Caso atentado a la AMIA: Jueces dan luz verde a juicio en rebeldía contra sospechosos

La Sala I de la Corte Federal de Apelaciones, con los votos de los jueces Mariano Llorens y Martín Irurzun, anuló una decisión del juez Daniel Rafecas y ordenó la aplicación del juicio en ausencia para procesar a los imputados por el atentado con bomba de 1994 contra la casa comunitaria judía AMIA que permanecen prófugos de la justicia argentina. Sebastián Basso, el fiscal del caso, había solicitado que los sospechosos iraníes y libaneses acusados ​​del atentado con coche bomba fueran llevados a juicio. Rafecas rechazó la solicitud, argumentando que no había sentencia judicial firme al respecto. Sin embargo, en decisión emitida el jueves pasado -reportada por Perfil- el tribunal acogió el pedido de Basso. En el fallo impugnado por Basso, el juez Rafecas había señalado que la decisión que establece la aplicación del juicio en rebeldía estaba pendiente de decisión del Tribunal de Casación Penal y que “el efecto suspensivo permanece vigente hasta que se resuelva el recurso de apelación”. El fiscal Basso apeló el fallo de Rafecas alegando que “las leyes aprobadas por el Congreso entran en vigor de forma inmediata”. “Es contradictorio permitir que la defensa pública actúe en nombre de los prófugos y al mismo tiempo suspender las diligencias que la misma ley autoriza”, argumentó. La ley argentina que rige los juicios en rebeldía es la Ley 27.784, aprobada por el Congreso el año pasado. Durante una sesión celebrada en febrero del año pasado, el Senado lo aprobó por 45 votos contra 22 y ninguna abstención. La iniciativa recibió el apoyo de las bancadas de La Libertad Avanza (LLA), PRO, la Unión Cívica Radical (UCR), Provincias Unidas y un sector del peronismo. Los señalados y acusados ​​en el juicio en rebeldía son Alí Fallahijan, Ali Akbar Velayati, Moshen Rezai, Ahmad Vahidi, Hadi Soleimanpour, Ahmad Reza Ashari o Mohsen Randjbaran, Mohsen Rabbani, Salman Rauf Salman, Abdallah Salman y Hussein Mounir Mouzannar, todos prófugos de la justicia argentina. En el fallo del jueves, la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones argumentó que el hecho de que “existan recursos aún pendientes de resolución” ante el Tribunal de Casación Penal “no impide la continuación del proceso a medida que el caso avanza hacia el juicio”. Llorens e Irurzun subrayaron “la necesidad de agilizar el expediente mediante diligencias que eliminen las barreras formales que distancian el conflicto de la esperada respuesta judicial”. A su juicio, Llorens afirmó que en un fallo anterior en el mismo caso había hablado “de la necesidad de garantizar a las víctimas, a sus familiares y a la comunidad en general su derecho a la verdad, gravemente vulnerado en un contexto marcado por mecanismos infructuosos e ineficaces para esclarecer los hechos y sancionar a los responsables”. El juez destacó que “la extrema gravedad de la atrocidad exige una respuesta adecuada y eficaz por parte de las autoridades judiciales”. “No se puede pasar por alto que han pasado más de 30 años del atentado a la sede de la AMIA y este deber del Estado aún no se ha cumplido”, afirmó. “De esta manera, la legislación promulgada a nivel interno surge como el instrumento jurídico capaz de permitir finalmente el esclarecimiento pleno de los hechos para que efectivamente se logre la determinación de la verdad. Por lo tanto, detener la continuación del caso en este contexto diluiría los objetivos de la ley y, al mismo tiempo, sustentaría la paradoja de que quienes estamos llamados a aplicar un mecanismo creado en busca de la verdad y la justicia terminamos retrasando el logro de ese mismo objetivo”, escribió Llorens.