Cofavic y OVP exigen investigación transparente y destitución de ministro penitenciario tras la muerte de Víctor Hugo Quero

Organizaciones no gubernamentales exigen al Estado la destitución inmediata del ministro para el Servicio Penitenciario, Julio García Zerpa, y exigen que los familiares de Víctor Hugo Quero Navas tengan acceso pleno a todos los procesos de investigación por su muerte. El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) y Cofavic lideraron las peticiones tras la confirmación oficial de la muerte del preso político, ocurrida hace casi diez meses. “Exigimos la destitución inmediata del ministro para el Servicio Penitenciario, Julio García Zerpa, y una investigación contra todos los funcionarios involucrados en la desaparición forzada, ocultamiento de información y muerte bajo custodia de Víctor Hugo Quero Navas”, publicó la OVP en la red social X. La organización denunció una “cadena de complicidades” que el Gobierno encubre. Por su parte, Cofavic consideró “fundamental” que los familiares acceden plenamente a la investigación y subrayó que el caso revela “el impacto devastador del ocultamiento de información y la negación sistemática del derecho de las familias a saber la verdad”. Carmen Teresa Navas, madre de Quero y de 81 años, buscó durante 16 meses información sobre su hijo. Recorrió cárceles, hospitales, tribunales y oficinas públicas, pero solo recibió silencio o negación. El Gobierno confirmó su muerte este jueves, aunque el deceso ocurrió el 24 de julio de 2025. Según el Ministerio para el Servicio Penitenciario, Quero permaneció recluido en la cárcel El Rodeo I desde el 3 de enero de 2025. El 15 de julio lo trasladaron a un hospital por hemorragia digestiva superior y síndrome febril agudo. Falleció por insuficiencia respiratoria aguda secundaria a tromboembolismo pulmonar. El ministerio argumentó que, ante la ausencia de familiares, procedió a su inhumación el 30 de julio de 2025. Cofavic rechazó esta versión y la calificó como “una nueva violación a los derechos humanos” y “una revictimización inaceptable”. “No puede normalizarse que una madre busque durante meses información sobre su hijo sin recibir respuesta por parte de las autoridades”, afirmó la organización. Por su parte, el abogado y profesor de Derecho Penal Alberto Arteaga Sánchez señaló que “el Fiscal General tiene el compromiso ineludible de investigar con absoluta transparencia la muerte de un ciudadano bajo la protección del Estado”. Asimismo, Arteaga enfatizó que “la colectividad tiene derecho a conocer la verdad sobre la privación de la libertad y la muerte de Víctor Hugo Quero”. Estas declaraciones se suman a los reclamos de las ONG, que exigen que la investigación no solo esclarezca las circunstancias del fallecimiento, sino también las responsabilidades por la desaparición forzada y el ocultamiento de información durante casi diez meses. Con información de EFE