La inclusión del presidente Gustavo Petro en la «lista Clinton», el registro de sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, genera ya repercusiones concretas en la movilidad oficial del mandatario.
Durante una escalada en Madrid en su viaje hacia Oriente Medio, el avión presidencial colombiano se enfrentó a una negativa de compañías privadas para cargar combustible, un incidente que se atribuyó directamente a las restricciones impuestas el 24 de octubre.
El episodio ocurrió el martes pasado, cuando la aeronave Boeing 787, bautizada como «Bolívar», aterrizó en el aeropuerto de Barajas para una parada técnica. Fuentes cercanas al gobierno español revelan que las aerolíneas de servicio civil rechazan la solicitud de repostaje por temor a violar las normas de la Ofac, que prohíben transacciones con personas o entidades sancionadas por presuntos nexos con el narcotráfico.
«La inclusión de Petro, su esposa Verónica Alcocer, su hijo Nicolás Petro Burgos y el ministro del Interior Armando Benedetti en la lista activó alertas inmediatas en el sector privado», explica un analista en relaciones internacionales consultado por El Tiempo de Bogotá.
Ante la situación, las autoridades colombianas solicitaron intervención del gobierno anfitrión. El avión se transfirió a una base militar española, donde personal de la Fuerza Aérea ibérica suministró el combustible necesario. El traslado demoró tres horas y obligó a reprogramar la agenda de Petro en Dubái, su destino final.
El presidente minimizó el suceso en su cuenta de X: «Las sanciones buscan aislar, pero Colombia avanza con soberanía. No congelen nuestra voluntad de cambio».
La Lista Clinton, creada en 1995 durante la administración de Bill Clinton para combatir el lavado de activos y el narcotráfico, impone un bloqueo total de bienes en territorio estadounidense y prohíbe cualquier operación financiera con los designados.
Expertos advierten que esta medida no solo afecta al jefe de Estado –quien asegura no poseer cuentas en EE.UU.– sino al país entero: bancos internacionales podrían congelar pagos relacionados con viajes oficiales, y proveedores globales dudarán en prestar servicios a la flota presidencial.
