Comisión de la AN dice que 7.227 personas han sido beneficiadas por la Ley de Amnistía

El número de ciudadanos beneficiarios con la aplicación de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática aumentó a 7.727, según informó este jueves el diputado Jorge Arreaza (Psuv) desde el Palacio Federal Legislativo. Durante una declaración ante los medios, Arreaza detalló que esta cifra «refleja el avance en la ejecución de la norma, gracias a la coordinación entre el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y los demás órganos del sistema de justicia», dijo. Sin embargo, organizaciones independientes como el Foro Penal cuestionan fuertemente estas cifras y señalan que el proceso avanza de forma irregular y excluyente. Durante la presentación del balance técnico, el diputado detalló que la instancia parlamentaria, tras una depuración de los datos, detectó que 2.831 registros estaban duplicados, por haber ingresado por distintas vías, como la Defensa Pública, el Ministerio Público o gestiones familiares. Precisó que de las 7.727 libertades plenas otorgadas, 7.474 corresponden a personas que se encontraban con medidas cautelares en libertad, y ahora gozan de la extinción total de la causa.Asimismo, resaltó que 253 ciudadanos que permanecían en centros de reclusión obtuvieron su libertad inmediata, lo que representa que 80% de las solicitudes válidas han recibido respuesta favorable, por parte del Estado venezolano. Indicó que un grupo de 1.460 casos no califica para el beneficio, por tratarse de delitos comunes o faltas graves excluidas en el texto legal, aunque aclaró que 116 personas pertenecientes a este renglón recibieron medidas sustitutivas de privación de libertad por recomendación directa de la Comisión de Seguimiento de la Ley de Amnistía. Puntualizó que 539 expedientes adicionales se mantienen bajo una fase de estudio riguroso, para determinar su procedencia en los próximos días. Según el último informe de Foro Penal (difundido este mismo día), desde el 8 de enero de 2026 se han registrado 673 excarcelaciones de presos políticos —de las cuales solo 166 se han producido efectivamente bajo esta ley de amnistía—. La ONG mantiene que aún permanecen 508 presos políticos en cárceles venezolanas, además de un número indeterminado de detenciones arbitrarias en verificación. Expertos de la ONU y otras instancias internacionales han criticado la norma por su alcance “arbitrariamente restrictivo”: excluye a cientos de detenidos —especialmente militares, exmilitares y civiles acusados ​​de “acciones armadas contra la soberanía”—, no contempla investigaciones independientes sobre violaciones de derechos humanos, ignora la responsabilidad del Estado y deja sin reparación efectiva a las víctimas de la represión. La ley, promulgada el 19 de febrero de 2026, cubre delitos políticos o conexos ocurridos entre 1999 y el 30 de enero de 2026, limitadas a 13 episodios específicos de protestas y crisis políticas. Aunque el oficialismo la presenta como un paso hacia la “paz y reconciliación”, los defensores de derechos humanos la consideran una medida parcial y selectiva que no desmantela el sistema de persecución judicial ni garantiza la liberación de todos los presos de conciencia. Familiares y abogados de detenidos continúan denunciando retrasos en los tribunales, aplicación inconsistente de la norma y, en algunos casos, cobros irregulares para agilizar trámites. Casos emblemáticos como los de Perkins Rocha, Roland Carreño y otros opositores siguen sin resolución definitiva pese al plazo de 15 días establecido en la propia ley. Hasta ahora no se ha publicado una lista oficial y verificable de beneficiarios por parte del Estado, lo que genera dudas sobre la transparencia del proceso.