Cierre de oficina del CPI en Venezuela demuestra falta de voluntad del Estado, afirma ONG Justicia, Encuentro y Perdón

La ONG Justicia, Encuentro y Perdón, enfocada en la defensa de derechos humanos, declaró este lunes que el cierre de la oficina técnica de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) en Caracas confirma «la falta de voluntad del Estado venezolano» para asumir los compromisos necesarios para «superar la impunidad estructural» en el país. En un mensaje publicado en X, la organización afirmó que el cierre de la oficina «deja al descubierto, una vez más, el incumplimiento reiterado de obligaciones internacionales por parte del Estado y la permanencia de un patrón de impunidad».«El Estado venezolano no solo enfrenta severas deficiencias institucionales, sino que muchas de sus máximas autoridades están señaladas como partícipes o responsables directos en los hechos investigados», señaló la ONG.#ATENCIÓN La decisión anunciada por la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) de cerrar su oficina de asistencia técnica en Venezuela constituye un hecho de profunda relevancia para la defensa de los derechos humanos y para el escrutinio internacional sobre la grave… https://t.co/F3L0C92S2Y— Justicia, Encuentro y Perdón (@JEPvzla) 1 de diciembre de 2025 En este sentido, agregó que «pretender que estas mismas instituciones impulsaran reformas genuinas para garantizar verdad, justicia y reparación resultaba, desde un inicio, incompatible con la realidad del país». Un juicio de la organización, la decisión del cierre de la oficina técnica «no representa un retroceso en la investigación por crímenes de lesa humanidad» sino que, por el contrario, «ratifica que solo a través de su intervención puede garantizarse algún avance real, dada la ausencia de mecanismos internos efectivos». La Fiscalía de la CPI anunció este lunes que cerrará su oficina en Caracas por la falta de «progreso real» con Venezuela en materia de «complementariedad», el principio que exige al país investigar seriamente los crímenes de los que se le acusa antes de que intervenga este tribunal.Sin embargo, la investigación sobre los presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela «permanece activa» y dirigida por un equipo de fiscales que seguirá trabajando desde La Haya.Justicia, Encuentro y Perdón ha denunciado que la persecución en Venezuela «no se limita a actores políticos», sino que incluye también a «profesionales, ciudadanos y activistas». La ONG reportaba, hasta el 19 de noviembre, 1.080 presos políticos en el país, 177 mujeres y 903 hombres, incluyendo 42 extranjeros y 50 venezolanos con doble nacionalidad.