Colegio de Abogados de Lima pide derogar decreto que privatiza Petroperú: “Carece de sustento legal”

Más voces. Al pronunciamiento del Colegio de Ingenieros del Perú (CIP), se sumó ahora el Colegio de Abogados de Lima (CAL), que expresó su preocupación por la promulgación del decreto de urgencia N° 010-2025, norma que establece medidas que allanan la privatización de Petroperú, y frente a la cual, el gremio exige su derogación en línea con los 12 proyectos de ley que hay en el Congreso. Escucha la noticiaTexto convertido en audioInteligencia ArtificialÚnete a nuestro canal de política y economía A través de un pronunciamiento público, el colegiado sostuvo que el decreto “carece de sustento constitucional y legal”, al no haber acreditado una situación extraordinaria e imprevisible que justifique su emisión, conforme a lo establecido en el artículo 118°, inciso 19, de la Constitución Política del Perú. TE RECOMENDAMOS ¿ES SÓLIDA LA ECONOMÍA PERUANA? EL OPTIMISMO DEL MEF BAJO LA LUPA | ECONOW CON EDUARDO RECOBA En diálogo con La República, el decano del CAL, Raúl Canelo Rabanal, señaló que la norma no se sostiene en la medida en que la situación financiera de Petroperú ha sido previsible y conocida desde hace años, y que sus activos respaldan cualquier proceso de reorganización patrimonial. “Sí es una privatización encubierta. Están usando recursos públicos, incluidos fondos de electrificación rural, para entregárselos a ProInversión y ahí hay una situación de ilegalidad. Esto es un peculado gigantesco y no se ha tomado en consideración las deudas que el Estado mantiene con Petroperú, como el abastecimiento de combustibles a las Fuerzas Armadas”, apuntó. Dicho artículo de la Carta Magna establece que el presidente de la República puede “dictar extraordinarias, mediante decretos de urgencia con fuerza de ley, en medidas económicas y financieras, cuando así lo requiere el interés nacional y con cargo de dar cuenta al Congreso”, precisando además que el Parlamento puede modificar o derogar los referidos decretos. El gremio recordó que Petroperú cumple un rol estratégico para el país, similar al de las empresas estatales de hidrocarburos en países como Argentina (Yacimientos Petrolíferos Fiscales), Chile (Empresa Nacional del Petróleo) y Ecuador (Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador), al garantizar el abastecimiento y la distribución de combustibles en todo el país, incluso en zonas donde el sector privado no opera. En esa línea, se destacó que la empresa estatal contribuye a la estabilidad del mercado, la seguridad energética y la soberanía nacional. La Junta Directiva del CAL indicó que Petroperú ha cumplido históricamente una función fundamental en el suministro de combustibles durante situaciones de emergencia nacional, como desastres naturales, acciones de apoyo cívico y operaciones vinculadas a las Fuerzas Armadas. En el pronunciamiento se precisa además que los activos de Petroperú ascienden a US$10,031 millones, mientras que su nivel de endeudamiento se estima en S/6,603 millones, cifras que, según el gremio, deben ser evaluadas con responsabilidad y transparencia en cualquier proceso de reorganización patrimonial. Raúl Canelo señaló a este diario que como salida debe haber un estudio de una empresa internacional para analizar cómo mejorar la situación de Petroperú teniendo activos importantes. “Creo que es necesario reforzar la empresa, pero no desaparecerla. Petroperu da servicios de abstecimiento a zonas alejadas, donde el privado no llega, y coadyuva al equilibrio de los precios”, apuntó a este diario. Refinería de Talara en la mira: el DU que encarga a privados Otro de los puntos críticos señalados por el CAL es que el decreto de urgencia pretende habilitar la transferencia de activos patrimoniales mediante la intervención de ProInversión, lo que, como han advertido diversos especialistas, abre el camino a la cesión o privatización de activos estratégicos de la empresa estatal. Tal como lo adelantó ProInversión la semana pasada, la Refinería de Talara sería el primer activo en ser entregado al sector privado en junio, antes del cambio de Gobierno vía elecciones. “Preocupa que el referido Decreto de Urgencia pretende habilitar la transferencia de activos patrimoniales mediante intervención de ProInversión”, advierte el documento. Además, el gremio cuestionó que el decreto disponga la transferencia de recursos presupuestales, incluidos fondos destinados a electrificación rural, para fines ajenos a su naturaleza, como el término de relaciones laborales, lo que podría vulnerar derechos constitucionales fundamentales. Según la CAL, estas medidas podrían vulnerar los artículos 22° y 23° de la Constitución, referidos a la protección del trabajo y los derechos fundamentales de los trabajadores. El pronunciamiento también alerta sobre las consecuencias sociales de estas decisiones, al anunciar que las medidas contempladas en el decreto de urgencia podrían afectar la continuidad del servicio de distribución de hidrocarburos en zonas vulnerables del país y reducir los recursos clave destinados a cerrar brechas históricas de acceso a la energía. “Estas medidas podrían impactar negativamente en la continuidad del servicio de distribución de hidrocarburos en zonas vulnerables del país”, señala el CAL, advirtiendo una posible afectación directa a comunidades rurales que dependen del rol estatal para acceder a energía. Finalmente, el Colegio de Abogados de Lima reafirmó su compromiso con la defensa del Estado Constitucional de Derecho y anunció que se mantendrá vigilante frente a decisiones que se adopten al margen de la legalidad y del respeto irrestricto a la Constitución. Colegio de Ingenieros critica idoneidad de Proinversión Recordemos que el Colegio de Ingenieros del Perú criticó que “Proinversión no tiene especialidad en la conducción de procesos que requieren conocimiento profundo en ingeniería, refinación, gestión de riesgos y seguridad industrial”, advirtiendo que una lógica similar a la de concesiones puede comprometer la sostenibilidad operativa de Petroperú. En esa línea, José Luis Saavedra Távara, secretario general del Sindicato de Trabajadores Administrativos de Petróleos del Perú (STAPP), señaló que los pronunciamientos de dos de las principales instituciones profesionales del país “fortalecen la posición de los trabajadores y de la ciudadanía que defienden a Petroperú como activo estratégico del Estado”. Dicho respaldo contribuye a exigir transparencia, criterios técnicos verificables y respeto a la institucionalidad en cualquier medida vinculada a la reorganización de la empresa. José Jerí abre diálogo con sindicatos de Petroperú Según pudo conocer La República, la noche del último miércoles, un día después de la movilización nacional, dirigentes sindicales de Petroperú sostuvieron una reunión con el presidente José Jerí, en el marco del decreto de urgencia que privatiza a la petrolera, en el que estuvo presente también el ministro de Trabajo Óscar Fernández. Jerí manifestó que tendría que escuchar a sus ministros y pidió a los trabajadores llevar un equipo técnico para sustentar cómo se venía desarrollando la empresa hasta octubre de 2025. Después de las sustentaciones de ambos lados sacará las conclusiones correspondientes. Un día antes, los dirigentes sindicales fueron recibidos por la ministra de Economía, Denisse Miralles, y su equipo técnico. Durante ese encuentro, el titular del MEF mantuvo una posición intransigente, señalando que el decreto de urgencia “va porque va”, sin abrir la posibilidad de una revisión. El presidente informó que se realizará una nueva reunión para continuar con la evaluación del tema. Esta había sido prevista inicialmente para el viernes hoy; Sin embargo, la Presidencia del Consejo de Ministros comunicó posteriormente que, por solicitud del propio mandatario, el encuentro fue reprogramado para este martes 27 de enero.