El presidente de la comisión especial que hace seguimiento a la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, Jorge Arreaza (Psuv), declaró desde el Palacio Legislativo que se han otorgado a la fecha 6.071 libertades plenas para presos políticos de todo el país. Tras una reunión de la instancia creada a partir de la sanción de la ley, para hacer un balance de la aplicación de la normativa, este martes 3 de marzo el excanciller detalló que, del total de liberaciones, 5.826 eran ciudadanos que ya se encontraban excarcelados con medidas cautelares de presentación, ahora con libertad plena. La medida también fue otorgada a 245 personas que continuaron encarceladas. El diputado del Psuv se enfatizó en que se le da el tratamiento adecuado a cada caso evaluado para otorgar el perdón, escuchando a las partes involucradas. Ningún exiliado ha pedido amnistía “Hemos logrado que no se generen cuellos de botella en un proceso que ha sido masivo de recepción de solicitudes para optar por el beneficio de la amnistía. Hemos recibido hasta el día de hoy 9.419 solicitudes, la mayoría relacionadas con los hechos postelectorales (2024). Estamos depurando esos datos. Defensores también han presentado casos que no se corresponden con el artículo 8 de la ley (13 eventos), por lo que hacemos un trabajo de articulación con el sistema judicial y la Comisión de Política Interior”, dijo Arreaza. Acotó que los casos restantes no implican que han sido rechazadas las solicitudes sino que están siendo evaluadas y han constatado que un número son peticiones sobre los mismos casos (repetidas). Añadió que algunos casos rechazados han ido a apelación, por lo que el número exacto se sabrá en los próximos días. Otros, mencionados, corresponden a delitos excluidos como el abuso sexual y la corrupción. Entre los casos a evaluar, no contemplados en la normativa, mencionaron los de carácter laboral por sus “vínculos con momentos políticos”. En cuanto a los exiliados, Arreaza aseguró que ningún apoderado legal de políticos fuera del país, registrados en la base de datos, ha solicitado amnistía. “Sin embargo, sabemos que hay quienes tienen la voluntad de hacerlo y sus casos serán estudiados para darles la oportunidad de volver al país y ejercer la política por las vías pacíficas y constitucionales”, expresó. Arreaza admitió que la Ley de Amnistía no traerá paz al país por sí sola, pero es un “aporte” porque se “escuchó” a las víctimas, madres y demás familiares de los privados de libertad, académicos y ONG defensoras de DDHH. “Gracias a la redacción y aprobación de esta ley, se ha rescatado la interlocución y eso debemos cuidarlo. En este momento político debemos escucharnos, darnos la cara, vernos y plantear nuestras propuestas de país con las diferencias que podamos tener, poniendo por encima la República”, enfatizó. Militares excarceladosArreaza destacó además las medidas de excarcelación, del pasado viernes 27 de febrero, para 31 militares involucrados en diferentes hechos de “confrontación con las instituciones del Estado”, con la aclaratoria de que la Ley de Amnistía no ampara la rebelión militar y que se procede con “cautela” en estos casos. Subrayó que, en tales casos, es la justicia castrense la que actúa “a su ritmo” y se ha procurado celeridad. Recordó que, de acuerdo con la ley, los 15 días para dar respuesta a las solicitudes cuentan desde el primer día en que se solicita la amnistía. Arreaza también reiteró que quienes han pedido agresiones e invasiones extranjeras contra Venezuela están excluidos de la amnistía, según el artículo 9. Sin embargo, los informes de las ONG que trabajan con los casos de los presos políticos siguen contradiciendo las cifras oficiales. Entre el 8 de enero y el 20 de febrero, la ONG Justicia, Encuentro y Perdón, ha verificado 459 excarcelaciones de presos políticos. Posterior a la sanción y promulgación de la ley de Amnistía (a partir del 20 de febrero), han confirmado 144 liberaciones, para un total de 603 liberaciones. La ONG advirtió que 759 personas permanecen privadas de libertad por motivos políticos. Por su parte, Foro Penal reporta a la fecha 621 presos políticos excarcelados desde el 8 de enero de 2026. No habrá nuevas reuniones con familiares“Ojalá esta sea la última Ley de Amnistía en mucho tiempo porque tendremos estabilidad, paz, convivencia democrática, que son los grandes objetivos de la ley”, acotó Arreaza. Sin embargo, recordó que el artículo 16 de la normativa señala que las personas beneficiadas por el perdón, que resulten incursas en delitos cometidos con posterioridad a su entrada en vigencia, serán procesadas de conformidad con la legislación aplicable. El Comité de Madres en Defensa de la Verdad denunció irregularidades en la implementación de la Ley de Amnistía en Venezuela. Según un comunicado emitido este 3 de marzo, los tribunales primero, segundo y tercero con competencia en juicio para casos vinculados a delitos asociados al terrorismo exigen a familiares de beneficiarios pagos en dólares en efectivo, resmas de papel y cajas de bolígrafos como requisito para notificación la decisión de amnistía y entrega copia certificada del fallo.Sobre los familiares que siguen protestando para que los presos políticos aún encarcelados sean tomados en cuenta y pese a que momentos antes realizaron el «rescate» de la interlocución, al ser Consultado sobre las protestas, Arreaza dijo que ya el proceso de escuchar a los familiares para la redacción de la Ley de Amnistía ya pasó.




