso de mercenarios y apoyo de potencias extranjeras. Al establecer exclusiones explícitas para delitos que atentan contra la soberanía, la integridad territorial y las instituciones del Estado, la norma cierra la puerta legal a cualquier hecho tipificado como traición a la patria o insurgencia armada. Por esta razón, organizaciones de derechos humanos denuncian que la normativa es una herramienta de selección arbitraria que deja fuera a más de 400 presos políticos, principalmente del sector militar. La ley también excluye de forma tajante delitos como el homicidio intencional, las lesiones gravísimas y la corrupción, lo que en la práctica anula la posibilidad de amnistía para los procesados ​​por este tipo de delitos. A pesar de no tener delitos relacionados con el terrorismo les negaron la amnistía El caso de la periodista Nakary Mena y su esposo, el asistente de cámara Gianni González, quienes fueron detenidos en 2024, tras la publicación de un reportaje audiovisual sobre la criminalidad en Caracas dejó en evidencia las fallas en la aplicación de esta Ley. Ambos trabajadores de la prensa salieron de la cárcel el pasado 14 de enero, cuando se otorgaron excarcelaciones a la mayoría de los comunicadores sociales detenidos por motivos políticos. Durante su proceso judicial, Mena no tuvo acceso a la defensa privada y fue acusada por la Fiscalía de instigación al odio y publicación de noticias falsas. Es importante señalar que ninguno de estos delitos está excluido de los beneficios de la Ley de Amnistía; Sin embargo, el 16 de marzo se informó que el tribunal que lleva su causa le negó la amnistía, aunque se desconocen los motivos de esta decisión. Para el equipo del Colegio Nacional de Periodista seccional Caracas, la negativa de la amnistía a Mena confirma el patrón de persecución judicial en el país. “Los tribunales cierran la puerta a la justicia y la abren al ensañamiento. Exigimos libertad plena y cese del hostigamiento”, pidió entonces la institución gremial tras conocerse la negativa de la amnistía. La tarde de este 20 de marzo, el Sindicato de Trabajadores de la Prensa informó que la pareja quedó en libertad plena luego que el tribunal declaró sobreseimiento, a pesar de que en días anteriores había negado la medida. Seis sindicalistas sin amnistía El caso de Alcides Bracho, Gabriel Blanco, Emilio Negrín, Reynaldo Cortés, Néstor Astudillo y Orlando Meléndez, los seis sindicalistas sentenciados a 16 años de prisión por la jueza del Tribunal 2 de terrorismo, Grendy Duque, por la presunta comisión de los delitos de conspiración y asociación para delinquir, también genera preocupación en las organizaciones defensoras de derechos humanos debido a la negación de la amnistía, el pasado 17 de marzo. Los sindicalistas que fueron excarcelados en diciembre de 2023, tras su detención entre los días 5 y 7 de julio de 2022, sin orden de judicial y violando el debido proceso, se encuentran hoy en un limbo judicial que los afecta de manera cotidiana. Los seis participaron en movilizaciones en pro de los derechos laborales, salarios justos y contra la eliminación del instructivo de la Onapre. Durante el juicio, la defensa de los luchadores sociales informó que la persona que hizo la denuncia contra los seis acusados ​​no apareció en un año y dos meses y aseguró que todos fueron condenados “sin pruebas y sin hechos”. Néstor Astudillo, en una entrevista con Efecto Cocuyo, denunció que el tribunal utilizó argumentos ajenos a su causa para ratificar la condena de 16 años. “Ahí decía que se nos niega la amnistía por el artículo 9 de la ley, refiriéndose a una publicación en Twitter del capitán Ángelo Heredia; una redacción que nos eleva al nivel de rebelión militar cuando nosotros somos dirigentes sociales y sindicales”, afirmó Astudillo, quien alertó que esta nueva narrativa jurídica busca abrir la ventana a un nuevo juicio arbitrario. El dirigente sindical calificó de «criminal» la situación actual de los seis luchadores sociales, quienes, a pesar de estar fuera de los calabozos, enfrentan restricciones severas que limitan su vida cotidiana y profesional. “Nosotros no estamos bajo una medida cautelar; yo estoy en la calle condenado, cumpliendo pena con régimen de presentación y prohibición de salida del país”, explicó Astudillo para aclarar que