Amnistía en cifras: Datos oficiales sin respaldo y cientos de presos políticos tras las rejas

El gobierno interino de Delcy Rodríguez dice haber dejado en libertad y sin medidas cautelares a 8.146 presos políticos bajo el amparo de la Ley de Amnistía. La última declaración donde se sostiene esta cifra fue dada por Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, el 26 de marzo de 2026, pero en las afueras de algunos centros penitenciarios las familias aún esperan por las liberaciones masivas que se prometieron el 8 de enero. La liberación de las personas privadas de libertad por razones políticas en Venezuela se ofreció por parte de las autoridades chavistas, tras la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores por fuerzas estadounidenses, como un nuevo «momento político», pero la realidad es que en las cárceles del país aún hay centenares detenidos de conciencia. Presos políticos de la tercera edad, enfermos, militares y mujeres presas políticas tienen la esperanza de ser beneficiarios con la Ley de Amnistía, que se ha dado a cuentagotas tras las máximas presiones internacionales y de los familiares de los detenidos arbitrariamente que no cesan en su lucha. Guerra de cifras Según el gobierno de Venezuela, de las 8.146 excarcelaciones, 7.836 personas fueron sometidas a medidas cautelares como la presentación ante un tribunal de control cada 15 o 30 días, mientras que 310 estaban bajo la privación de libertad. La organización no gubernamental Foro Penal tiene contabilizadas 11.000 personas sujetas a procesos judiciales por razones políticas, mientras que para este 3 de abril 490 siguen privadas de libertad. Entre ellos 44 extranjeros o ciudadanos con doble nacionalidad, 303 de los detenidos son civiles y 187 militares. Por su parte, la ONG Justicia Encuentro y Perdón (JEP) solo ha podido verificar la excarcelación de 709 prisioneros políticos en lo que va de este año, de los cuales 250 ocurrieron tras la aprobación de la ley el 19 de febrero de 2026. La cifra compartida por la JEP de los liberados tras la promulgación de la amnistía corresponde a las personas que estaban privadas de su libertad. La oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos informó que, tras auditar las boletas de notificación y sobreseimientos efectivos, solo pudo certificar la resolución plena de 950 expedientes. Advierten que el resto de la cifra oficial corresponde a «anuncios administrativos sin ejecución procesal verificable». “Según las autoridades, unas 7.700 personas han sido liberadas incondicionalmente en virtud de la ley. Mi Oficina ha solicitado la lista oficial de las personas liberadas, así como acceso sin restricciones a varios centros de detención, hasta ahora sin éxito. Insto a una mayor transparencia respecto a la liberación de los detenidos”, dijo el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, el 17 de marzo durante su actuación oral ante el Consejo de Derechos Humanos. Los tres primeros meses del año 2026 han transcurrido bajo incertidumbre. En el especial #90DíasSinMaduro Efecto Cocuyo presenta la amnistía en datos, una legislación que buscaba la reconciliación, pero que sigue esperando a cientos de familias y excluyendo a un gran número de casos. No publicar el listado es una práctica habitual Para las ONG defensoras de los derechos humanos de los presos políticos el suministro de información por parte de las autoridades del Estado no solo es escasa, también corresponde a las prácticas habituales que impiden la verificación a través de terceros para contrastar la narrativa oficial. Gabriela Buada, coordinadora general de la ONG Caleidoscopio Humano, en una entrevista con Efecto Cocuyo, advierte que se trata de un proceso viciado donde no existen garantías de transparencia. “Hablar del tema de los presos políticos de una amnistía que en realidad no hay ningún indicio de que te asegure que es un proceso limpio, que es un proceso justo. Es para una especie de lavado de cara o para imponer una narrativa de que esto está funcionando”, agregó. A pesar de la narrativa oficial de reconciliación y la promulgación de una Ley de Amnistía, las organizaciones defensoras de derechos humanos denuncian que el sistema de justicia sigue operando bajo una lógica de comunicación política y lavado de cara. La aplicación de la Ley de Amnistía también enfrenta varias trabas judiciales, caracterizadas por la selectividad, negativa a entregar boletas de notificación y dilaciones indebidas por parte de los tribunales. Organizaciones denuncian que estas prácticas impiden la apelación de decisiones y excluyen casos bajo criterios políticos, lo que convierte la norma en un instrumento limitado Cifras sin verificar Martha Tineo, coordinadora de la organización Justicia Encuentro y Perdón, señaló a Efecto Cocuyo que el 8 de enero, cuando se anunció el inicio de las liberaciones, la organización tenía documentados 1.011 presos políticos. Desde esa fecha hasta la presente, se ha verificado la salida de prisión de más de 709 personas. “En la medida que restamos, también sumamos”, advierte Tineo. El proceso de apertura provocó que cientos de familias, antes silenciadas por el miedo o el chantaje, denunciaran casos antiguos. La base de datos de la organización registra 679 presos políticos que permanecen tras las rejas, hasta este 1 de abril de 2026. «Si sumamos los que salieron y los que quedan, hablamos de más de 1.300 víctimas identificadas. El subregistro era enorme», añadió. Comisionado lo advirtió: “Muchos venezolanos siguen detenidos arbitrariamente, entre ellos personas con discapacidad y con condiciones de salud críticas, personas mayores y al menos un niño. El espacio cívico sigue restringido. Años de represión han generado miedo a expresarse”. María Eloísa Quintero, miembro de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela, durante la actualización oral sobre Venezuela en el 61° período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU sostuvo que no hay datos ciertos y únicos sobre la identidad y el número de los designados presos políticos. “Las cifras oficiales sobre las personas encarceladas y excarceladas son problemáticas y no pueden ser corroboradas”, afirmó. El 23 de enero de 2026, Delcy Rodríguez cifró el número de personas excarceladas en 626, mientras que las organizaciones no gubernamentales estiman que el número era significativamente menor. Para las ONG, las cifras gubernamentales son engañosas porque mezclan a quienes reciben libertad plena con aquellos que solo obtuvieron una excarcelación con medidas cautelares (prohibición de salida del país y periódica). Estas personas siguen judicializadas, es decir, no son libres, sino que su prisión se ha trasladado a los límites. de las fronteras nacionales «Mientras el Gobierno dice que está vaciando las cárceles, nosotros estamos llenando expedientes nuevos», señala Buada calificó la gestión actual como una extensión de las prácticas de las últimas décadas. «La amnistía no ha sido aplicada de manera efectiva. Es un proceso viciado, un circo al que estamos acostumbrados», asegura que el uso de puertas políticas es funcional para el gobierno. a unos para bajar la tensión, mientras encarcela a otros para mantener sus cuotas de negociación. Señaló que casos emblemáticos como la negativa de amnistía a Perkins Rocha, al defensor de DD.HH. ignora la ley, Encuentro y Perdón registra al menos 51 presos políticos con enfermedades crónicas o en fase terminal que no han sido liberados «Sigue habiendo adolescentes presos, como el caso de una joven detenida sólo por ser la cuñada de un militar disidente», explica Gabriela Buada “Tenemos a más de 600”. prisioneros políticos al día de hoy, por lo que hemos insistido en que, lamentablemente, todo este proceso de excarcelación, y luego la aprobación de la Ley de Amnistía, tiene más que ver con una reacción a la máxima presión externa que respecto de la situación de los presos políticos. El absoluto abuso y arbitrariedad en el ejercicio del poder sigue”, sostiene Tineo.