el Estado aún los considera culpables de delitos que la defensa tilda de inexistentes. Astudillo cuestionó el discurso oficial de pacificación y señaló que las instituciones mantienen las mismas estructuras que permitieron su detención en 2022. “Lo que sigue sucediendo en Venezuela es que los mismos torturadores y los mismos jueces y fiscales siguen enquistados; la represión no para y la puerta giratoria no deja de girar”, sentenció el dirigente. Para el sindicalista, la realidad en las calles contradice las promesas de diálogo, pues mientras el gobierno anuncia liberaciones, los organismos de seguridad continúan manteniendo a ciudadanos bajo patrones de persecución política. A Vente Venezuela le han negado seis amnistías El partido Vente Venezuela, de la líder opositora y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, igualmente ha sido afectado por la negación de la amnistía al menos a seis de sus dirigentes. El caso del asesor legal de esta organización política, Perkins Rocha, fue el primero en hacerse público, el pasado 14 de marzo. Rocha, quien recientemente fue excarcelado y permanece con un grillete electrónico en el tobillo, tras su detención en 2024, informó mediante sus redes sociales que el juez José Antonio García Moran le negoció el beneficio al considerar que el jurista y militante de Vente Venezuela se encuentra dentro de los supuestos de exclusión previstos en el artículo 9 de la Ley. “Se ha incurrido en un grave error de interpretación sobre el espíritu y alcance de la ley. Mi empeño por recuperar los derechos para todos seguirán hasta el final”, dijo el jurista. Orlando Moreno, coordinador del Comité de Derechos Humanos de Vente Venezuela, aseguró este 19 de marzo, en una entrevista con Efecto Cocuyo, que hasta ese día al menos a seis dirigentes de ese partido se les ha negado la amnistía. Moreno compartió un listado en el que, además de Rocha, se pudo conocer que también se le le negó la medida a Henry Alviarez, Emil Brand, Mauricio Giampaoli, Gianni González y Tito Livio González. Moreno informó que al menos 26 dirigentes regionales y nacionales del partido de Machado esperan respuesta de los tribunales a sus solicitudes de amnistía. Tampoco se les concedió a los Policías Metropolitanos La amnistía también le fue negada a los funcionarios Erasmo José Bolívar y Luis Enrique Molina Cerrada, luego de que la Sala 1 de la Corte de Apelaciones del estado Aragua declarara improcedente la solicitud en favor de estos funcionarios de la extinta Policía Metropolitana. La boleta de notificación oficial, emitida el pasado 3 de marzo, establece que la instancia judicial se considera incompetente para otorgar este beneficio a los dos hombres, quienes permanecen privados de libertad desde el 19 de abril de 2003 por los sucesos de Puente Llaguno. Los afectados enfrentan una condena por los cargos de homicidio calificado frustrado, lesiones graves y uso indebido de arma de fuego, delitos que el tribunal ratifica bajo el Código Penal vigente al momento de los hechos ocurridos hace más de dos décadas. El documento judicial bloquea así una nueva vía legal para la liberación de los funcionarios, a pesar de que diversas organizaciones civiles han denunciado las irregularidades en la prolongación de su encarcelamiento y el cumplimiento de penas que ya deberían haber expirado. Hermanas Hernández sin amnistía Los tribunales igualmente rechazaron la petición de amnistía y excarcelación para las hermanas Aranza Hernández, de 16 años de edad, y Samantha Hernández, de 19, quienes permanecen detenidas desde hace cuatro meses bajo un patrón de persecución contra familiares de militares. El abogado Eduardo Torres denunció que el sistema de justicia notificó la negativa este 19 de marzo a las 4:26 de la tarde, justo cuando se esperaba que la medida de gracia pusiera fin a una captura que organizaciones de derechos humanos califican de arbitraria. “Juristas del sistema de injusticias negaron nuevamente la libertad”, sentenció Torres, tras informar que la quinta audiencia del caso fue suspendida una vez más. Según la defensa y diversos activistas, la detención de las jóvenes tiene como único objetivo forzar la entrega de su hermano, el teniente del Ejército Cristian Hernández, quien se encuentra en el exilio tras ser acusado de rebelión.